Por Pablo Gómez
Un concepto de desarrollo ligado al bienestar de la gente se abre paso por todas partes luego de que el criterio sustentado en el ritmo de crecimiento, el cual se expresa fríamente en el PIB, es cada vez de menor interés político…
Más de medio mundo sufre un parón sanitario de la producción, el comercio y los servicios, como consecuencia del cual se está reduciendo el tamaño de la economía expresado a través del Producto Interno Bruto (PIB). Se dice que es la mayor recesión desde 1929-32. Sí, tal vez, bajo el punto de vista del valor monetario de los bienes y servicios finales producidos durante el tiempo que ha durado el actual parón, pero difícilmente éste se prolongará tres años.
El PIB fue formulado como gran indicador luego precisamente de la crisis 1929-32 por Simon Kuznets (USA), quien años después afirmaba que esa medición del crecimiento económico no era suficiente para apreciar el bienestar de una sociedad. El PIB per cápita, que es el cociente de la división entre éste y el número de habitantes, tampoco indica la manera en que se encuentra distribuido el ingreso monetario y mucho menos el acceso social efectivo a los elementos básicos del bienestar.
Para conocer la economía de un país se requiere tener en cuenta las diferencias entre cantidad y calidad del crecimiento, así como su dirección en términos sociales. En otras palabras, el objetivo hoy dominante en el mundo de tener siempre más crecimiento debería a cada paso señalar de qué y para qué.
Algunos periodistas radiofónicos de Ciudad Juárez me increparon hace unos días, entre muchos otros temas, sobre el desdén que pronunció López Obrador hacia el PIB como estandarte del progreso. Es claro que el gobierno actual y cualquier otro seguirán midiendo el Producto Interno Bruto como en todo el mundo, o casi, pero otra cosa es creer que el PIB sea parámetro de la justicia social y el PIB per cápita sea la medida del bienestar de la gente.
Además, el PIB no es el ojo de Dios. No mide la “economía sumergida” no legal, como tampoco se refiere al trabajo en el hogar que no está monetizado. En países como México esas no son porciones despreciables.
Los datos de concentración del ingreso y acumulación de riqueza privada se consideran derivados del gran cálculo del PIB, sin embargo, para ambas mediciones se requieren métodos propios pues son otra cosa. Además, no sólo las recesiones son las que han incrementado el número de pobres. Crecimiento del PIB se ha dado a la par de agravamiento de la estratificación social, incluso de mayor pobreza por ingreso.
La esperanza de vida, la educación y la vivienda en términos de cantidad y calidad no son elementos del PIB y, lo peor, no necesariamente existe una correlación lineal entre éste y aquéllas.
Han surgido otras formas de estudiar la realidad social y habrá otras. En este tema tiene lugar una animada discusión. Ya existen varios índices alternativos. Las encuestas de ingreso-gasto de las familias se siguen haciendo. Los debates sobre cómo medir la pobreza y evaluar la política social son interesantes y útiles. En todo esto, el PIB ayuda poco.
Un concepto de desarrollo ligado al bienestar de la gente se abre paso por todas partes luego de que el criterio sustentado en el ritmo de crecimiento, el cual se expresa fríamente en el PIB, es cada vez de menor interés político, aunque sigue dominando como método de comparación entre años sucesivos de cada país y con los demás países.
Por lo pronto, se sabe de sobra que el PIB mexicano va a disminuir este año, como el de casi todo el mundo. ¿Para qué toda esa discusión? ¿De qué serviría saber en este momento, si se pudiera, la disminución exactísima del PIB en 2020? El FMI y la OCDE, así como toda clase de organismos, bancos y calificadoras, hacen pronósticos de crecimiento económico por país y del mundo entero, pero cada cual realiza sus cálculos con sus propias herramientas y sus particulares supuestos. Siempre son muy disímiles. Además, los pronósticos van cambiando durante el año y ven más lejos, pues pronostican el año siguiente. Luego, se advierten los desaciertos, los cuales jamás son reconocidos ni explicados por sus autores. Entre pronosticadores del PIB existe una extraña competencia, la cual es alimento de los mercados globalizados; si no fuera por esto sería un simple juego, pero suele ser inicua. Si el crimen es todo lo socialmente dañoso, sea o no ilegal, los mercados financieros globalizados son entidades del crimen organizado: ya lo han demostrado ad náuseam.
Lo que se debe discutir es la manera en que se está encarando esta peculiar crisis económica, así como las demás opciones. Si un gobierno con muy baja recaudación respecto de su PIB descompletara el volumen total de su gasto presupuestado y, por tanto, se sobre endeudara para cubrir el déficit adicional, entonces mañana habría que incrementar el servicio de su débito, ya de por sí desproporcionado respecto de su recaudación, y bajar su caudal de recursos propios para el gasto social y la inversión pública. Si brindara toda clase de coberturas crediticias a particulares –deuda pública contingente–, tendría mañana que cubrir también toda clase de impagos y quebrantos, algunos de los cuales quizá fueran consecuencia de factores anteriores a la crisis.
La política económica del actual gobierno debe seguir poniendo énfasis en cuatro puntos: 1. Gasto en salud; 2. Programas sociales en curso y nuevos; 3. Créditos directos a pequeños productores y comerciantes; 4. Mantener y acrecentar la inversión pública. Lo que se requiere es enfrentar la enfermedad pandémica y, al mismo tiempo, ayudar a defender la demanda social y popular de bienes y servicios, así como la inversión.
La recuperación del empleo que se está perdiendo tendrá que apoyarse en el planteamiento gubernamental pero, evidentemente, éste no sería suficiente. Los agentes económicos –empresarios de todo tipo– deben hacer su parte porque, para ellos, proteger el empleo es defender sus propias ventas. Dicho en términos de la economía política: no hay ganancia capitalista sin explotación de la fuerza de trabajo. Esto, si acaso los patrones piensan como clase social y no sólo como facción.
La deuda del sector público va a seguir subiendo debido al recorte del superávit primario y al déficit presupuestal, pero no es aconsejable una pronunciada curva ascendente de endeudamiento en términos reales, aún a pesar de la caída del precio del crudo y de que es de esperarse una baja en la recaudación en los próximos meses del año. Además, la Constitución no permite contratar empréstitos para financiar gasto corriente, aunque eso se haya hecho durante todos los sexenios anteriores.
Por tanto, es preciso hacer una reorientación del gasto hacia esos cuatro puntos básicos. La ley actual se lo permite al Ejecutivo sin restricciones, pero lo mejor sería aprobar la propuesta de Morena de reformarla para hacer pasar los ajustes presupuestales por la Cámara de Diputados.
Las oposiciones neoliberales buscan subsidios y subvenciones fiscales, así como garantías sobre créditos de particulares, todo lo cual llevaría a una política de endeudamiento. No sería conveniente aceptar ese esquema porque, como ya se ha visto en otras crisis, traería malas consecuencias, además de que contiene medidas intrínsecamente injustas.
Cuando se mitigue la pandemia, todo mundo podrá darse cuenta, por comparación con otros tiempos y con otros países, de la verdad que encierra poner por delante el bienestar social.
Fuente: Proceso
