La Suprema Corte de Justicia desechó hoy por improcedente un impedimento planteado por el Gobierno de Chihuahua en contra del ministro Eduardo Medina Mora, con el que se pretende que no siga como encargado de tramitar una controversia constitucional del Ejecutivo federal.
En dicha controversia, el Ejecutivo impugnó posibles investigaciones penales de Chihuahua contra funcionarios federales, derivadas del caso del exsecretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez.
El 29 de octubre, en una decisión sorpresiva, Medina Mora admitió a trámite la demanda del Ejecutivo federal y concedió una suspensión que impide a autoridades de Chihuahua, por el momento, presentar cargos penales contra el Presidente Enrique Peña Nieto, su gabinete y otros funcionarios federales en funciones.
El Gobierno de Chihuahua presentó este lunes el impedimento, alegando que Medina Mora tiene una “íntima amistad” con Peña Nieto, amén de que fue su empleado en diversos cargos.
“Es improcedente el impedimento planteado por el Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, por conducto del Titular de la Consejería Jurídica del Gobierno, en la controversia constitucional 183/2018 y, por ende, debe desecharse de plano”, notificó hace unos minutos la Presidencia de la Corte.
El acuerdo completo de desechamiento no ha sido publicado, por lo que se desconoce su fundamento legal.
El impedimento tenía pocas posibilidades de prosperar, aún si hubiera sido admitido, pues la amistad con una persona tiene que ser manifestada por los propios juzgadores como una pausa para excusarse de conocer de un asunto.
Chihuahua puede impugnar el desechamiento mediante recurso de reclamación, como ya hizo para cuestionar la admisión de la controversia y la suspensión que otorgó Medina Mora.
Todas estas reclamaciones, sin embargo, serán resueltas hasta 2019, cuando Peña Nieto y la mayoría de sus funcionarios ya no estarán en el Gobierno.
Medina Mora otorgó la suspensión por considerar que, en el caso de las acusaciones por peculado contra Gutiérrez, ya hay sentencia firme de un tribunal colegiado de circuito, que estableció que los presuntos delitos son de competencia federal.
Cuando esa sentencia fue dictada, el gobernador Javier Corral criticó duramente al tribunal, por lo que el presidente de la Corte, Luis María Aguilar, salió en defensa de los magistrados.
El Ejecutivo federal incluso impugna en su controversia la constitucionalidad de un artículo del Código Nacional de Procedimientos Penales, que pareciera facultar a autoridades estatales para indagar a funcionarios federales, pero ese tema y otros de la controversia sólo serán resueltos por la Corte si la Administración de Andrés Manuel López Obrador no se desiste de la controversia.
Fuente: Reforma
