Por Ernesto Villanueva
Cambiar las costumbres, las inercias, no es una tarea fácil; antes bien, es sinuosa y compleja, aunque se trate de transformaciones positivas para la salud pública. Es el caso de la publicidad oficial en México. Muchos gobernantes han dicho que los recursos públicos destinados a los medios de comunicación deben ser transparentes y con un sentido de equidad y racionalidad. Pero hasta hoy nadie ha cumplido. Como candidato electo, Enrique Peña Nieto hizo llegar a su fracción parlamentaria un anteproyecto de iniciativa para democratizar las reglas del juego de la publicidad oficial. Nunca avanzó, se quedó sólo en un ejercicio de retórica. Hoy todo apunta a que las cosas sí van en serio.
El 15 de septiembre del año pasado, la reportera Jesusa Cervantes dio a conocer un documentado reporte de la corrupción como regla de conducta en la Cámara de Diputados en la legislatura anterior. La nueva mesa directiva que preside Porfirio Muñoz Ledo busca dejar como legado un cambio real en los criterios de asignación de pautas de publicidad oficial a los medios. En las próximas semanas la Cámara de Diputados tendrá (por fin) una normatividad innovadora, por la transparencia y equidad de su contenido, que marcará un parteaguas en las relaciones de ese órgano legislativo con los medios de comunicación.
El cambio ha empezado ya en la Coordinación de Comunicación Social de ese órgano legislativo. Y vaya que no es menor: a) Se ha eliminado la compra externa de monitoreos de medios porque esa coordinación tiene su propia área de monitoreo que no era aprovechada; b) en la elaboración de los diseños y contenidos de los spots para los tiempos oficiales, por el precio de uno en la legislatura pasada, ahora se pagan 15 al aprovechar la infraestructura de la propia coordinación; c) Se ha reducido el número de ejemplares comprados de periódicos impresos en más de 6 millones de pesos en el presupuesto anual de esa área; d) Una reforma que ha generado un precedente histórico es la dignificación de los ingresos de los trabajadores con menores percepciones, quienes pasaron de recibir 6 mil pesos netos mensuales a ganar 15 mil pesos al mes; casi el 200% de aumento con las economías realizadas al cerrar el pozo sin fondo de la corrupción. Se trata de un asunto de la mayor importancia. Muchos piensan por desconocimiento que la ley de remuneraciones busca acotar los sueldos más altos y dejar igual a los más desprotegidos y el propósito es totalmente distinto: se busca reducir las asimetrías subiendo los sueldos más bajos y reduciendo los más altos como se hace en esa área de Comunicación Social, por poner un ejemplo; d) Se ha eliminado hasta ahora la firma de convenios de publicidad y se reactivarán, en su caso, bajo la nueva política pública en esa materia que está por ser concluida.
El cambio, empero, tiene costos altos por las resistencias de quienes habían hecho de la corrupción un modelo de vida profesional. La coordinadora de Comunicación Social, Roselli Reyes Cuevas (quien no es pariente de Jesús Ramírez Cuevas, el vocero presidencial, por cierto), ha sufrido en carne propia las consecuencias de alejarse de la inercia facilista y adoptar, en cambio, criterios de eficacia y de racionalidad del gasto público. En efecto, la eliminación de los “apoyos” a periodistas sin ningún sustento normativo y las reformas iniciadas, generaron, de entrada, que dos medios se le fueran a la yugular a Roselli al ser acusada de ganar más que el presidente de la República. Para ello se hizo una solicitud de información en 2019 de los ingresos brutos de la titular de la coordinación en 2018 y se comparó con el sueldo neto del presidente López Obrador, lastimando, por un lado, el derecho a saber y, por otro, afectando el patrimonio moral de Roselli. Y no se trató de un “error”, porque ante el ejercicio del derecho de réplica con documentos oficiales en la mano los medios fueron renuentes a modificar lo difundido, aunque finalmente lo publicaron en el lugar más escondido, dejando sin sustancia la naturaleza del derecho de réplica que es un derecho de toda persona previsto en el artículo 6 constitucional.
Cuando una servidora pública honesta y comprometida como Roselli se atreve a predicar y practicar el cambio democrático, además de cuidar los recursos del pueblo, es un deber cívico alzar la voz para reconocer y acompañar críticamente esas nuevas prácticas que mucho bien le hacen al país y que honran a quien las pone en acción. Los medios deberían ser agentes del cambio, no de la reproducción de las pautas conductuales del gatopardismo, de que todo cambie para que siga exactamente igual. Hay que recordar que el primer deber ético de un medio de comunicación es asegurar su sobrevivencia financiera, que de ninguna forma es una obligación del Estado ni en México ni en ningún lugar del mundo. Todo indica que la Cámara de Diputados no será más rehén de los medios, aunque haya que pagar momentáneamente el precio de esa transición, que no debe tener caminos de regreso.
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Fuente: Proceso
