Se le cayó el teatro, ese que con el apoyo ilegal de varias secretarías de estado y la entonces Procuraduría General de la República, ordenó que se montara, en octubre de 2014, el entonces presidente, Enrique Peña Nieto.
El 3er informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ha terminado de demostrar, con evidencias contundentes, con videos y documentos de inteligencia que, por orden expresa de Andrés Manuel López Obrador, les fueron finalmente entregados, que la llamada “verdad histórica” no es más que una farsa siniestra.
Se le hizo fácil a Peña Nieto, a este hombre banal, a este personaje inventado por la Televisión e impuesto en la presidencia por la oligarquía rapaz, intentar dar un carpetazo a la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural, Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Los mataron a todos dijo, los incineraron en el basurero de Cocula, esparcieron sus restos en el Río San Juan, los sicarios están presos, no fue el Estado, demos vuelta a la página, “ya supérenlo”, sigamos con las reformas estructurales, la entrega a particulares de los bienes de la nación, el Pacto por México, los viajes por el mundo.
Pero no fueron solo Peña Nieto y sus subalternos; el General Salvador Cienfuegos (al que en los Estados unidos pueden haber exonerado, pero que tiene aquí al menos esta cuenta pendiente con la justicia), el entonces procurador Jesús Murillo Karam, el ex secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, el ex secretario de Marina Vidal Francisco Soberón y el ahora prófugo Tomás Zerón los responsables del montaje y del éxito relativo de esta operación de simulación, encubrimiento y obstrucción de la justicia.
También los medios y en ellos algunos de los más destacados intelectuales y líderes de opinión, jugaron un papel, tan pernicioso como estratégico, en esta operación de Estado.
Aunque su avasalladora, constante y masiva defensa de esta farsa siniestra y la coartada mediática que, para salir bien librado, le construyeron a Peña Nieto se estrellaron contra la digna e inquebrantable resistencia de las Madres y Padres de los Normalistas, lo cierto es que, estos poderosos e influyentes personajes, legitimaron la mentira y desacreditaron la verdad e intentaron, por todos los medios, desprestigiar, descalificar al movimiento social qué, en legítima demanda de verdad y justicia, se tomó las calles. Su acción alivió la presión sobre el gobierno y, sobre todo, dio un tiempo precioso a los criminales para borrar todas sus huellas.
Dos crímenes que no, aún no cesan, para cuyas víctimas aún no se ha hecho justicia, se perpetraron en Iguala el 26 de septiembre de 2014. Una masacre y una desaparición masiva en las calles de la ciudad por un lado y un crimen igualmente atroz que se produjo antes, durante y después de las mismas.
Los culpables de este crimen de Estado actuaron o dejaron de actuar en esas mismas calles, en las comandancias de las policías de varios municipios, en el C-5 de Iguala, en el Cuartel del 27 Batallón de Infantería, en el CISEN, en la PGR, en la Secretaría de la Defensa, en la de Gobernación y en la misma residencia presidencial de Los Pinos.
Tan culpables, a mi juicio, son los sicarios que desaparecieron a los 43 Normalistas como esos servidores públicos -hablo de toda la cadena de mando hasta el entonces presidente de la República- que desaparecieron la verdad, encubrieron a los criminales, entorpecieron la investigación, sembraron evidencia, torturaron, mintieron a la Nación e impidieron que se hiciera justicia y sobre todo que pudiera responderse la pregunta, que aún se hacen las madres y los padres de Ayotzinapa: ¿Dónde están?
@epigmenioibarra
