La Comisión de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha presentado este lunes una demanda civil contra el fiscal general, Eric Holder, por la fallida operación ‘Rápido y Furioso’ ante un tribunal federal del distrito de Columbia. La controvertida operación terminó por entregar miles de armas a organizaciones criminales mexicanas que fueron utilizadas en homicidios perpetrados en México incluso contra ciudadanos norteamericanos.
La comisión parlamentaria ha explicado en un comunicado publicado en su página web que el objetivo de la acción legal es obligar al fiscal general a entregar la documentación sobre ‘Rápido y Furioso’ que fue requerida al Departamento de Justicia el 11 de octubre de 2011, pero que no se llegó a entregar.
Así, ha solicitado a la sede judicial que revoque el privilegio presidencial del que Barack Obama hizo uso ‘in extremis’ el pasado mes de junio para evitar que el Departamento de Justicia entregara dicha documentación a la comisión parlamentaria.
El presidente estadounidense vetó la entrega por recomendación de Holder, que le escribió una carta explicando que si autorizaba la divulgación de los documentos, “se producirían ciertos problemas en la separación de los poderes estatales y podría crearse un desequilibrio en la relación” entre el Congreso y la Casa Blanca.
En respuesta al veto presidencial, la comisión parlamentaria acusó de desacato al fiscal general y acordó promover una demanda civil en su contra por la que podría ser condenado a una pena de prisión y al pago de una multa.
“Después de prometer un nivel de transparencia sin precedentes, el presidente ha intentado extender el alcance de sus privilegios para obstruir el camino hacia la verdad”, ha dicho el presidente de la comisión parlamentaria, Darrell Issa.
Además, ha considerado que “esta decisión es fruto de una calculada maniobra política para no permitir la publicación de los documentos antes de los comicios” presidenciales del próximo 6 de noviembre, en los que Obama aspira a la reelección.
“El público tiene derecho a saber todo lo que ocurrió”, ha sostenido, señalando en concreto a la familia del agente fronterizo Brian Terry, que falleció en el operativo, a los mexicanos que han perdido la vida por el fracaso del mismo y a quienes han sufrido represalias por denunciarlo.
En dichos documentos, los legisladores esperan encontrar, entre otras cosas, la explicación a la decisión del Departamento de Justicia de retirar una carta fechada el 4 de febrero de 2011, que, según el comunicado, “contiene falsas negaciones sobre las temerarias tácticas de investigación usadas en ‘Rápido y Furioso'”.
En dicha operación, las autoridades estadounidenses introdujeron entre 2009 y 2010 más de 2.000 armas en México, sin el conocimiento del Gobierno de Felipe Calderón, para hacerles un seguimiento y descubrir los entresijos del crimen organizado. Sin embargo, perdieron la pista al armamento, fortaleciendo con ello a las organizaciones criminales.
Fuente: Europa Press
