Por Luis Javier Valero Flores
Ha sido, el 2014, un año del olvido para el Gobierno de Chihuahua, por lo menos en algunos de los aspectos más ligados a la aplicación de la justicia y la transparencia en el ejercicio del presupuesto público.
Lo que sucedió en el pasado reciente, en el que tuvo un notable desempeño el Congreso del Estado, es en sentido absolutamente contrario al desarrollo democrático.
Son de escándalo los casos más relevantes. En varias ocasiones -en una refrescante y esperanzadora novedad- las instancias federales les han otorgado los amparos respectivos a diversos entes (jueces, abogados, empresas, ciudadanos comunes) que han impugnado determinaciones, ya fuera del titular del Poder Ejecutivo, o del Congreso del Estado de Chihuahua.
En todos los casos por violar las leyes, así sean de corte administrativo, en lo que se ha convertido en una persistente práctica, consistente en pasar por encima de los procedimientos establecidos en las leyes para la designación, sobre todo, de funcionarios, ideados para evitar que la voluntad del titular del Poder Ejecutivo fuera la única que los determinara.
El colmo lo constituye la reciente reforma al Poder Judicial. Desapareció la obligatoriedad de realizar exámenes para poder determinar los conocimientos de quienes aspiraran a ocupar las magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia. Una vez aprobada, se forzó la jubilación de 8 magistrados y luego el Congreso designó a quienes ocuparían las 13 magistraturas vacantes.
Tal designación ha recibido el rechazo de una buena parte de la abogacía de Chihuahua, ilustrado en la presentación de por los menos 5 solicitudes de amparos, cuya resolución es inminente.
En la mayoría de los casos aquí recordados adquirió una especial relevancia el abogado, Maclovio Murillo, quien ha representado a la mayoría de los quejosos que han obtenido el amparo de la justicia federal, en las que han sido unas estruendosas y escandalosas derrotas judiciales del Gobierno de Chihuahua.
No son pocas ni irrelevantes, todo lo contrario.
En enero de 2011 los jueces Netzahualcóyotl Zúñiga Vázquez, Catalina Ochoa Contreras y Rafael Boudib Jurado, que habían conformado el tribunal que concedió la libertad al hasta entonces presunto asesino de Ruby Fraire, interpusieron recursos de amparo en un juzgado federal contra la suspensión laboral sin goce de sueldo que el Supremo Tribunal de Justicia (STJ) les había impuesto. Su defensor era el abogado Maclovio Murillo.
A fines de diciembre de 2010, luego del asesinato de Maricela Escobedo -madre de Ruby- a las puertas del Palacio de Gobierno, el STJ les notificó de la suspensión. Días después, el Congreso del Estado determinó la “procedencia” para el juicio político en su contra, acción que criticó Murillo como la pretensión de que un poder quisiera juzgar a otro pues, argumentó, que en caso de haber cometido una falta, los jueces debieron ser sancionados por el Poder al que pertenecen.
Todos los actos legales fueron suspendidos luego que los jueces renunciaran, en un símil de lo ocurrido, tanto con el magistrado Carlos Flores Silva, como los 8 magistrados que recientemente solicitaron su jubilación, en una más que extraña coincidencia.
Todos han renunciado luego, o de haber ganado el litigio, o de haber obtenido los respectivos amparos.
El centro de las designaciones es el de que deben “motivarse y fundarse”, tanto para quienes resultaron designados, como para quienes no lo fueron.
A principios de julio de 2011, el ex magistrado Carlos Flores Silva, quien no había sido ratificado como magistrado de Cuarta Sala Penal del STJE por el Congreso de Chihuahua, anunció que había solicitado el amparo de la justicia federal contra la resolución del Poder Legislativo debido a que “no motivaron ni fundaron” esa negativa, a pesar de que el Poder Judicial había presentado un informe en el que recomendaban la ratificación.
Contra el más elemental conocimiento de la legalidad existente, la mayoría de los diputados votó en contra del dictamen, sin “fundar ni motivar” su determinación.
Maclovio Murillo, otra vez, representaría al agraviado. La Segunda Sala de la SCJN le ordenó al Congreso le ordenó la ratificación de Flores Silva. La argumentación de la SCJN establecía, otra vez, que tales nombramientos deben darse de manera fundada y motivada pues de esa manera se constituye principalmente en una garantía de la sociedad consistente en que no le quiten buenos juzgadores o no le dejen malos juzgadores.
Poco más de un año después, en marzo de 2012, cinco actuarios destituidos sin razón aparente, ni legal, se ampararon y obtuvieron el amparo en el que solicitaban la inmediata restitución de sus puestos.
Otra vez, lo mismo. Alegaron, y obtuvieron el consentimiento de los jueces federales, en el sentido que el Poder Judicial de Chihuahua no había fundamentado ni motivado su determinación para despedirlos. Murillo los representó.
Se fue la legislatura anterior, liderada por el hoy alcalde juarense, Enrique Serrano, y el arribo de la nueva, ahora dirigida por Rodrigo de la Rosa, ambos del PRI.
Seguiría la tendencia de la anterior.
El juez local especializado en Justicia para Adolescentes, Adrián Morales Hernández, suspendido en noviembre del año 2012 por el entonces presidente del STJ, Javier Ramírez Benítez, obtuvo un amparo, otorgado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa a principios de marzo del presente año, quien ordenó la inmediata restitución del cargo.
La acusación en contra de Morales Hernández era que había dictado “sentencias irregulares”. Se amparó y el juez Octavio Cuenca Zamora le otorgó el amparo.
Nuevamente, el agraviado había sido representado por el abogado Murillo.
Aun faltaba la más escandalosa de las derrotas del gobierno chihuahuense. El abogado Rodolfo Leyva, quien obtuviera el primer lugar en la evaluación para designar a los ocupantes de las dos plazas vacantes de consejeros del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip) y no fuera designado, se amparó ante esa determinación del Congreso del Estado, debido a que, y lo demostró, no había fundamentado, ni motivado la designación.
Luego de un accidentado proceso, el Congreso de Chihuahua debió obedecer la determinación del Poder Judicial de la Federación y realizar, nuevamente la elección de los consejeros del Ichitaip. El Congreso eligió, nuevamente, a las mismas.
Luego Murillo defendería a los concesionarios, ante la decisión del Gobierno de asumir el control de la ruta troncal del ViveBus. Nuevamente le ganaría. Tuvieron que negociar. Vendría luego la reforma judicial. Este episodio ratificó, en dimensiones poco vistas, la plena subordinación al titular del Poder Ejecutivo en una nueva modalidad: Ahora vino signada por todos los partidos políticos acreditados en el Congreso del Estado.
Lo realizado por el Congreso del Estado es de una extrema gravedad. Le permitieron a un muy elevado número de personajes cercanos al titular del Poder Ejecutivo arribar al Poder Judicial, incluida la designación de dos militantes del PAN, Rafael Quintana y Luis Villegas, quienes, al igual que sus ahora colegas emanados directamente de las filas del PRI, no satisfacen los requerimientos constitucionales para acceder a esos cargos.
Días después, el 20 de noviembre se informaría que el juez del fuero común, Hugo Acosta Hernández, promovió un juicio de amparo y su representante sería Murillo Chávez, del mismo modo que en caso del abogado Arturo Ramírez Luque.
Semanas atrás, Juan Antonio Trejo, Juez Primero de Distrito en la entidad, suspendió en definitiva la licitación, convocada por el Gobierno de Chihuahua, para fabricar un millón 237 mil placas y engomados vehiculares.
El argumento fue que las bases fueron diseñadas para favorecer a la empresa EDM de México.
En este recuento no se incluye el amparo otorgado a los indígenas de Repechique en contra de la construcción del aeropuerto de Creel, mérito compartido con el gobierno federal, sólo porque se les olvidó consultarlo con los dueños de los terrenos. ¡Pequeña cosa!
¿Cuántas batallas más de este tipo faltan?
Falta ver la resolución de la denuncia presentada por el abogado Jaime García Chávez; esa será la principal de las contiendas judiciales sostenidas por la actual administración.
¿También la perderá?
