Derrota ratificada

La resolución del Tribunal Estatal Electoral (TEE), que confirma el triunfo de Javier Corral en la elección de gobernador de Chihuahua para el período 2016-2021, evidenció la debilidad de los argumentos esgrimidos por el PRI para solicitar la anulación de la elección.

Contra los interesados rumores –todavía en estos días– de que se presentaría una votación dividida de los magistrados electorales, la resolución fue aprobada por unanimidad de los magistrados electorales.

Durante largas semanas, el PRI había argumentado que la elección del 5 de junio había carecido de certeza debido a que no existían los documentos que comprobaran el manejo adecuado de las boletas electorales; que existía un número superior de éstas al que las autoridades electorales habían reportado; que un sinnúmero de personas ajenas a lo señalado por la ley habían participado en la recepción de los paquetes electorales en las asambleas municipales y que esto había alterado los resultados electorales.

La argumentación del PRI es congruente con lo que en corto sostienen muchos de los más connotados integrantes del equipo gobernante, pero no sólo, en el sentido que existió una vasta operación electoral, desde el “centro”, puesta en marcha para hacer que el PRI perdiera la elección del modo como lo hizo. No admiten la derrota.

La resolución estableció que no existió falta de certeza en la elección y determinó infundadas las causales que presentó el PRI.

Le queda el recurso de acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pero, de acuerdo con la resolución y los antecedentes de las resoluciones emitidas por el TEE, pocas posibilidades -prácticamente ninguna- tienen de que el órgano electoral les conceda la razón.

Muchos de los priistas de los primeros y segundos niveles arguyen que el resultado electoral “está muy raro”; al decirlo, hasta le agregan un aire de suspenso, de que se tramó esa operación en las muy elevadas alturas del poder en México; de ahí el principal de sus argumentos, el de la falta de certidumbre en el número de boletas mandadas imprimir y en las supuestas discrepancias entre las boletas recibidas por las distintas instancias de los órganos electorales y las reportadas al final del ejercicio electoral.

Es decir, si las boletas se imprimieron en los Talleres Gráficos de la Nación, entonces ahí empezó dicha operación, sería la lógica de quienes impugnaron la elección del pasado mes de junio.

Solo así se puede sustentar la impugnación, porque los argumentos esgrimidos parecieran los usados normalmente por los partidos de oposición, cuando enfrentan la puesta en operación de la maquinaria gubernamental para favorecer a los candidatos oficiales; en la argumentación de la impugnación, el PRI se asumió como el partido de oposición en Chihuahua que enfrentó –pongámosle nombre– la operación electoral ordenada por el presidente Peña Nieto.

¡Híjole!

¿En dónde quedaron, entonces, los muy frecuentes rumores, a lo largo del sexenio, de que el gobernador César Duarte sería llamado a integrarse al gabinete presidencial?

No cuadran ¿Cómo compaginar una cosa con la otra? ¿Cómo entender que el presidente, por un lado, considere como uno de sus favoritos al gobernante chihuahuense y, por otro, monte una vasta operación para que su partido y el candidato que, además, era el favorito del ballezano, pierdan de la manera como lo hicieron?

Otro de los principales argumentos esgrimidos por el PRI consistió en la gran cantidad de errores asentados en las actas de escrutinio y cómputo. No fueron relevantes los errores, dictaminó el TEE.

Pero este argumento de la dirigencia estatal era increíble ¿Cómo denunciar la existencia de un enorme número de errores en las actas de las casillas sin que sus representantes en las asambleas municipales no los hubiesen descubierto y, por consiguiente, subsanado en esa instancia, que era la óptima, porque permitía, de acuerdo con la ley, abrir los paquetes electorales y efectuar el recuento de los votos emitidos en las casillas que se encontraran en ese supuesto?

Increíble.

A cambio, “Los cinco magistrados que conforman el Pleno del órgano jurisdiccional electoral determinaron que no existieron elementos ni irregularidades para anular la elección, como lo pidió la coalición encabezada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el juicio de impugnación que presentó”. (Nota de Gabriela Minjáres, El Diario de Juárez, 30/VII/16).

Los magistrados anularon los resultados de 107 casillas impugnadas, equivalentes al 2% del total de las instaladas en la jornada electoral y le restaron  al candidato del PAN casi 9 mil votos y 7 mil 500 al del PRI, con lo que Javier Corral obtuvo oficialmente 508 mil 77 votos (39.1% de la votación), por 393 mil 20 (30.75%) de Enrique Serrano.

A su vez, José Luis Barraza se quedó con 237 mil 849 votos (18.54%), de los 1 millón 278 mil 633 emitidos oficialmente.

El “repasón” jurídico de los magistrados electorales al PRI es de antología, le dijeron al ejército de 650 abogados de este partido que no habían substanciado ni probado los agravios esgrimidos y que, a pesar de ello, precisamente para darle certeza a los chihuahuenses, decidieron “estudiar con exhaustividad el caso… Hoy Chihuahua tiene que estar claro que el trabajo que se realiza es en apego a Derecho, hubo omisiones, sí hubo omisiones en actas, pero fue omisión, no falta de certeza y se buscó la información en los documentos para corroborarlo”, argumentaría el presidente del TEE, el magistrado César Wong Meraz, encargado del proyecto de resolución.

Y es que en cada uno de los rubros de la impugnación los magistrados presentaron resultados puntuales.

Así, ante el argumento del PRI acerca de que en 2285 casillas se entregó el paquete electoral, sin causa justificada, fuera de los plazos señalados por la ley, el TEE encontró que en mil 364 se entregaron en los tiempos legales y que en el resto sólo en 34 casillas los paquetes habían mostrado alteraciones, razón por la que fueron anulados los resultados de éstas.

A su vez, ante el argumento del PRI que en 3289 casillas la recepción de la votación se hizo por personas ajenas o por organismos distintos a los señalados por la ley, el tribunal dictaminó que sólo en 43 casillas hubo personas que participaron en el proceso de recepción y que no se encontraban en el listado nominal de la sección. También fueron anuladas.

Por otra parte, ante la argumentación priista, en el sentido de que en 2 mil 318 casillas hubo dolo o error en la computación de los votos, que pudiera ser determinante para el resultado de la elección, los magistrados le dieron la razón solamente en 65 casillas.

En total, del conjunto de las supuestas anomalías denunciadas por el PRI y los partidos aliados, el TEE encontró fallas en 107 casillas, las que fueron anuladas.

Además, el TEE no encontró fundada la afirmación del PRI en el sentido de que el Instituto Nacional Electoral había vulnerado la distribución de competencias respecto la impresión y distribución de las boletas electorales; el IEE sí aprobó el número de boletas a imprimir. Además, el órgano electoral sí supervisó, sostuvo el TEE por unanimidad, “la impresión de las boletas, su traslado y resguardo”.

Y declaró “infundado el agravio relativo a la corroboración del número de boletas electorales recibidas” por los presidentes de las casillas.

Lo que sí encontró el TEE es que en 1531 casillas no se remitieron los listados nominales correspondientes a cada una de ellas.

La más importante –porque en ella puso todo el peso el PRI en su impugnación y en los argumentos públicos–, la del  número de boletas, el TEE determinó que “es inoperante el agravio de que existen diferencias entre las boletas recibidas y sobrantes asentadas en actas de escrutinio y cómputo que ascienden a 171 mil 506 boletas”.

¡Vóytelas!

Bueno, pues a pesar de lo anterior, el grupo gobernante –aparentemente– no acepta la realidad. El coordinador del grupo parlamentario del PRI, Rodrigo de la Rosa, determinante en la aprobación de la norma electoral hoy vigente sostuvo que el fallo del TEE “no fue apegado a derecho” pues “hubo presión de Javier Corral y el PAN”.

Anclado, ya, en el papel de opositores, afirmó que vio “un desaseo muy grande en esta elección pasada, la cual deja mucho que desear por parte de los órganos electorales, por lo que el PRI está peleando por la transparencia, la equidad, el compromiso y la pulcritud del ejercicio de la elección”.

Era lo único que faltaba.

A lo largo del sexenio, las batallas jurídicas sostenidas por el gobierno de Chihuahua, en contra de distintos actores y diversos asuntos, todos relacionadas con los excesos del poder, las perdió ante las resoluciones del Poder Judicial de la Federación, les faltaban los litigios electorales. Ahora hasta en las instancias locales los pierden, no lo entienden.

Debieran, la derrota impuesta por la mayoría de los chihuahuenses es apabullante y, ahora, ha sido ratificada por los tribunales.

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