Por Luis Javier Valero Flores
La “espontánea”, sorpresiva y “comprometida” respuesta de los partidos políticos –PRI, PAN, PRD y MC– de renunciar al total de las partidas correspondientes al financiamiento de las campañas electorales, es de una tremenda irresponsabilidad, además del ingrediente demagógico y de la inocultable pretensión de obtener ganancias electorales.
El PRI, en voz de su dirigente nacional, Enrique Ochoa, fue más lejos; en aras de intentar rescatar a su partido de la sima en que se encuentra, y queriendo sacar tajada de una muy extendida percepción, anunció la propuesta de desaparecer a los legisladores plurinominales.
Todo lo anterior fue desatado por el dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, quien propuso inicialmente la entrega del 20 por ciento de su financiamiento a un fideicomiso, “dirigido por gente honesta”, propuesta que luego cambiaría el Consejo Nacional al 50 por ciento del financiamiento público a este partido, también, con el ánimo de mostrarle a los mexicanos su compromiso con la pretensión de disminuir el derroche gubernamental.
Desatada la crítica popular hacia los partidos políticos, las propuestas “populistas” son lanzadas por las fuerzas políticas en peligro de perder su hegemonía, para intentar mantenerlas.
Y estas sí son populistas, pues pretenden, prenderse, literalmente, del ánimo popular y proponer cosas que le agraden a la población, así se trate de verdaderos atentados a los procesos democráticos, tan dificultosamente construidos a lo largo de décadas, como es el caso ahora abordado.
¿Qué harán las costosas dirigencias partidistas, y su extensa burocracia, para financiar sus actividades? ¿Cómo costearán las campañas electorales el año próximo? ¿Cómo creer que se lanzarán a las calles los integrantes de la clase política a obtener las simpatías electorales? ¿Cómo harán las campañas los partidos que no cuenten con una estructura territorial? ¿Y cómo la harán los que sí la tengan?
Para todo lo anterior se requiere de inmensas cantidades de dinero y los partidos saldrán a las calles, sí, pero para obtener el financiamiento necesario, de donde sea, a como dé lugar y no tardarán en llegar las propuestas de elevar el porcentaje del financiamiento privado a los partidos.
Tan “renovadoras” propuestas provendrán, tanto de las dirigencias partidistas, como de los más exaltados promotores de la desaparición de privilegios y financiamientos a los partidos.
No se trata, obviamente, de defender a los partidos per se, bastante han hecho para recibir el rechazo casi generalizado de la población, se trata de salir al frente a quienes impulsan el regreso del pasado en materia electoral.
Sintéticamente: La idea que normó la intención de crear el financiamiento público a los partidos públicos y de disminuir abruptamente el financiamiento privado, así fuera el de muy “comprometidos” militantes, era el de impedir que el dinero de origen ilícito ingresara a las campañas y, por tanto, determinara, o influyera grandemente en los resultados electorales y en la actuación de los gobernantes.
La segunda razón era la de darle mayor equidad a las campañas electorales, para que el factor económico no fuera el determinante, al momento en que el elector definiera su voto.
Claramente, en prácticamente todas las campañas electorales de los partidos, pero preferentemente en las del PRI y en segundo lugar del PAN, el ingreso de dinero privado a las campañas es a carretadas, pero de manera clandestina y, de ningún modo, ni reportado por los partidos, ni encontrado por los órganos electorales.
Pero, por lo menos, está abierta la posibilidad de que, de ser encontrada la irregularidad, tengan sanciones quienes incurran en esas violaciones legales.
Si ahora abrimos la puerta al financiamiento privado a las campañas electorales, le abriremos las puertas al infierno producido y alentado por el dinero sucio, de todo tipo, no sólo del crimen organizado, sino de los “moches”, los “entres”, “mordidas”, etc., denominaciones populares que han recibido las operaciones de la corrupción en nuestro país.
Ahora bien, en el terreno concreto, de la próxima contienda presidencial, la pretensión de priistas, panistas y perredistas es anunciar su rechazo al financiamiento público y lanzarse en brazos de los más poderosos financieros-empresarios, del mundo lícito y del ilícito para acceder a sumas multimillonarias y dejar al resto de los partidos, particularmente a López Obrador, que no tienen esa posibilidad –porque la rechazan– de aceptar el dinero de los círculos del poder existentes en el país, lo que le daría a la contienda características de una gran inequidad.
De ese tamaño es la propuesta demagógica hoy en boga.
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