Los abogados de ambas partes en un caso de caracterización racial contra la Policía del Condado Maricopa, dirigida por Joe Arpaio, solicitaron el viernes a un juez que acepte sus respectivas propuestas -divergentes- para solucionar la conclusión de un tribunal de que la entidad policial ha actuado específicamente contra hispanos.
Uno de los principales puntos en discordia es si el juez debe nombrar a un funcionario que supervise las operaciones de la agencia policial a fin de garantizar que no haga arrestos inconstitucionales.
El juez federal Murray Snow había dicho con anterioridad que se asignaría un observador nombrado por el tribunal.
En mayo Snow concluyó que la Policía del Condado Maricopa ha caracterizado racialmente a los hispanos y prolongaba sin motivo las detenciones en sus patrullajes de tráfico e inmigración, la primera vez que un tribunal falla que la entidad participa en actividades de caracterización racial.
La Policía de Maricopa ha apelado la decisión.
El fallo no expone a Arpaio a cumplir tiempo alguno en prisión ni a pagar multas, pero es previsible que el juez decida remediar las infracciones constitucionales que ha identificado.
Hace una semana ambas partes plantearon posibles soluciones y facilitaron mayores detalles sobre sus propuestas en documentos que cada cual presentó el viernes al tribunal.
Los abogados que presentaron el caso contra Arpaio dijeron que un observador nombrado por la corte es necesario para garantizar la fiscalización de las actividades policiales.
La Policía de Maricopa se opone al nombramiento del observador y expresó preocupación de se imponga a las funciones que las leyes estatales y la Constitución de Arizona conceden al jefe policial.
Otro punto de desacuerdo es la propuesta de quienes impulsan el caso para que la Policía de Maricopa adopte medidas a fin de mejorar su relación con la comunidad hispana mediante el establecimiento de una comisión asesora comunitaria y la realización de reuniones de información a la comunidad en ciertas zonas del condado.
La Policía de Maricopa dijo que las condiciones de la propuesta de información comunitaria se extralimitan en el caso.
En el documento que presentaron el viernes, los demandantes afirman que prevén que la Policía de Maricopa tardaría “al menos dos años” en poner en marcha muchas de las reformas y propusieron que “la Policía del Condado Maricopa sea obligada a cumplir la orden judicial durante al menos tres años antes que el tribunal elimine alguna disposición”.
Dijeron que Arpaio y la Policía de Maricopa “han mostrado una continua renuencia a aceptar que han obrado indebidamente y son reacios a las reformas”.
“La Policía del Condado Maricopa niega que sea necesario que un observador contribuya a que el tribunal impida futuras infracciones constitucionales, se opone a cambios de política, a horas de capacitación, a términos para la recopilación de información crítica, a una mayor rendición de cuentas mediante procedimientos de supervisión y disciplinarios, y otras medidas normales en casos de caracterización racial, e incluso se rehúsa a intentar la reparación de las relaciones con la comunidad dañadas por sus infracciones previas”, escribieron los abogados de los demandantes en un documento de 30 páginas.
Los abogados de Arpaio, en su documento de 24 páginas, dijeron que “el nombramiento de un ‘observador independiente’ es redundante en este caso y resultará en gastos innecesarios e injustificables” que podrían alcanzar al menos un millón de dólares anuales.
También dijeron que los demandantes pretenden “cambiar todas las operaciones de la división de Asuntos Internos de la Policía del Condado Maricopa”.
El 30 de agosto está prevista una reunión en que las partes estudiarán posibles soluciones.
Fuente: AP
