Por John M. Ackerman
La institución responsable de organizar las elecciones debe seguir siendo autónoma, desde luego. Sin embargo, su independencia no debe ser solamente del Poder Ejecutivo, sino también de los poderes fácticos que hoy financian ilegalmente a la oposición política y presionan a la autoridad electoral.
El Instituto Federal Electoral (IFE) fue una creación de Carlos Salinas de Gortari. Después del fraude electoral de 1988, el innombrable quiso simular un compromiso con la democratización con la creación de un nuevo organismo semindependiente en 1990. Sin embargo, el PRI-gobierno mantuvo el control sobre el nombramiento de la vasta mayoría de los integrantes de aquel primer Consejo General.
No fue hasta 1996 que el IFE logró su independencia plena como órgano constitucional autónomo sin presencia alguna del Poder Ejecutivo. Pero, tal como documentamos en el libro Organismos autónomos y democracia: el caso de México (IIJ-UNAM/Siglo XXI, 2007), la ley diseñada por el PRI, que en aquel entonces todavía controlaba la mayoría del Congreso de la Unión, buscó intencionalmente reducir las facultades y marginar la influencia de los consejeros electorales.
La reforma de 1996 entregó casi todo el poder a la Junta General Ejecutiva, integrada por los titulares de las áreas administrativas del instituto, y centralizó el mando en el secretario ejecutivo y el consejero presidente. Para ocupar estas estratégicas posiciones, el presidente Ernesto Zedillo logró colocar a José Woldenberg como consejero presidente, quien a su vez impuso a uno de los más oscuros operadores priístas, Felipe Solís Acero, como secretario ejecutivo.
A lo largo del mandato de aquel Consejo General, entre 1996 y 2003, hubo una lucha constante entre los aliados de Woldenberg, que siempre le apostaba a una continuidad con el pasado autoritario, y aquellos consejeros, encabezados por Jaime Cárdenas y Jesús Cantú, que luchaban por construir un instituto auténticamente autónomo y cercano a la ciudadanía.
La renovación completa del Consejo General en 2003 resolvería la disputa en favor de las fuerzas conservadoras. Elba Esther Gordillo, entonces coordinadora de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados, pactó con el entonces presidente Vicente Fox para nombrar una nueva camada de consejeros electorales leales al PRIAN. Llegó Luis Carlos Ugalde como consejero presidente y posteriormente todos atestiguaríamos el trágico desenlace con el fraude electoral de 2006.
Desde entonces hasta la fecha el IFE, ahora Instituto Nacional Electoral (INE), ha estado controlado por consejeros cercanos al PRIAN. La renovación parcial del Consejo General del año pasado no resolvió el problema, ya que solamente se cambiaron cuatro de los 11 lugares en la herradura de Tlalpan. Adicionalmente, al llegar a su jugoso nuevo puesto una de las nuevas consejeras, Carla Humphrey, traicionó inmediatamente los principios de autonomía e independencia y se alió con el bloque conservador encabezado por Córdova y Murayama. Un servidor ya había advertido sobre este peligro al fungir como integrante del Comité Técnico de Evaluación de los Aspirantes al Consejo General del INE en 2020 (véase: https://johnackerman.mx/un-nuevo-i-ne/).
Otro problema es que se mantiene vigente la estructura de presidencialismo autoritario del INE heredada de la reforma electoral de 1996. Quien realmente gobierna hoy al instituto no es el Consejo General, sino Córdova y su cuestionado secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo.
El más reciente empecinamiento del bloque conservador del Consejo General de ratificar la negativa de registro a los candidatos de Morena para las gubernaturas de Guerrero y Michoacán por supuestas violaciones a la ley, que suman 19 mil pesos (0.3 por ciento del tope de gasto permitido durante las precampañas), demuestra la urgente necesidad de renovar el modus operandi del instituto electoral.
Tal como hemos escrito en estas páginas, esta decisión no representa la aplicación estricta de la ley, sino todo lo contrario, la abierta politización de la norma (véase: https://bit.ly/3sD5Qc9).Por ejemplo, en el contexto de la designación del nuevo presidente de Morena en octubre de 2020, las autoridades electorales ya habían resuelto que los procesos de designación por encuesta no implican la existencia de campañas electorales y por ello no son sujetos a procesos de fiscalización.
Es falso que el INE haya estado siempre a la vanguardia en la lucha por elecciones libres y auténticas. También es un engaño la actitud de Córdova y Murayama, quienes se presentan como la personificación de la democracia. Debemos estar abiertos a la posibilidad una reconfiguración de la institucionalidad electoral que facilite un avance en materia democrática.
La institución responsable de organizar las elecciones debe seguir siendo autónoma, desde luego. Sin embargo, su independencia no debe ser solamente del Poder Ejecutivo, sino también de los poderes fácticos que hoy financian ilegalmente a la oposición política y presionan a la autoridad electoral. La actual estructura del INE también resulta sumamente costosa, compleja y confusa.
No se debe desaparecer al INE, pero sí renovarlo y quizás remplazarlo con otro órgano con una estructura mucho más eficiente y efectiva.
