Por Luis Vavier Valero Flores
El escándalo de “La Casa Blanca” de la actual pareja presidencial se ha convertido en un revulsivo de la sociedad mexicana.
Al repudio generalizado a las agresiones a los normalistas de Ayotzinapa, vino a sumarse la difusión de un reportaje, realizado por el equipo de la periodista quizá más prestigiada del momento -Carmen Aristegui- justo cuando el Presidente Peña Nieto, incapaz de entender del “momentum” por el que pasaba el país, decidió, a pesar de todo, salir al extranjero y mandar al Procurador Jesús Murillo Karam a “vendernos” la supuesta incineración de los 43 estudiantes desaparecidos.
La indignación generalizada por estos hechos, se agravó por la certidumbre que nos encontrábamos frente a un evidente conflicto de interés, soborno o “moche”, realizado por ni más ni menos que del Presidente de la República, de su esposa, de la principal empresa televisiva y del contratista más beneficiado por el gobierno de Peña Nieto en el Estado de México, y ahora mismo, en el gobierno federal; el presidente respondió como en el pasado, que se trataba de un intento de desestabilizar al país y a su proyecto político.
Todo, porque todo un país, atónito, confirmaba, en voz de los protagonistas, que la clase política era capaz de mentir, incluso con las pruebas al alcance de la mano. Y que para desestimar los señalamientos ubica en el centro de ese complot un reportaje de cosas que han debido aceptar públicamente, a través de una de las comparecencias televisivas que mayor indignación, desconfianza y burlas que figura pública haya despertado en el pueblo de México. (Sólo el 13% de los mexicanos le creyeron a Angélica Rivera. Reforma, 22/XI/14).
Peña Nieto, para descalificar las acusaciones de las corruptelas realizadas alrededor de la “Casa Blanca” hizo públicos los valores de sus propiedades, contenidas en la declaración patrimonial presentada al inicio de su mandato y que se había negado reiteradamente a dar a conocer su cuantía.
Ahora sabemos que es el dueño de una fortuna… derivada de las donaciones recibidas de sus padres y de su cónyuge anterior.
Dio un paso que la clase política (toda, de todos los partidos políticos) se había negado a realizar: Hacer públicas sus declaraciones patrimoniales.
Todos están dispuestos -y obligados- a presentarlas ante los órganos competentes, sólo para que éstos las guarden bajo siete candados y efectúen todas las maniobras necesarias para mantenerlas lejos del escrutinio público, porque acceder a ellas significaría adentrarnos en las vísceras del enriquecimiento de la mayoría absoluta de la clase política, muy por encima de sus legales ingresos como funcionarios públicos; legales, pero no justos, ni adecuados y en la inmensa mayoría de los casos, recibidos inmerecidamente.
Por todos los mecanismos posibles han impedido que podamos seguir la ruta crítica de sus bienes; es decir, apreciar de qué modo crecen o disminuyen sus fortunas personales.
Por si faltara poco, no hay gobernante que falte a la regla de ubicar en las oficinas encargadas de recibir y custodiar sus declaraciones patrimoniales a uno de sus más cercanos allegados. ¿De cuántos casos saben de una “filtración” de la fortuna de algún funcionario?
No cabe duda que ha funcionado tal estratagema.
Hasta ahora.
Es de tal magnitud la indignación levantada en la sociedad mexicana por las agresiones a los jóvenes de Ayotzinapa y “La Casa Blanca” que orilló a Peña Nieto a revelar uno de sus secretos mejor guardados: Es poseedor de una cuantiosa fortuna a pesar de ser solamente funcionario público durante los últimos 17 años, de ahí las suspicacias que despierta el hecho de que la mayor parte de sus propiedades sean “donaciones”.
Bueno, pues para no perder el ritmo ni la calidad, otra persona de su más cercano entorno, su actual esposa, también recibió muy generosas, en la práctica donaciones, ya que, primero, Televisa le entrega, como “fruto de su trabajo”, una casa y una millonada y luego, el principal beneficiario de la obra pública del gobierno mexiquense, en tiempos de Peña Nieto, le vende, en “abonos chiquitos” y con una quita de por lo menos 30 millones de pesos, una casa de ensueño.
Esas son corruptelas, como las pinten.
En primer lugar, Televisa era la beneficiaria de inmensas fortunas gastadas por el gobierno mexiquense de Peña Nieto para promoverlo como serio aspirante a la presidencia de la república. En esas transacciones su novia, por pura coincidencia artista “exclusiva” de la televisora, recibe la primera mansión, la “casa chica”.
De ahí la desesperada maniobra presidencial: “Transparentar” sus bienes, ponerles números en pesos y centavos.
Pero sólo la última, ninguna de las anteriores, de cuando fue Tesorero del Gobierno del Estado de México, o líder del Congreso del Estado o gobernante de la entidad.
Las consecuencias de ese acto serán -debieran ser- incalculables y posibilitarán, esperamos, una saludable mejoría en materia de transparencia.
Podrían abonarle una buena dosis de salud a las finanzas públicas y atenuarían o evitarían innumerables querellas, una de ellos, la relacionada con la denuncia presentada por Jaime García Chávez en contra del Gobernador César Duarte y dos de sus funcionarios.
Llevado el asunto a la Cámara de Senadores por el senador del blanquiazul, Javier Corral (el que no ha hecho “nada” por Chihuahua, dicen los apologistas del gobierno local) arrojó un inesperado resultado: Obtuvo mayoría de votos porque se considerara de urgente y obvia resolución realizar un exhorto a la PGR para que diera entrada a la denuncia.
Sin embargo, no fue aprobada porque necesitaba de la votación aprobatoria de las terceras partes de los senadores presentes.
Pero el hecho político quedó plasmado ahí, tuvo una votación mayoritaria procedente de senadores del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.
Quizá como táctica legislativa, ninguno de los legisladores priistas salió a defender al gobernante chihuahuense, a pesar de que el líder de ellos, Emilio Gamboa, fue el principal impulsor de Duarte al Gobierno de Chihuahua. Probablemente se equivocaron.
En ese entorno, dos hechos llaman la atención: Por una parte el Gobernador Duarte se declaró dispuesto a hacer pública su declaración patrimonial, siguiendo el ejemplo de Peña Nieto y, dos, el posibilitar que los manifestantes pudieran acceder al paso del desfile del 20 de noviembre en la capital del estado y plantarse durante algunos minutos frente al presidium, en los que se lanzaron durísimas consignas en contra del gobernante y de Peña Nieto.
Siendo importante lo último, y de elogiarse, lo trascendente es la promesa del Gobernador Duarte de hacer pública su fortuna personal, la que detalló en una extensa entrevista otorgada a los reporteros de El Heraldo de Chihuahua (19/XI/14), en lo que es, a todas luces, un error, pues ese tema es el de la mayor importancia para los chihuahuenses y debieran acceder a esa información sin discriminación alguna.
Dijo estar “dispuesto a publicar sus bienes patrimoniales y a someterse a cualquier tipo de investigación que se le pretenda hacer, ya que no tiene nada qué ocultar”, además de estar “a disposición de las autoridades, (pues) no tengo nada que esconder”. (Nota de Orlando Chávez Echavarría, El Diario de Chihuahua, 20/XI/14).
Agregó “que hay personas que aprovechan la oportunidad para cuestionar los avances que se han logrado en la entidad” y manifestó estar preocupado porque “actores por Chihuahua estén buscando pretexto y confundiendo a la sociedad para con ello distraer los avances que tiene la sociedad, no solamente el Gobierno”, en lo que fue una repetición, atenuada, de su intervención durante la celebración de la reunión del Consejo Político Estatal del PRI, celebrada el miércoles, en la que aseveró no tener temor; si no lo tuvimos, dijo, “para los sicarios, menos para los chismosos”.
Y como si los asuntos planteados por García Chávez no fueran de la incumbencia de los ciudadanos, “… Criticó que se pretenda llevar los problemas políticos a los ciudadanos, los cuales, según dijo, ya tienen suficientes problemas en el día a día, como para tener que saber de los problemas entre los actores de la política” pues “los asuntos de la política que se resuelvan en las instancias políticas, y las jurídicas en las instancias jurídicas, y yo estoy listo para todas”. (Ibídem).
Además, señaló que las acusaciones “obedecen a que se avecinan tiempos electorales”.
Bueno, pues ya tiene la herramienta para demostrarle a la sociedad chihuahuense tales asertos. Al prometer la publicación de su declaración patrimonial, hará posible que podamos apreciar el crecimiento de fortuna personal y familiar pues recordemos que Angélica Rivera está equivocada cuando sostuvo que no estaba obligada a presentar su declaración patrimonial.
Bueno, ella no, pero sí su esposo, el presidente Peña Nieto tenía la obligación de declarar los bienes de ella.
Así, si el mandatario chihuahuense le exhibe a la ciudadanía sus declaraciones patrimoniales, la que presentó al inicio de su mandato y las de cada año, que obligatoriamente debe presentar a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno de Chihuahua, podremos apreciar que, efectivamente, percibió los suficientes ingresos económicos como para aparecer con la posibilidad de -en cuanto Unión Progreso “se convierta en banco”- aparecer como socio del mismo, en las cantidades señaladas en la denuncia de García Chávez, a través del fideicomiso señalado por uno y otro.
Hacerlo de esa manera desactivaría una parte de las acusaciones y le daría una bocanada de aire fresco -“oxigenaría”- el ambiente político social en Chihuahua.
Y si, además, enviara una iniciativa del ley para que, en adelante, las declaraciones patrimoniales sean públicas, mejor.
Si solo queda en una promesa; peor, infinitamente peor.
TEMPERATURAS.- ¿Y si no caen las temperaturas; si no cae el aguanieve, o la nieve que dicen caerá los próximos días, en grados tales que llevaron al Gobierno de Chihuahua “a sugerir” la suspensión, solamente, de los Colegios de Bachilleres y de las dos universidades públicas? ¿Cómo lo explicarán?
¡Válgame. Ay, Ayotzinapa cuántas cosas ocurren bajo tu sombra!
