Por Luis Javier Valero Flores
Moda nefasta, cambios a la ley por uniones gay, aseveró el diputado priista Eloy García Tarín, en una sorpresiva –por lo menos para el escribiente– postura de quien ha ocupado la cartera de elecciones y la representación del PRI estatal en los órganos electorales, además de la Secretaría del Ayuntamiento de Chihuahua en la anterior gestión municipal, la de Marco Adán Quezada.
Su pronunciamiento se sumó al que realizara un día antes el sacerdote Dizán Vázquez, uno de los hombres más ligados al desaparecido arzobispo Adalberto Almeida, reconocido como uno de los emblemáticos de los sacerdotes de la teología de la liberación –hoy por cierto, no sólo en desuso, sino prácticamente desaparecida, para nuestro mal– y quien expresara que “desde el punto de vista de una visión humanista basada en la ley natural, en el derecho natural, se está violentando la naturaleza”.
Dizán se extendió en la concepción que aún hoy parte de la idea de que la homosexualidad es un trastorno y no una simple diferenciación en las preferencias sexuales, pero que al partir de ese equívoco ha dado lugar a una de las peores manifestaciones de la intolerancia de la sociedad. Dizán sostuvo que “… cuando la organización psiquiátrica norteamericana quitó la homosexualidad de la lista de los trastornos estableció un principio sumamente dañino para las mismas personas homosexuales, porque les abrió el camino a un estilo de vida que médicamente, científicamente, se ha comprobado que es destructivo físicamente, en el cuerpo (en) las enfermedades físicas, pero también síquico y ya no digamos espiritual”. (Nota de Paloma Sánchez Martínez, El Heraldo de Chihuahua, 4/II/15).
¿Cómo plantear que por el solo hecho de esa diferencia las personas pueden dañarse, y que hasta “espiritualmente” se autodestruyen, o peor aún, que puedan ser más malas personas que las heterosexuales?
¿Los curas pederastas, por el solo hecho de ser curas eran, ya, mejores personas?
No fue lo único, planteó que los homosexuales “como personas enfermas” hay que ayudarlas “a lidiar con su enfermedad si no tiene remedio, o a curarla si tiene remedio”.
Y lanzó la iniciativa de que “todos aquellos que piensan que esa ley es negativa tienen que unirse y luchar para que no pase y no se difunda, y tienen todo el derecho del mundo; no vale el argumento de que no se pueda discutir ese asunto con criterios religiosos porque no son estrictamente religiosos. Un ateo puede estar en contra de la unión homosexual por las razones naturales”.
Pero la totalidad de quienes se oponen a los matrimonios homosexuales esgrimen como argumento central el que “Dios” así lo dispuso; que así está escrito en La Biblia; que es una ley divina realizarlo entre una mujer y un hombre, con el fin de procrear. Como lo plantearon los obispos de la Iglesia católica en Chihuahua, quienes dijeron que el matrimonio era “un plan de Dios”.
Bueno, pues eso no se les puede discutir, porque son las creencias de los católicos, quienes deben basar su conducta por ese conjunto de reglas y principios pero que no se lo pueden imponer al resto de la sociedad, así sean amplia mayoría, o una mayoría que pierde peso aceleradamente.
Todos pasan por alto una cosa elemental, sus opiniones están basadas en sus creencias personales, religiosas, morales, éticas, etc. y no toman en cuenta la existencia de muchos otros (¿Cuántos? ¿Muchos, poquitos?) que no comparten tales creencias, o que, siendo creyentes, sus preferencias sexuales son distintas y, por tanto, respetables como las otras y que al punto donde hemos arribado como sociedad es que el conjunto de ésta deberá preservarle a esos distintos el goce de todas las garantías construidas por nuestra sociedad.
En otra sorpresa, el diputado de Movimiento Ciudadano, el ex panista Fernando Reyes Ramírez –quien ha propuesto diversas iniciativas reveladoras de sus enfoques conservadores, entre ellas la llamada “ley mordaza” y la castración química a los violadores– acusó al que en ese momento aún era el consejero jurídico y minutos después, secretario general de Gobierno, Mario Trevizo, de asumir posturas “como si fuera el vocero del Arzobispado”, pues éste había declarado que la decisión del juez Octavo de Distrito, al conceder el amparo colectivo mediante el cual le ordenó al Congreso de Chihuahua modificar los artículos 134 y 135 del Código Civil, por violar los derechos humanos de las personas homosexuales que deciden casarse, ya que estos ordenamientos especifican que el matrimonio es la unión “entre un hombre y una mujer”.
Y es que el pronunciamiento de García Tarín había sido categórico: “No hay un error en tener una ley que señala que el matrimonio es entre un hombre y una mujer; los cambios que ahora le quieren hacer a la ley es una nefasta moda y nada más”.
Fernando Reyes fue tajante: “… sólo es hacer una modificación para terminar con la discriminación, de eso se trata, nos guste o no nos guste, estemos a favor o en contra”.
¿Estaría en el fondo de los duros términos de Reyes a Trevizo la información de la remoción de Raymundo Romero en la Secretaría General de Gobierno?
Ojalá no. El tiempo nos lo dirá.
Y es que el rechazo a las relaciones homosexuales, llevados al extremo de garantizarles el máximo de las garantías y obligaciones que el marco legal vigente les otorga a los heterosexuales, despierta sentimientos atávicos, cuyo origen es la cultura de la intolerancia, tan acendrada en amplios sectores de la población chihuahuense y cuyo principal ropaje es el argumento religioso.
Garantizarle a todos los individuos de la sociedad el acceso al disfrute de los bienes de la sociedad se inscribe en lo que ha sido una de las más extraordinarias modificaciones realizadas a nuestro marco legal, esto es, que la discriminación, por cualquier motivo, es una violación a los derechos humanos y éstos han adquirido, por esa modificación, la máxima jerarquía.
Ejemplo de tal conceptualización son las frases de García Tarín quien señaló que el matrimonio “siempre” se había entendido que era entre un hombre y una mujer “tal y como lo señalan todas las leyes en la historia de la humanidad, en códigos y códices y demás reglamentaciones que se puedan estudiar sobre el tema”, pero que ahora por “cuestiones de moda mundial” se cambia ese concepto y se atrevió a decir que cada diputado de “manera personal sabremos cómo votar o qué proponer cuando esa orden del juez llegue a esta representación y tengamos que votar el cambio que nos ordenan”.
No, don Eloy, las órdenes judiciales, como ésta, se acatan y los legisladores, que juraron cumplir y hacer cumplir las leyes, están más que obligados a hacerlo, no obstante sus concepciones religiosas o éticas sobre el tema.
Esto es así porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación así lo determinó, basada en todos los tratados y acuerdos firmados por la casi totalidad de los Estados existentes, de conformidad, no con la moda, sino con el arribo de las concepciones basadas en la cultura de la tolerancia, esto es, el respeto a la otredad, es decir, a los distintos, por su raza, color, preferencia política, sexual, edad o de cualquier otra índole.
Porque, al contrario de lo expresado por el ahora flamante nuevo secretario de Gobierno, no es una resolución que la establece la dictadura de las minorías. ¿De dónde acá la vigencia de los derechos humanos es un asunto de minorías y mayorías?
Aunque luego matizó, y en declaraciones posteriores aceptó que “se debe de respetar a los que piensan diferente, aunque seamos mayoría” y que el Gobierno de Chihuahua acataría la resolución judicial, en consonancia con la postura expresada por el gobernador Duarte: “Somos respetuosos de las definiciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
Y trazó línea: “El Congreso del Estado tendrá su opinión, pero será respetuoso en eso”.
Ojalá la diputada del PRI y presidenta de la Comisión de Justicia en el Congreso del Estado, Mayra Chávez Jiménez, atienda tal indicación, porque todavía se atrevió a plantear lo siguiente: “… después con el voto (de los diputados) ante el pleno se decidirá si es o no anticonstitucional, pues el Congreso del Estado sigue siendo autónomo en las decisiones”. (Nota de Jaime Armendáriz, El Diario de Chihuahua, 3/II/15).
Que alguien la asesore, ¡por favor!
La ruta que les ordenaron es que los artículos son inconstitucionales y les están ordenando el modo en que debe aparecer la definición de matrimonio: entre dos personas, punto.
Y a propósito de desigualdades. El conjunto de productores del noroeste de Chihuahua (muchos de ellos afiliados a El Barzón, pero claramente no todos identificados con esa agrupación), en “camionetonas”, como diría más de un juarense desconocedor de la realidad del campo chihuahuense, fueron a realizar una compra masiva de gasolina barata a Juárez.
No sólo fue una protesta, fue un extraordinario ahorro para quienes han estado sometidos a una política energética desastrosa, cuyo eje ha sido el brutal encarecimiento de los combustibles, aderezado por las continuas promesas de campaña, del 2003 a la fecha, de la disminución de sus precios.
Los medrosos, o los voceros oficiosos, prontamente lanzaron el grito: “Por esa vía nos van a quitar la homologación de la gasolina”, en lugar de pugnar por que tal ventaja fuera extensible al total del país. ¿Acaso no nos dijeron que los precios de los combustibles en México se homologarían con los internacionales?
Para su infortunio, el primero en protestar fue el alcalde juarense, Enrique Serrano: “La forma en que los barzonistas adquirieron gasolina en Juárez y la llevaron al interior del estado pone en riesgo el acuerdo de la Federación para homologar los precios del combustible con la frontera sur de Estados Unidos”. (Nota de Juan de Dios Olivas, El Diario, 6/II/15).
¡Híjole! ¿Pues qué no busca, si le toca, la candidatura de su partido al Gobierno de Chihuahua?
Esta era la mejor oportunidad de plantarse frente al Gobierno federal y decirle que buscamos la homologación de los precios de la gasolina, pero de todo el estado de Chihuahua, porque esa medida serviría para detonar la producción agropecuaria.
Bueno.
