Por Luis Javier Valero Flores
Lo que se había presentado bajo buenos augurios, la entrega-recepción entre el nuevo gobierno y el saliente, ha entrado en una pendiente de creciente rispidez.
Por un lado, la reunión sostenida entre la cúpula empresarial de la ciudad de Chihuahua, con el secretario de Hacienda, Jaime Herrera, y los integrantes de la Junta de Coordinación Parlamentaria, con la ausencia de los integrantes del equipo designado por Javier Corral, para discutir la propuesta del gobernador César Duarte, acerca de bursatilizar los remanentes del Fideicomiso carretero –hasta por 3 mil millones de pesos (mmdp) y hasta el 25% del Fondo de Aportaciones para Entidades Federativas, a fin de obtener otros 2 mil 900 millones de pesos– a la que luego precisara Corral que no había participado alguien en su nombre en esa reunión; y, por otra parte, la decisión del PRI de impugnar la elección a gobernador y las de alcaldía de Juárez, así como otras 8 elecciones distritales, son la razón central de aquello.
Deberá precisarse, sin embargo, que al término de la reunión, tanto Herrera, como Rodrigo de la Rosa, coordinador de los diputados del PRI, fueron insistentes en sostener que la opinión decisiva debería ser la del equipo del gobernador electo. Herrera dijo que “tendremos que tomar algunas definiciones claras acompañados por el grupo que designó el gobernador electo Javier Corral”. Y reiteró que “todo debe darse con un consenso entre los gobiernos salientes y entrantes”. (Nota de Jaime Armendáriz, El Diario de Chihuahua, 16/VI/16).
Por su parte, Rodrigo de la Rosa sostuvo que a pesar de la complejidad del tema, deberá haber acuerdo entre los gobiernos entrantes y salientes, así como con el Congreso del Estado, pero “la opinión fundamental es de la comisión que nombró el gobernador electo”, dijo. (Ibídem).
Sin embargo, todo cambió ante la sorpresiva impugnación presentada por el PRI. Tiene derecho, sin duda, a hacerlo; lo sorprendente es que la argumentación presentada (La existencia de más de 170 mil boletas sobrantes, respecto a las inicialmente presentadas antes de la votación en las casillas, fruto de un hallazgo, sostendría el presidente del PRI Estatal, Guillermo Dowell, en las actas) es más propia de los partidos de oposición, en las ya muy típicas elecciones mexicanas, en las que el uso de la estructura gubernamental forma parte de la parafernalia electoral a la que se deben enfrentar las fuerzas de oposición y la ciudadanía decidida a votar en sentido contrario al partido gobernante.
Pero el asiento del poder ha cambiado. Finalmente, el viernes, los consejeros electorales, del Instituto Estatal Electoral (IEE), precisaron que fue el Consejo General quien ordenó la impresión de más de 135 mil boletas, las necesarias, dijeron, para soportar la emisión del voto en las casillas especiales, las de los representantes de los partidos que se encontraran fuera de su sección electoral, etc.
Interrogado al respecto, Dowell aceptó que la presentación de la impugnación no tendría porqué suspender los diversos actos de entrega-recepción del nuevo gobierno pues, dijo, hay un hecho jurídico, el de que existe una constancia de mayoría que le otorga la calidad de gobernador electo a Javier Corral y que, además, el trabajo de los comisionados para ver el asunto de la nueva bursatilización debería continuar. (Aserto Radio, Antena 102.5 FM, 17/VI/16).
¿En qué se basa el PRI para impugnar una elección en la que quienes podrían haber cometido irregularidades, en todo caso, podrían haber sido las autoridades electorales, en complicidad con las autoridades estatales pues éstas son las que tienen el control sobre el aparato gubernamental, y no al revés?
Cuesta mucho trabajo, para los mexicanos que hemos visto muchos procesos electorales, creer que el escenario planteado por el PRI de Chihuahua se corresponda con la realidad.
Nos lleva a la conclusión que a casi dos semanas de las elecciones aún no asimilan la tremenda lección propinada por la mayoría de los votantes: Una sonora descalificación a la actuación del grupo gobernante en Chihuahua, a todos sus integrantes, no sólo a la del gobernador César Duarte (que lo es, y mucho) de la que deberán desprender muchas y diversas lecturas y aprendizajes.
Una de ellas, la de la deuda del gobierno de Chihuahua. César Duarte y su secretario de Hacienda, Jaime Herrera, sostuvieron que, por el hecho de no estar avalados por las participaciones federales los empréstitos adquiridos por la vía de la bursatilización de los bonos carreteros, no podían recibir la denominación de deuda.
Hoy van a tener que aceptar esa denominación pues la administración entrante así lo cree, además de que el mismísimo subsecretario de Hacienda, Fernando Aportela, sostuvo que “las obligaciones que tienen aparejadas un activo en específico, que en el caso de Chihuahua son las carreteras de cuota, las cuales representan el 37 por ciento de todas sus obligaciones, mientras que el otro 63 por ciento son respaldadas con participaciones federales” representan, dijo, una fortaleza. (Nota de Orlando Chávez, El Diario de Chihuahua, 10/II/16).
Es decir, es deuda, de acuerdo con los funcionarios de Hacienda. Bien, entonces ¿Qué hacer en el presente caso, cuando Jaime Herrera afirma que estas dos bursatilizaciones fueron aprobadas en la ley de ingresos para 2016 por el Congreso del Estado –otra vez, el asunto de las actas del Poder Legislativo, pues según afirma Mario Vázquez, dirigente del PAN, no fue aprobado una bursatilización más– y que, por tanto, se requiere aprobar debido a que su ejercicio ya estaba contemplado en el presupuesto de egresos.
Pero tales discusiones enmascaran el verdadero problema: La existencia de un déficit del orden de los 5 mil 500 mdp anuales; que los gastos del gobierno de Chihuahua exceden en esa cantidad –probablemente menor, debido a la abultada nómina y a infinidad de gastos superfluos– a los ingresos.
Que, además, como lo ha sostenido reiteradamente Jaime Herrera, los endeudamientos se han usado para pagar los crecientes gastos en materia de educación, salud y seguridad pública, lo que traducido al lenguaje llano podría significar que, por ejemplo, decidieron abrir los nuevos planteles de bachillerato sin tener el soporte presupuestal para hacerlo y le apostaron a que por la vía del endeudamiento se podrían solventar los gastos, y así, en todas las áreas, incluidas las de los gastos más superfluos, o las de la existencia de una nómina mayor a la requerida a la que puede soportar el gasto gubernamental.
O, también, por la de gestionar ante el gobierno federal –que prácticamente se encuentra en condiciones semejantes– la llegada de nuevos apoyos financieros, pero que, por su propia naturaleza, no son seguros, ni estables, y dependen, directamente, de la capacidad de gestión del gobernante y de la disposición del presidente de la república, el que puede resolver en función de la importancia política de la entidad o de los vaivenes político-electorales.
De esa manera, es imprescindible la información del verdadero estado de las finanzas estatales y de la administración estatal, porque, de aprobarse la nueva bursatilización, nos encontraremos con la realidad de que la nueva administración ya no tendrá posibilidad de acceder a nuevos créditos directos pues la capacidad crediticia del gobierno, por esta vía, está en el tope de lo legalmente permitido.
Y, por otra parte, del peaje carretero ya sólo quedaría la posibilidad de acceder al remanente –alrededor del 4%, por el incremento del flujo vehicular– y ni modo de que el gobierno de Javier Corral iniciara con la instalación de nuevas casetas de peaje.
En suma, no podría hablarse de que lo recibirán en quiebra, porque aún podría pagar, pobre, endeudado, pero con capacidad de pago y sin la capacidad para atender muchas necesidades, pero sí con un sinnúmero de ataduras financieras, en las que el pago de los intereses de la deuda directa y de los bonos carreteros sumarán, al año, alrededor de los 2 mil 500 millones de pesos y sólo por estos rubros, faltan los intereses de los bonos sobre el Impuesto Sobre Nómina, y otros “arrimadijos”, que luego se verán.
Bueno, dicen que no es deuda, ¡Pero cómo se le parece!
Nota fúnebre— Agustín Basave renunció a la presidencia del PRD. Creyó que una personalidad solitaria podía controlar a los “Chuchos”, el grupo que se adueñó del PRD. No pudieron ni Cuauhtémoc Cárdenas, ni López Obrador, dirigentes de una gran trayectoria y autoridad política, menos lo iba a lograr un académico sin mayor ascendiente en los grandes grupos políticos de la izquierda mexicana.
Hacía rato, muy grande, que la dirigencia perredista había abandonado las banderas de la izquierda, hoy le extiende el certificado de defunción su actual dirigente ¿Quién lo sucederá? ¿Nuevamente uno de los “Chuchos”?
