Por Francisco Javier Pizarro Chávez
Como es del conocimiento de los ciudadanos, el pasado 8 de septiembre Maru Campos Galván asumió la gubernatura del Estado en sustitución del ex mandatario Javier Corral Jurado, panistas ambos, confrontados entre sí, por imputaciones de corrupción de la “nomina secreta” del ex gobernador César Duarte, a la hoy gobernadora; la que, por su parte le dijo un día antes a él y sus colaboradores que “No tienen madre”, en referencia a la crisis financiera de la administración anterior y su ineficiencia gubernamental.
La sucesión del fallido gobierno de Javier Corral e impunidad de Maru Campos, no aporta nada bueno los ciudadanos. Corral dejó una crisis financiera del presupuesto. A Maru, por su parte, lo que le interesa es contar con el fuero constitucional.
Tan es así, que un día antes de asumir Maru al poder del Ejecutivo estatal, ipso facto, el magistrado Juan Carlos Carrasco Borunda revocó el auto de vinculación a proceso por el delito de uso ilegal de atribuciones y cohecho atribuido a la entonces presidenta municipal de la capital, por la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, que de la noche a la mañana lo canceló, y desde luego también el de la “nómina secreta”.
El magistrado lo hizo en menos de una hora y sin la presencia de la ex legisladora Maru Campos y Rodrigo de la Ríos, excoordinador de la bancada del PRI, imputados de recibir millones de pesos del ex gobernador César Duarte, para que los diputados locales de la 64 Legislatura, aprobaran incrementar el presupuesto estatal que devino en una deuda de miles de millones de pesos.
El juzgador sostuvo que, al margen de que los exdiputados hubieran recibido los supuestos pagos de la “nómina secreta”, difícilmente “sus votaciones individuales hubieran podido determinar el curso de aprobación de leyes y dictámenes de fiscalización, pues el Congreso toma decisiones colegiadas”. ¡Ups!, pues cómo lo iban a hacer, si la mayoría de los legisladores fueron corrompidos por el ex gobernador con la famosa “nómina secreta”.
Y eso no es todo. El magistrado Carrasco Borunda además ordenó el levantamiento inmediato de las medidas cautelares impuestas a los acusados y devolver a Maru Campos Galván su pasaporte y los derechos sobre una casa de 6.8 millones de pesos que dejó en garantía, lo que, para ella, no tenía mayor costo, pues, según la fiscalía general del estado (FGE) dio a conocer que había recibido sobornos por al menos 9 millones de pesos entre 2014 y 2016 de parte del entonces mandatario priista César Duarte.
Por más que lo evadan, ambos personajes perjudicaron a los ciudadanos e incluso a su propio partido que tiene como eje político no el bienestar social de los ciudadanos, sino su ambición de poder. Lo que a los panistas le interesa en lo local, nacional e incluso en el ámbito internacional, es desmantelar a como de lugar la revocación de mandato del presidente de la República en marzo de 2022 en coalición con los magnates de la iniciativa privada, el poder judicial y la partidocracia del INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial y magistrados.
