“Con los resultados del referéndum, Cataluña se ha ganado ser un Estado independiente. Los urnas dicen sí a la independencia. Asumo el mandato del pueblo para que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de República”, ha declarado el presidente de Cataluña Carles Puigdemont. El presidente Puigdemont propone al Parlamento suspenda los efectos de la declaración de independencia para iniciar un diálogo con el gobierno español.
Carles Puigdemont ha declarado la independencia pero la ha dejado en suspenso. El presidente de la Generalitat ha afirmado esta tarde durante su comparecencia en el Parlament que asume, al presentar los resultados del referéndum, “el mandato del pueblo para que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república”, pero ha propuesto que en las próximas semanas el Parlament “suspenda el efecto de la declaración de independencia para emprender un diálogo para llegar a una solución acordada”.
“No somos unos delincuentes, unos locos o unos golpistas”, sostuvo. “Somos gente normal”
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— EL PAÍS (@el_pais) October 10, 2017
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La alambicada fórmula diseñada por el presidente de la Generalitat es la evidencia de la complejidad del momento. De las tensiones internas en el bloque independentista, de la constatación de la gravedad del momento, de los riesgos de avanzar hacia un conflicto civil, del éxodo de empresas… No se anuncia la independencia pero no ofrece dudas para Mariano Rajoy. El presidente del Gobierno tiene previsto iniciar hoy mismo los trámites preceptivos para poner en marcha el artículo 155 de la Constitución y hacerlo con el beneplácito del PSOE y de Ciudadanos.
El presidente de la Generalitat quiso dar en su discurso continuidad a los resultados de la votación del 1 de octubre. Trasladar al hemiciclo no sólo su orgullo por los más de dos millones que lograron votar entre cargas policiales, si no también lanzar, en castellano, un mensaje de serenidad. “No somos unos delincuentes, unos locos, unos golpistas ni unos abducidos. Somos gente normal que pide poder votar y que ha estado dispuesta a todo el diálogo que fuera necesario para realizarlo de manera acordada”, defendió. El reto era cómo mantener la mano tendida sin defraudar las expectativas independentistas
El Gobierno no da margen a la propuesta y reclama a Puigdemont que vuelva a la ley
Y buscando la cuadratura del círculo Puigdemont logró la implosión del autogobierno catalán con la amenaza de la suspensión de la autonomía, y del discurso en bloque soberanista que hasta ahora había avanzado –a trancas y barrancas– hasta hacer posible la votación del 1-O.
El Gobierno del PP ve a Catalu-nya en la situación de “mayor incertidumbre de la historia”, en palabras de Soraya Sáenz de Santamaría. La vicepresidenta resumió la situación en una única frase: “Ni Puigdemont ni nadie puede sacar conclusiones de una ley que no existe, de un referéndum que no se ha producido y de una voluntad del pueblo de Catalunya de la que quieren apropiarse. Tampoco puede pretender una mediación sin volver a la ley y a la democracia”. Rajoy se reunió anoche en la Moncloa con Pedro Sánchez, mantuvo diferentes conversaciones telefónicas con Albert Rivera y hoy, tras el Consejo de Ministros extraordinario, comparecerá en el Congreso.
El Parlament tampoco fue ayer terreno libre de hostilidades. Puigdemont convocó a las 17h al grupo parlamentario de Junts pel Sí pero la batalla se jugaba en otro despacho. Puigdemont no había compartido con la CUP los últimos ajustes de su discurso. De hecho, hacía un par de días que el president no mantenía contactos con los cuperos y Marta Rovira anunciaba que se plantaban. Puigdemont, Oriol Junqueras, Lluís Corominas, los líderes de la ANC y Òmnium y los consellers Romeva, Turull y Comín eran testigos de cómo la secretaria general de ERC subía el tono hasta límites insólitos. La coordinadora general del PDECat se reunió con Artur Mas y se acordó no ceder en la “DUI suspensiva”, aunque se tuvo que organizar una nueva escenografía.
Puigdemont trasladó a la CUP el mensaje de que la presión internacional recomendaba evitar la proclamación de la república y ofrecer diálogo a Madrid antes de declarar la independencia. Los anticapitalistas no sólo torcieron el gesto. Se veían libres de manifestar su disconformidad con la propuesta final de Puigdemont pero mantenían la presión sobre el Govern al hacer firmar una “declaración de los representantes de Catalunya”. El documento es, ni más ni menos, que la base para constituir “la república catalana, como Estado de derecho independiente y soberano, de derecho, democrático y social” y que debe poner en marcha la ley de desconexión. Se firmó con solemnidad y cara grave por parte de muchos diputados del PDECat y ERC, aunque el texto es un brindis al sol mientras no se registre en el Parlament. Eso llegará en el momento en el que Puigdemont dé por perdida la puerta del diálogo y la mediación abierta ayer.
El president asume el “desconcierto” del soberanismo para lanzar un mensaje a la UE
El president es consciente de que la oferta a Rajoy no tiene recorrido, pero dio prioridad a lanzar un mensaje a “las capitales europeas”, según defendían desde el Palau de la Generalitat. Puigdemont paga el precio del “desconcierto” de quienes acudieron a votar el 1 de octubre por lo que se considera “un bien superior”, que es reafirmar la voluntad del Gobierno catalán de alcanzar una salida consensuada frente al inmovilismo de Mariano Rajoy. Y según fuentes del Govern, anoche ya hubo “acuse de recibo” de alguna cancillería.
Ese era el mensaje que también trataba de transmitir el PDECat. Se ponía el acento en que no había declaración de independencia sino que se trasladaba los resultados del referéndum y se daba prioridad a la oferta de diálogo, sin plazos fijos, que el Gobierno central rechaza. El partido de Puigdemont esperaba la intervención del president como una muestra de resistencia frente a ERC y la CUP. Artur Mas y Marta Pascal participaron en numerosas reuniones durante todo el lunes. La coordinadora general del partido salió del Palau de la Generalitat sobre la medianoche y no supo más del president. Tampoco ERC digirió con unanimidad la fórmula del president. Quedó en evidencia en la reunión del Consell Executiu, pero, nuevamente, no hubo desajustes en su discurso interno.
La CUP sí se lo podía permitir y lo hizo: “Hoy tocaba proclamar la república catalana, el único medio de negociación con el Estado español”. A partir de ahí, la unidad de discurso del independentismo se rompió: “No podemos aceptar la suspensión de nada”, “no podemos asumir la derrota”, “¿negociación y mediación con quién?”, preguntó Anna Gabriel en el hemiciclo. Arran lanzó su particular aviso: “Estamos asistiendo a una traición inadmisible. Puigdemont frena el mandato popular claro y rotundo del referéndum”. No hubo aplausos para el discurso de Puigdemont entre los diputados anticapitalistas, tampoco de los tres diputados de Demòcrates.
Tampoco satisfizo en la calle. La multitud congregada en el paseo Lluís Companys convocada por las entidades independentistas empezó aplaudiendo al president y acabó pitando la suspensión de los efectos de la declaración de independencia. Aunque las interpretaciones dependían de cada plaza y cada municipio. Los líderes de la ANC y de Òmnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, ayudaron a digerir el desconcierto. “Es una decisión responsable. Entendemos que los próximos días serán determinantes”, “nadie que votara el 1-O puede sentirse decepcionado” con la actuación de Puigdemont, concluyó Sánchez.
En la oposición, Inés Arrimadas, Miquel Iceta y Xavier García Albiol pidieron elecciones con argumentos variables, mientras que Catalunya Sí que es Pot recibió el mensaje de Puigdemont como una “oportunidad al diálogo”. Eso lo agradeció la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que apremió en las redes sociales a Rajoy a recoger el guante. Más allá de los partidos la acogida fue dispar. La Pimec ve margen para el diálogo y Planeta se sumaba a última hora a la lista de empresas camino de Madrid.
Un delito ya consumado
Por otro lado, desde la Justicia se va a esperar a ver si los máximos responsables catalanes deponen de su actitud una vez que el Gobierno central suspenda sus funciones. En caso de que den un paso atrás se verá con buenos ojos a la hora de actuar con mayor o menor contundencia. Aunque hay algo que se insiste desde el mundo judicial: el president ya ha actuado delictivamente y tendrá que ser perseguido por ello.
Otro aspecto que se está barajando es si Carles Puigdemont aplica la ley de transitoriedad y establece un plazo de seis meses para el “proceso deliberativo” entre la proclamación del resultado del 1-O y la convocatoria de elecciones para la asamblea constituyente. Los redactores de la ley prevén un plazo similar para que la asamblea apruebe una Constitución que será sometida de nuevo a referéndum, tras lo cuál se convocarían elecciones legislativas ordinarias.
Las fuentes jurídicas consultadas explican que a la hora de perseguir por los delitos de rebelión y/o sedición a los miembros del Govern y del Parlament que han colaborado con los preparativos del referéndum estos plazos ya dan igual. Si el martes proclama la independencia aunque sea con un plazo previsto, la ley caerá sobre ellos.
TSJC o Tribunal Supremo
El siguiente paso es decir en qué tribunal deberán ser investigados los presuntos responsables de la rebelión y/o sedición. Por ahora, la Fiscalía ha decidido que debe ser competencia de la Audiencia Nacional la investigación por sedición, y por la que ya hay abierta una causa contra el major de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluis Trapero; su intendente, Teresa Laplana; el presidente de ANC, Jordi Sánchez, y el de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.
Sin embargo, en el caso de Puigdemont y el resto de su equipo hay una diferencia, al ser miembros del gobierno regional o diputados autonómicos se encuentran aforados. Ahora bien, el órgano competente es el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por hechos cometidos en su territorio pero, sin embargo, según explican fuentes jurídicas, cuando los hechos son cometidos fuera de Cataluña el órgano competente es el Tribunal Supremo.
Los juristas están barajando la posibilidad de que a pesar de que Puigdemont y su equipo hubieran perpetrado el delito de rebelión en Cataluña, los efectos del delito afectarían a todo el territorio nacional y, por tanto, la competencia sería del Tribunal Supremo.
Por otro lado señalan que a pesar de que se aplique el artículo 155, los presuntos responsables quedarían con sus funciones suspendidas provisionalmente y resultaría dudoso que pudieran perder el aforamiento en esas circunstancias, lo que implicaría que la competencia fuera de la Audiencia Nacional.
Fuente: La Vanguardia