Cientos de miles de migrantes deportados de Estados Unidos pierden la pista de sus hijos, quienes quedaron en el mejor de los casos bajo la tutela de familiares y en el peor en manos de simples conocidos o están perdidos en el sistema estadounidense.
José Carreño/ Excélsior
Según la Secretaría de Seguridad de EU, entre 2010 y 2012 fueron deportados 200 mil 5 padres de familia con hijos regulares, o sea nacidos en Estados Unidos. De los menores afectados, poco más de cinco mil terminaron en manos del Gobierno, según estimó el Centro de Investigaciones Aplicadas, un “think-tank” de Boston que trabaja por la justicia racial.
El paradero de estos menores es desconocido a causa de una falta de regulación de su tutela en caso de faltar los padres o por el propio silencio parental, con el cual creen protegerlos de la expulsión, explican diversas organizaciones.
Tras números y causas hay historias como la que recoge el Instituto para la Mujer en la Inmigración. Sucedió el 6 de marzo de 2007, cuando 300 federales entraron a una fábrica de New Bedford (Massachusetts) y detuvieron a cientos de trabajadoras indocumentadas. Horas más tarde, sus hijos esperaban en la puerta de la escuela a sus madres, que nunca llegaron.
La situación puede llegar a afectar por lo menos a los 4.5 millones de niños, documentados o indocumentados, con padres irregulares, que el Instituto de Política Migratoria, think tank sobre movimientos migratorios de EU, estimaba que habían en 2010.
Por ello, “si los padres quieren asegurar a su familia deben valerse de sus derechos y prevenir un escenario en el que la frontera los separe”, alertaron varias fuentes a la par que enfatizaron en que “la falta de conocimiento y el miedo derivado de ella es lo que juega en su contra”.
Pérdida de custodia
Ante la deportación de los menores suelen imperar dos posibles escenarios, evitables con prevenciones básicas: la tutela estatal o la informal.
En el primer caso, los hijos de deportados entran en centros de menores o en familias provisionales. Mientras, el Estado pone en marcha el proceso de pérdida de la patria potestad contra los padres deportados. En ese proceso el migrante, fuera del país, no suele tomar partido y parece condenado a la pérdida de su hijo.
“En ocasiones los consulados no dan abasto o no son informados con el tiempo necesario”, advirtió la especialista judicial de la Red por los Derechos de la Infancia, Alma Meneses, quien alertó de que la comunicación es una asignatura pendiente en estos procesos.
“Hay padres que no saben ni que han perdido la custodia”, aseveró Meneses para ilustrar el problema. Esa situación llevaría a los padres, si pueden volver a EU, a buscar de forma infructuosa a sus hijos por la confidencialidad de las adopciones.
Son situaciones inexcusables, señaló Dámaso Morales, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, y es que el también maestro de la UNAM recordó que “siempre existe la obligación de notificar la captura de un ciudadano extranjero a su consulado”.
De acuerdo con el Convenio de Viena sobre Relaciones Consulares, los gobiernos receptores tienen el deber de facilitar la información y no demorar las comunicaciones entre detenido y consulado.
El no hacerlo es, de acuerdo con el análisis del Convenio del jurista José Humberto Castro, una violación del Derecho Internacional que permitiría al indocumentado parar el proceso y llevar a EU a una instancia jurídica internacional, ya que Estados Unidos ratificó este convenio el 24 de Noviembre de 1969.
El rol familiar
Ante la falta de información las miles de asociaciones de inmigrantes y las familias son el único punto de apoyo para ellos,. En muchas de ellas destaca el marcado carácter local y religioso, como ilustra la base de datos del Gobierno mexicano.
“La estructura de las familias de indocumentados en EU es peculiar”, explicó Morales. Tras la regulación migratoria del 1986, que permitió legalizar su estancia a cerca de tres millones de irregulares, no es extraño encontrar regulares e irregulares que comparten mesa, apellido e incluso cama.
En esta situación, los padres tienen una oportunidad para regular el futuro de sus hijos, o sea nombrar un tutor. Sin embargo, la desinformación y el miedo llevan a que el niño pueda acabar en las manos más cercanas, no en las más fiables, dijeron diversas fuentes consultadas.
Maru Cortázar, directora de la ONG especialista en apoyo legal AppleSeed, es clara: “la mejor protección es la prevención”.
Para Cortázar la tutela irregular no garantiza la seguridad del menor. Por ende, enfatiza en la necesidad de prever la situación del menor en caso de la deportación de los progenitores.
Así el principal reto es hacer conciencia de que “nadie es ilegal” y que “todo ciudadano tiene derecho a solicitar ayuda a su consulado”, enfatizó Cortázar.
Desde AppleSeed recordaron algunas claves que se complementan con las recomendaciones de la Women Refugee Commision (WRC) para luchar por los derechos familiares.
Como medida preventiva básica insisten en que es indispensable que el menor obtenga la nacionalidad mexicana o si ya la tiene guarde bien el documento, aunque sus padres sean irregulares tienen ese derecho.
Con la documentación mexicana en regla, en caso de ser deportado podrán actuar a través del consulado y solicitar trámites o representación en territorio de EU.
Otra medida recomendable es que se piense en nombrar un tutor, que será el nombre de referencia para localizar al menor, y dejar siempre un contacto de emergencia en el centro escolar.
Con estos simples pasos el proceso se simplificará notablemente, aclara Maru Cortázar. Sin embargo, como advierte Vicki Kline, investigadora del Instituto para la Mujer en la Inmigración, “será un proceso duro, en el que no debe desistir”.
Efectos de la separación
“Una separación puede desembocar en una depresión, que mal tratada generaría una pérdida de apetito, problemas sociales y en el peor de los casos la muerte del menor”, aseguró el presidente de la Sociedad Mexicana de Psicología, Alejandro Zalce.
Además a esa sensación depresiva se suma el estrés de ver que su padre está sometido a un proceso judicial que el menor desconoce. Es por ello que Alma Meneses, desde la Red por los Derechos de la Infancia aboga por un proceso inclusivo, “donde el menor no sea un objeto a proteger, sino un sujeto consciente”.
Fuente: Excélsior
