Una coalición de organizaciones presentó este viernes una demanda contra el gobierno del presidente Barack Obama bajo la acusación de que agencias federales han negado un proceso de deportaciones justo a miles de niños centroamericanos.
El Consejo Americano de Migración (AIC), la Unión Nacional de Libertades Civiles (ACLU) y el Centro Nacional sobre la Ley de Migración presentaron la demanda a nombre de niños y madres recluidos en el centro de detención de Artesia, Nuevo México.
“Presentamos la demanda hace unas tres horas en la Corte Federal de Washington. Aún no sabemos cuál será la próxima etapa”, dijo a Notimex Wendy Feliz, de la AIC, quien señaló que aún no deciden si pedirán una medida cautelar en tanto se resuelve el caso.
La denuncia acusa al gobierno de Obama con la promulgación de una nueva política de “mano dura” para garantizar deportaciones rápidas, sujetando a madres e hijos estándares “insuperables y erróneos” para justificar sus solicitudes de asilo.
“Estas madres y sus hijos han buscado refugio en los Estados Unidos después de huir para salvar sus vidas de las amenazas de muerte y violencia en sus países de origen”, dijo Cecilia Wang, directora del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU.
“La legislación estadounidense les garantiza una justa oportunidad de solicitar asilo Sin embargo, la política del gobierno viola esa ley”, deploró la abogada.
Entre los demandantes figura una madre hondureña que sostiene haber recibido repetidas amenazas de muerte, por lo cual busca asilo político en los Estados Unidos.
La demanda señala que su esposo, y padre de sus hijos fue asesinado por una pandilla violenta que amenazó de muerte al resto de la familia, sin que recibieran apoyo de la policía local.
Otra de las demandantes es una madre que salió de El Salvador con sus dos hijos menores de edad, a raíz de amenazas de muerte de una pandilla que buscaba el control de su vecindario. La demanda afirma que la mujer teme por su vida si regresa a su país natal.
La queja contra la administración Obama argumenta que el gobierno federal ha quebrantado principios legales al prejuzgar los caos con una política de “detención y deportación” que ignora las circunstancias individuales de los migrantes centroamericanos
Asimismo acusa a las autoridades de restringir “drásticamente” la comunicación de los inmigrantes indocumentados con el mundo exterior, incluidos el contactos con sus abogados.
“Si las mujeres logran hacer una llamada telefónica, les cortan la línea a los tres minutos. Esto hace imposible prepararse para una audiencia o recibir ayuda legal”, señalan los grupos.
La queja acusa a las autoridades de tampoco dar aviso oportuno a los detenidos para las entrevistas del proceso de adjudicación del asilo, y de forzar a las mujeres a responder a preguntas “traumáticas” sobre violaciones sexuales, en presencia de sus hijos.
“Las mujeres y los niños* han soportado brutales asesinatos de sus seres queridos, violaciones, amenazas de muerte y atrocidades similares que ninguna madre o el niño nunca debería tener que soportar”, dijo Trina Realmuto, del Proyecto Nacional de Inmigración.
“Y nuestro gobierno los está arreando a través del proceso de asilo como ganado”, lamentó.
Más de 60 mil menores sin acompañantes han sido detenidos en la frontera desde el inicio del año fiscal 2014 en octubre, en adición a otros 60 mil que viajan con familiares adultos.
El Departamento de Seguridad Interna (DHS) reportó que las detenciones de niños sin acompañantes bajaron a 5 mil 508 en julio en relación con más de 10 mil en el mes previo, pero aún subsisten miles de casos en trámite en las cortes estadounidenses.
Bajo la ley de tráfico de personas, los menores detenidos que proceden de países distintos a México tienen derecho a un proceso legal que incluye la revisión de sus casos por jueces migratorios.
Fuente: AP
