De nueva cuenta los integrantes del movimiento Unión Ciudadana presentaron hoy la denuncia penal contra el exgobernador César Horacio Duarte Jáquez, así como contra el exsecretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral; el diputado federal Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, y contra quien resulte responsable por los delios de enriquecimiento ilícito, peculado y uso indebido de atribuciones, debido a la inacción de la PGR ante la queja ya expuesta.
“El procurador general de la República, Raúl Cervantes, nos ha ignorado de manera sistemática, han entrado nuestros coadyuvantes, pero el tema de fondo es que hay una especie de visión de derecho privado del MP, o sea la PGR, que tiene una actitud de decir: ‘Aquí hay una denuncia, pruébenla’, cuando ellos son la autoridad investigadora”, explicó Jaime García Chávez, quien presentó la primera denuncia en instancias federales el 23 de septiembre de 2014.
Además, abundó, “se ha hablado mucho de realizar un diseño patrimonial, que no es otra cosa más que cruzar la información bancaria con las declaraciones patrimoniales que los funcionarios deben hacer en chequeras y fideicomisos, aunque cruzar esa información es trabajo técnico muy complejo, por eso se han formado los mil volúmenes de mil páginas cada uno. Se supone que hay tecnología para que eso se procese y se establezcan conclusiones”.
García Chávez dijo que con la investigación que han hecho y la que obra en los expedientes, se han enterado de muchas situaciones, entre ellas el dispendio en el que vivían los hijos de César Duarte fuera de la entidad.
“Es evidente que si vemos las declaraciones patrimoniales contra las declaraciones fiscales y contra los bancos, no coinciden, no se justifica nada”, acusó.
El presidente de Unión Ciudadana indicó que Duarte no ha podido justificar de dónde sacó 65 millones de pesos para crear un fideicomiso junto con su esposa, Bertha Olga Gómez Fong, para capitalizar el banco en proceso de creación, Unión Progreso o Banco Progreso de Chihuahua y el cual es el objeto de la demanda inicial.
“Duarte inventó y está en el expediente, que él donó 40 millones de pesos a Carlos Hermosillo, le dijo: ‘Amigo, aquí te tengo un regalo’. Pasaron los meses y Hermosillo le dijo que no los quería y se los regresó. En su declaración dice que tenía 25 millones ahorrados más los 40 que le regresaron, pues se le ocurrió invertirlos en el fideicomiso, son justificaciones realmente infantiles, Duarte no tenía la virtud del buen mentiroso. No ha comprobado ni los 40 millones. Eso nos conduce a lavado de dinero”, sentenció el activista.
El exgobernador priista ha declarado en medios de comunicación que los 65 millones son el fruto de su trabajo como lotero de automóviles extranjeros y como ganadero.
Respecto de los otros presuntos cómplices de César Duarte, Jaime García Chávez advirtió:
“Cuando, a partir de que esta pequeña denuncia, se vaya desmadejando todo, nos vamos a encontrar una red mafiosa muy extendida. César Duarte estaría en la cumbre, pero arriba de él está (Emilio) Gamboa Patrón, por ejemplo, y otros funcionarios abajo, como Herrera o Hermosillo, y otras personas como Jaime Galván (empresario y proveedor de la administración anterior). Ese rompecabezas es evidente a través de los mecanismos de prueba de lo que nosotros hemos hecho, pero es mucho más amplia la investigación, es un gran reto que implicará una visión de fondo”, acotó.
Para García Chávez la denuncia que presentó hace dos años, y la que de nueva cuenta presentaron hoy, es un caso de los más emblemáticos y contundentes de corrupción, porque cuando se le comprueben a Duarte Jáquez las acusaciones y pague aunque sea una de las sentencias, la ciudadanía se dará por satisfecha.
“El caso de Duarte fue el primero en ser denunciado en el país, antes del de Javier Duarte, de Rodrigo Medina, de Padrés, pero no le han hecho caso porque no hubo músculo ciudadano, no quieren que sea un triunfo de la ciudadanía, sino hacer todo en la clase política, negociando, de ahí la importancia de Chihuahua”, alertó.
El abogado aclaró que la presentación de la denuncia es una acción autónoma e independiente, pero no ven al actual gobierno estatal como adversario, porque éste surgió de un mandato en las urnas por las demandas contra la corrupción. “Tiene legitimidad en las urnas, pero lo tendrá en el ejercicio si procede” en el caso de César Duarte.
Los integrantes de Unión Ciudadana llegaron a las instalaciones de la FGE, y el fiscal general César Augusto Peniche salió a la banqueta a recibirlos; posteriormente ingresaron cuatro representantes de la organización para entregar la denuncia y el funcionario se comprometió a revisar la demanda para desglosar lo que corresponda a la Federación e integrar lo que corresponda al fuero común.
Jaime García externó a Peniche Espejel que ya han pasado tres titulares de la PGR y no han visto resultado alguno, a pesar de que hay delitos plenamente acreditados.
“Lo que hoy estamos haciendo es una petición, presentando de nuevo la denuncia en sus términos de la que hicimos el 24 de septiembre del 2014, donde solicitamos que se abra la carpeta correspondiente y se investigue a fondo”, aclaró.
César Augusto Peniche les explicó que en la Fiscalía cumplen con la responsabilidad de escuchar y recibir a la ciudadanía, sin importar el motivo, por lo que actuarán de manera profesional y contundente.
Los inconformes recordaron que hace dos años también habían presentado la denuncia ante la Fiscalía, que entonces dirigía Jorge Enrique González Nicolás, pero no le dieron trámite, pero de la actual se pueden derivar hechos de corrupción y pueden resultar delitos locales con nexos a delitos federales, y otros sólo federales
La denuncia ante la PGR la atiende el Departamento de Inteligencia Financiera.
“El exprocurador Jesús Murillo Karam duró muy poco tiempo luego de la demanda, él pudo haber tirado la denuncia pero la radicó, abrió el expediente número 1 en la Dirección de Inteligencia Financiera, pero luego dejó la Procuraduría. Arely Gómez fue la que instrumentó el tortuguismo, patrocinó la continuidad política de Duarte en su calidad de gobernador, la responsabilidad le atañe de manera superlativa y desgraciadamente la quieren poner al frente de la lucha contra la corrupción, cuando no aporta hechos”, lamentó Jaime García Chávez.
Luego fustigó: “Raúl Cervantes es el asesor jurídico del PRI en anteriores gestiones, está ligado a Enrique Peña Nieto, que viene en el 2017 y 2018 a cubrirle las espaldas a los corruptos, uno de ellos es César Duarte. Enrique Peña Nieto le dio protección a Duarte, quizá porque lo apoyó con dinero negro para su campaña, no lo sé”.
García Chávez detalló que el delito de enriquecimiento ilícito está sustentado desde el momento en que Duarte y su esposa no han podido acreditar los 65 millones de pesos con los que crearon el fideicomiso en Banorte, para luego capitalizar a Unión Progres; el uso indebido de atribuciones, con la actuación de Jaime Herrera Corral, quien siendo apoderado y directivo del banco se convirtió en tesorero del estado y depositó más de 80 mil millones de pesos en dicha institución, lo que está acreditado con “una cantidad enorme de documentos” y, en el caso de Hermosillo, fue el prestanombres y, como director de la Junta Central de Agua y Saneamiento, mandó los depósitos desde la dependencia a Unión Progreso.
“LA CNDH TAMBIÉN ES CÓMPLICE”
Además de la denuncia ante la PGR, Unión Ciudadana presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), debido a que funcionarios estatales y municipales, a cargo del exalcalde Javier Garfio Pacheco, golpearon el 28 de febrero de 2015 a los integrantes de la organización en una manifestación contra la corrupción duartista.
“Tienen la queja archivada en la CNDH, vergonzosamente, porque al principio esperaron a que Duarte dejara de ser gobernador, pero ahora no tienen pretexto para que a Duarte y a Garfio se les abra la investigación correspondiente por esos delitos. Chihuahua tiene que hacer justicia desde Chihuahua, hay un mandato popular inequívoco que no deja lugar a dudas, Duarte cayó al impulso de una voluntad popular extendida, lo que le da legitimidad a un gobierno que alcanzará más legitimidad cuando cumpla con su promesa central. Lo que no lograron a nivel nacional, lo lograremos desde aquí, con las leyes de aquí, para decir que Chihuahua es autónomo, tiene una porción importante de soberanía en contra de quienes se enriquecieron a costa de la pobreza y traición de todos los chihuahuenses”.
Por ello la ONG llamó a la ciudadanía a acompañar la denuncia, “porque la lucha contra la corrupción no se puede delegar en el gobierno, debe ser en impulso de miles de ciudadanos que se pongan en movimiento para abatir la corrupción en Chihuahua y también en el país”.
Fuente: Proceso
