Por Luis Javier Valero Flores
La denuncia penal presentada por Jaime García Chávez, en contra del gobernador César Duarte Jáquez, del secretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral, del presidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, y otros funcionarios, por la presunta comisión de diversos delitos -“peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, uso indebido de atribuciones y facultades y los que resulten”- pone contra la pared al mandatario y al denunciante.
De la veracidad de los hechos denunciados dependerá, no solamente la confiabilidad del ex legislador perredista, sino también la credibilidad de las instituciones de procuración de justicia.
A su vez, el gobernante chihuahuense ha sido puesto, según se vea, en un predicamento; o en la oportunidad de oro de salir al paso de la infinidad de rumores que lo señalan como el protagonista de incuantificables corruptelas y en la mejor situación para desactivar tan extendida creencia.
Podrán, los integrantes del grupo gobernante, desestimar por ahora la denuncia, pero el antecedente creado por García Chávez, cuando presentó hace años una denuncia en contra del entonces gobernador Patricio Martínez, hace que su respuesta deba inscribirse en los márgenes de la legalidad, a prueba de la desconfianza ciudadana, y le pone en charola de plata, de ser falsos los hechos señalados por el ex perredista, la posibilidad de darle una invaluable imagen de probidad y de buen ejercicio de los recursos públicos, además de hacer que aparezcan como falsas todas las imputaciones realizadas en contra del mandatario, acerca de la adquisición de infinidad de propiedades, como nunca antes había ocurrido en Chihuahua en las últimas décadas.
Ciertamente antes no existía el conjunto de herramientas para la comunicación, como ahora, y que permiten la difusión, en cuestión de segundos, tanto de los hechos reales, como de los falsos que le dan consistencia a los rumores.
Sólo la presentación de evidencias legítimas, de datos “duros”, de pruebas irrefutables puedan llevarnos a conclusiones contundentes respecto de un acontecimiento, o, como es el caso, de una sentencia tan grave como la que hoy nos ocupa.
Quienes gobiernan al Estado Grande podrían, también, simplemente desestimar públicamente la denuncia presentada y por las vías oficiales presentar todas las pruebas de descargo que les permitieran salir airosos de ella y demostrar contundentemente que fue un infundio de García Chávez; congruente, dirán, con la línea política-editorial seguida por éste, al hacer del gobernante chihuahuense objeto de una permanente crítica en los espacios de las redes sociales a los que tiene acceso.
La denuncia pone, también, bajo la lupa a las instituciones a las que ha recurrido el denunciante: A la Procuraduría General de la República (PGR), a la Comisión Nacional Bancaria, al Banco de México y a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.
Estas deberán mostrar fehacientemente la falsedad de los hechos denunciados por García. Si la desechan, sin investigación alguna la consecuencia es lógica, cantada dados los antecedentes, el activista acudirá al amparo, y de serle negativa la solicitud, a las instancias internacionales.
Seguramente la resolución tardaría años -de darse esta última opción- pero las consecuencias, de ser favorable para el denunciante, sí serían de trascendencia, tanto para los señalados, como para el Gobierno de Chihuahua, independientemente de quien ocupara la principal responsabilidad para entonces.
Si esto último ocurriera, entonces el quebranto para el partido gobernante sería inconmensurable.
Así que está en juego no solamente la credibilidad del denunciado, sino del denunciante, que, además, anuncia la creación de una organización ciudadana especialmente dedicada, según sus palabras, a la vigilancia en contra de la corrupción gubernamental.
No puede desestimarse, tampoco, el entorno en el que se presenta la denuncia. Estamos a unos días del IV Informe de Gobierno de la actual administración y en los prolegómenos de la campaña electoral federal, que en el caso de Chihuahua tiene el ingrediente que, por lo menos en el partido gobernante, señala, casi con certeza, quién podría convertirse en el candidato al gobierno del estado.
No se puede, tampoco, descartar que la filtración de la información, de ser cierta y en ello nos ayudará la presentación de las pruebas, haya sido fruto de las mismas filas del partido gobernante.
Son muchas las vertientes existentes, muchos los intereses que están en juego, la posibilidad de la explotación masiva de los energéticos en territorio chihuahuense no sólo es una más, le acarrea a la situación política y social de Chihuahua un explosivo ingrediente.
La denuncia de García Chávez le cae, además, como anillo al dedo al Partido Acción Nacional, señalado por éste en uno de sus artículos publicados en la página web, como el único receptor, desde el punto de vista electoral, de los quebrantos del Partido Revolucionario Institucional, en virtud de la poca inserción electoral de la izquierda -o en términos del mismo analista- dada la desaparición de ésta (señalados en esta vertiente el PRD, Movimiento Ciudadano y el PT), al subsumirse al PRI en el último proceso electoral y en su actual desempeño, y quedar como único referente, de esta corriente, el partido de López Obrador, Morena, pero cuya fuerza aún deberá demostrar en las elecciones del próximo año.
La denuncia, de ser ciertos los hechos consignados, reviste una extrema gravedad, García Chávez señala como adquirentes de un fideicomiso por 65 millones de pesos al Gobernador Duarte y su esposa, Berta Gómez. Figura financiera que, sostiene, usaron para que adquiriera acciones del Banco Unión Progreso, en el que se desempeñaba, antes de ser Secretario de Hacienda, como presidente, Jaime Herrera.
En la conferencia de prensa el denunciante (y en la denuncia) señala los datos del contrato de fideicomiso, al que identifica con el número 744743, formalizado ante el notario público número 6 (aparentemente el Lic. Luis Raúl Hernández Borunda) en noviembre de 2012 y advierte que no existen evidencias de que fueran poseedores de una fortuna de esa cuantía.
Sin embargo, al momento de que se le solicitó fuera mostrada la evidencia, arguyó que esperaría a que las instituciones correspondientes cumplieran con la ley y le hicieran llegar la documentación a la autoridad penal. También dijo que en el curso del proceso podría dar a conocer las pruebas que posee.
Son tan graves los señalamientos que, por salud pública, tanto el denunciante como los denunciados debieran informar verazmente de las imputaciones y le ofrezcan a la sociedad chihuahuense todos los elementos de una y otra parte.
En aquel tenor parecieran inscribirse también otros hechos denunciados por García Chávez.
Afirmó que a través de la Secretaría de Hacienda estatal se invirtieron 802 millones de pesos en la Unión de Crédito Progreso, a una tasa de 3.93% anual, inferior, según asienta la denuncia, a las tasas promocionadas por la institución bancaria, del orden del 8% anual, razón que lo lleva a señalar un posible quebranto a las arcas estatales.
“Sin embargo, a la fecha se desconoce si esos recursos fueron reintegrados al Gobierno del Estado a su vencimiento, o si como inversión continúa de manera contable en las cuentas bancarias que ese banco tiene asignadas a sus clientes”.
En la presentación de la denuncia, (y en el texto de la misma) García Chávez le dio cuerpo al extendido rumor consistente en que el mandatario habría adquirido el Hotel Soberano:
“Se tiene conocimiento que ese monto de 802 millones de pesos invertidos por instrucciones del gobernador e implementado por su secretario de Hacienda, Jaime Ramón Herrera Corral, fue la base para el fondeo obtenido por la Unión para la adquisición de un crédito que grupo financiero Scotiabank Inverlat S. A. (Scotiabank) tenía contra el deudor hotel Soberano”.
Por esa razón, dice, el propietario del mencionado hotel es el banco recientemente aprobado.
Además, señala al actual presidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento, Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, como accionista del Unión Progreso en un porcentaje “entre el 6.55 y 9.20%”. En la denuncia señala a Hermosillo con una inversión de 10 millones de pesos.
El banco negó la participación, como accionistas, tanto del gobernador, como de Hermosillo, y sostuvo que “César Duarte Jáquez no es, ni ha sido, socio mayoritario, ni ejerce cargo directivo en la institución”, así como ser propietario, por la vía señalada por García Chávez, del hotel, pues éste es propiedad, “desde su origen, de la sociedad mercantil Chihuahua Real de Hoteles, según consta en el Registro Público de la Propiedad”.
No parece haber las condiciones para la elusión de este asunto, en los pocos días posteriores a la presentación de la demanda corrió -muy pocas pudo emplearse más adecuadamente esta expresión- como auténtico reguero de pólvora en las redes sociales de la Internet y se convirtió en uno de los temas más abordados por los sectores de la sociedad más interesados en la vida pública.
Ininteligible— A juzgar por la información publicada uno pudiera llegar a la conclusión que la verdadera preocupación del titular de la Defensoría Pública, Jorge Neaves Chacón, es la de igualar en cifras a la Fiscalía General del Estado, esto es, lograr el mayor número posible de sentencias sobre el de las absoluciones.
Es el mundo bizarro. No se entiende ¿Cómo está eso de que el responsable de los defensores públicos de Chihuahua se ufana de haber cambiado los porcentajes y que ahora se obtengan más sentenciados que absueltos?
Miren, así lo dijo: ““Cuando llegué a la defensoría teníamos un promedio de 80 por ciento de personas imputadas libres o absueltas y solamente un 20% de condenas; mientras que ahora pasa todo lo contrario; es decir, hay 80% de condenas y solamente el 20% de absoluciones”. (Nota de Heriberto Barrientos, El Diario de Chihuahua, 26/IX/14).
¡No alcanza clasificación, siquiera, en el compendio de Ripley!
¡No lo podía haber dicho mejor el fiscal general de Chihuahua!
Fuente: El Diario de Juárez
