- El empresario mexicoamericano José Aquino relató a Carmen Aristegui cómo le pidieron una campaña promocional para Peña Nieto en EU y luego le incumplieron, por lo que hace una semana presentó una demanda en una Corte en California.
- El vocero del PRI, Eduardo Sánchez, calificó la demanda como el resultado de un intento de extorsión “del tamaño de una catedral.
Carmen Aristegui presentó en entrevista a José Aquino, conocido como “Pepe” Aquino, un empresario mexicoamericano que es propietario de Frontera Television Network (FTN), de California, que el pasado 7 junio presentó una demanda en una Corte de California en Riverside. Desde TV Más Latino, donde está el empresario, Aristegui hablará con Aquino por teléfono y Skype.
El empresario relató que su caso comenzó cuando Alejandro Carrillo Garza Sada y los hermanos (José y Alfredo) Carrillo Chontkowsky, que le dijeron representar a Enrique Peña Nieto en Estados Unidos, le pidieron un paquete de promoción del candidato priista en la comunidad mexicana a través de diversos medios de comunicación en la Unión Americana. En el contacto le presentaron a Hugo Vigues y a Gisele Morán, quienes dijeron ser colaboradores del director de Comunicación de la campaña de Peña Nieto David López, que autorizaría los fondos para el proyecto. También dijo que se reunió con Roberto Calleja y David López en encuentros en la ciudad de México.
El 28 de noviembre se firmó el acuerdo por un monto de 56 millones de dólares entre las empresas Frontera Televisión Network, Jeramos, de Carrillo Garza Sada, y GM Global, de Gisele Morán. Implicaba varios pagos y diversas fases de resultados del 15 de enero al 15 de junio de 2012.
El 6 de diciembre pasado le avisaron que a algunos como a David López no les gustó que se hiciera el negocio con FTN, y le preguntaron si no podría hacerlo con otra empresa. Aquino les propuso Intelimedia, también de su propiedad, que compra y vende espacios en contenidos y en espacios publicitarios. Aquino dijo que se imagina que no les gustó FTN por ser de reciente creación.
Entonces le dijeron que el nuevo contrato sería pactado no con Jeramos ni GM Global sino con la Organización Nacional de Porcicultores y Sector Agropecuario, representados por Alejandro Ramírez (González). El proyecto y los costos se mantuvieron, pero sí le pidieron que en el contrato se especificara que se trataba de un apoyo de empresarios agropecuarios a la campaña de Peña Nieto. Le pidieron cinco días para transmitirle un primer depósito por 15 millones de dólares, y luego le solicitaron paciencia porque el “señor Peralta” tenía que arreglar algunas cuestiones fiscales del acuerdo.
Para continuar con las negociaciones, Aquino relató que acompañó a Carrillo Garza Sada, quien le exhibió una garantía de 900 mil dólares como soporte para el proyecto y le mostró en pantalla en Monex y Mifel cuentas con los recursos para financiar el proyecto, transmitidos desde bancos de Italia, Israel y de Portugal o Brasil; en este último caso aclara que no supo la nacionalidad, pero el idioma era portugués.
Con estas certezas Aquino reservó espacios para publicidad en sus empresas así como en otras como Stardust, de Colorado, y Canal 50, de San Diego California.
Aristegui leyó el centro de la demanda, que señala que todos los interlocutores, de acuerdo con Aquino, se repartieron los fondos originalmente asignados entre priistas como David López.
Aquino volvió a hablar con Carrillo Garza Sada, quien le dijo que “los amigos”, como llamaba a los priistas, no autorizaron la transacción de dinero, pero le mostró que en las cuentas había mucho más dinero, “cientos de millones de dólares”; que vio que en una sola cuenta había 300 millones de dólares. Carrillo le comentó que su proyecto era de los chicos.
Desesperado, Aquino volvió a ver a Carrillo Garza Sada para pedirle que si no se iba a hacer el negocio, le devolviera sus documentos descriptivos del proyecto, y su interlocutor le dijo que no era posible porque se usaron para justificar aportaciones de dinero a la campaña de Peña Nieto por parte de empresas en el estado de México.
Ante esto, representantes de Aquino vinieron a México para hablar “más arriba en el PRI”, con Luis Miranda y Luis Videgaray. Miranda les ofreció resolverles en mayo.
Finalmente, Hugo Vigues le dijo que tenía un mensaje de uno de los Carrillo Chontkowsky y le advirtió que no presentara ningún recurso legal porque las empresas que aportan los fondos están relacionadas con el narco. Aquino notificó de los hechos a Carolina Zaragoza, cónsul de México en San Bernardino, California, que lo dirigió con el señor Zedillo, representante de la PGR en Los Ángeles y al consulado americano. Luego Carrillo Garza Sada le reiteró que no presentara una demanda, porque se le impediría entrar a México y hasta podría perder sus empresas.
Aquino reveló que la DEA se ha interesado en su caso y en los siguientes días se entrevistará con personal de la agencia, para ofrecerles toda la información que tiene del caso.
A José Aquino le consta que el dinero de las empresas sí llegó a las cuentas de Monex y Mifel y todos los empresarios. También le consta que priistas de mayor jerarquía como Luis Miranda y Luis Videgaray estuvieron enterados de su caso. Relató que Carrillo Garza Sada le comentó hace tres semanas que el dinero para el proyecto existió, pero decidieron destinarlo al pago de vuelos en aviones privados del candidato presidencial del PRI.
Aristegui le pidió un mensaje que resuma lo que está enfrentando dirigido a la sociedad mexicana. José Aquino dijo que no hace esto por una intención política, que él es un empresario limpio y honesto, así como sus empresas, y pide que se le compense por los gastos derivados de su parte para cumplir con el contrato que incumplieron el PRI y los empresarios mediadores. Se reservó la cantidad que pediría, por recomendación de sus abogados.
Aristegui le pidió que se mantuviera en línea, que después de la pausa su colaborador Daniel Lizárraga expondría cuál es la primera reacción del PRI, para que luego el empresario californiano comente esta reacción.
AMENAZARON AL PRI CON DENUNCIA Y CAMPAÑA MEDIÁTICA ADVERSA
Daniel Lizárraga comentó que luego de la mesa de coordinadores de ayer, habló con Luis Videgaray, para consultarle sobre lo que iban a divulgar de José Aquino. Videgaray le pidió tiempo para indagar el caso, y en la noche le llamó Rodrigo Gallart, en representación de Videgaray, quien le dijo que hace un mes se presentó en el equipo de campaña una persona de la que se reservan el nombre por cuestiones legales, con dos contratos por servicios en el extranjero; en ninguno de los contratos aparece el PRI como contraparte. Gallart dijo que la persona amenazó con iniciar acciones legales y mediáticas si no se cumplía con la transacción y que ante ello el PRI presentó ya una denuncia en la PGR de la que todavía no tienen el número de expediente.
Aquino dijo que no sabe cómo funciona el sistema judicial mexicano, pero en EU la demanda fue aceptada porque se le vio viable. Reconoció que en ningún documento del proyecto aparece el nombre de Enrique Peña Nieto, pero que eso fue porque sus contrapartes le dijeron que no era necesario, que sólo se pusiera que era para una campaña publicitaria.
Aquino le confirmó que la persona que lo representó en México fue Francisco Torres, que acudió al PRI con Luis Miranda. Para Aquino, su colaborador es un testigo circunstancial que fortalece su demanda en EU, porque Luis Miranda no le negó que conociera el proyecto.
Aristegui despidió a Aquino y anunció que después de la pausa en réplica hablará el vocero del PRI, Eduardo Sánchez.
ES UNA VULGAR EXTORSIÓN, DIJO EL VOCERO DEL PRI
El caso planteado es una vulgar extorsión, dijo Eduardo Sánchez, vocero del PRI. Relató que el año pasado se acercó una persona de apellidos Carrillo Garza Sada al equipo de campaña, para ofrecer publicidad en medios para el candidato Enrique Peña Nieto. Se le dijo que la ley no lo permitía. Hace unas semanas se presentó Francisco Javier Torres González en el PRI, con una tarjeta que lo identificaba como director general adjunto de Grupo Inbursa, quien dijo representar a Aquino y pidió 5 millones de dólares para evitar un litigio legal y una campaña mediática en contra de Peña Nieto y el PRI.
El vocero del tricolor dijo que ante esto el PRI ya presentó una denuncia en la PGR, de la que no tiene el número a la mano, para evidenciar este intento de extorsión “del tamaño de una catedral”. Reiteró que Carrillo Garza Sada se acercó al PRI como lo hacen muchos empresarios que ofrecen la manufactura de camisetas o llaveros.
De los nombres de acusados en la demanda interpuesta en la Corte de California el vocero reconoció sólo a tres priistas: Erwin Lino, David López y Roberto Calleja.
