Por Luis Javier Valero
Conforme avanza el proceso electoral, la competencia entre los dos candidatos que aparecen como punteros, Enrique Serrano y Javier Corral, no sólo en las encuestas publicadas, sino en la percepción ciudadana, está causando que haya un mayor número y diversidad de modos en los que los chihuahuenses afrontan una de las elecciones más competidas de la historia reciente en Chihuahua.
Entre ellas está la inveterada costumbre, en algunas capas de la población, de someter a las apuestas sus preferencias electorales, del mismo modo que se hace, por ejemplo, en los deportes de alta competencia, primordialmente los de carácter profesional.
Sin embargo, los grandes centros de apuestas lo hacen bajo criterios que le permiten a los ganadores obtener pingües ganancias, siempre y cuando la competencia se ajuste a parámetros que atraigan a los apostadores y los convenzan de arriesgar su dinero. Así, si uno de los competidores aparece como más fuerte frente al otro, por distintos motivos, las apuestas les dan una ventaja a quienes le apuestan al contrario. Así, tanto en esos ejemplos, como en el de las carreras de caballos, si alguien le apuesta a uno de los competidores con menores posibilidades de ganar, le pueden otorgar premios, en proporción de lo apostado, de 2 a 1, 3 a 1, 5 a 1, etc.
En otros casos, como el del futbol americano profesional, las casas de apuesta le otorgan puntos de ventaja. Así, al apostar a uno de los equipos, las ventajas que otorgan puede establecer, por ejemplo, que para apostar la misma cantidad de dinero, el equipo ganador debe hacerlo por una diferencia mayor a los 5 puntos, 7, 10, etc. con base en la supuesta superioridad de uno de los competidores sobre el otro.
Si a las apuestas a favor de uno y otro de los candidatos a la gubernatura de Chihuahua les aplicáramos el mismo esquema, tendríamos que elaborar un catálogo de ventajas que el candidato oficialista tiene a su favor, para que pudiéramos calificar los “momios” de parejos.
No es un asunto menor, tiene que ver con el truncado proceso de democratización del país, la llamada transición democrática, trunca para algunos, suspendida para otros, pero que indudablemente no asoma por ningún lado; al contrario, lo que hoy ocurre en el país, y no solamente en el ámbito político-electoral, es de una extrema gravedad, la crisis se profundiza.
Hoy está claro, para importantes sectores de la sociedad, que la simple alternancia partidaria no conlleva –no conllevó– a la democratización de México; que la derrota del PRI en las elecciones presidenciales tampoco significó tal desenlace y que los procesos electorales siguen perdiendo, a pasos agigantados, la posibilidad para ser conducto de ese objetivo.
Y es que, casi de la misma manera que a lo largo de toda la primera mitad del siglo XX, las elecciones se han convertido en elecciones de “Estado” pues en cada una de ellas, desde las municipales, celebradas en las más pequeña de los poblaciones, se convierten en un episodio del máximo uso de los recursos del Estado mexicano para ponerlos al servicio del partido gobernante y sus candidatos.
Para dejarlo en términos de las poderosísimas empresas de las casas de apuestas ¿Cuántos puntos vale la vasta operación gubernamental, puesta en marcha para hacer ganar a los candidatos del oficialismo, en Chihuahua y en todo el país, en las 12 entidades que habrán de elegir a los gobernadores y el resto de los puestos de elección popular, como preámbulo de la elección presidencial del 2018?
Es una enorme fortuna el costo de tal operación, en actividades electorales de los secretarios de gobierno con sus equipos; de los subsecretarios y sus subordinados; de los directores generales de las dependencias con sus equipos humanos; de los delegados federales; lo que implica inmensos recursos gubernamentales puestos al servicio de los candidatos del PRI (no necesariamente monetarios); además, la inmensa coacción ejercida en contra de los empleados de gobierno (maestros, burócratas, funcionarios, etc.) para que realicen tareas del partido en el gobierno y sus candidatos, entre ellas la obligatoriedad a presentarse a los actos del PRI (a los arranques de campaña, a los registros de los candidatos, a la realización de visitas domiciliarias, a efectuar actividades proselitistas en los cruceros en los fines de semana con pase de lista; en la aceptación para que impulsen la emisión del voto a favor de los candidatos oficialistas); las corruptelas en la compra de camisetas, camisas, botes de agua, banderolas, etc.
Además, las inmensas cantidades destinadas a los medios de comunicación para que se hagan eco de las actividades de los candidatos oficialistas, de las numerosas encuestas “serias” favorables a ellos; de las “invitaciones” a los empresarios locales a apoyarlos financieramente.
Bueno, pues todo eso debe rendirle al PRI una ventaja de unos 14-15 puntos, diferencia que se refleja en las “encuestas” publicadas recientemente, en las que la ventaja de Enrique Serrano en ellas se usa como medio de convencimiento a la sociedad de que efectivamente será el ganador de la contienda.
Por supuesto que los equipos de campaña, para hacer su trabajo, no las toman en cuenta ¿Cómo creerle a las encuestas, aún si tomaran como base muestras representativas de la población estatal, si para medir las preferencias electorales realizan solamente unas cuantas preguntas, casi todas ellas de manera directa, tales como “¿si las elecciones fueran el día de hoy, usted iría a votar?”.
Claro que todos, o la gran mayoría dirán que si lo harán, respuesta que choca con nuestra realidad, de cifras mayores al 40% de abstencionismo, las menos, y cercanas, más bien, al 60% promedio.
Dicho lo anterior, todo apunta –de acuerdo con las estimaciones del escribiente–que estamos en medio de una elección que se resolverá por una diferencia menor a los 2 puntos, en cualquier sentido de las preferencias de Corral o Serrano. Habrá tiempo para sustentar tal aserto.
Las encuestas creíbles son aquellas que realizan, con cada encuestador, una batería de preguntas cercana a las 50, cuyas respuestas se cruzan y que especialistas de la materia estudian y cruzan la información obtenida para obtener las preferencias más cercanas a la realidad, de ahí que discutir, especular y apostar con base en las encuestas que no se realizan de ese modo es de una gran inutilidad.
Y, entonces, hacer apuestas sobre las elecciones adquiriría racionalidad si se hicieran con los métodos de las casas de apuestas, es decir, que quienes apostaran a favor de Enrique Serrano ganarían las apuestas si éste superara el segundo de sus adversarios, en caso de ganar, por una diferencia mayor a los 15 puntos.
De ese tamaño es la operación gubernamental para hacer ganar a sus candidatos.
Más de uno podrá decir que nada de lo anterior es ilegal. Es probable, mientras no se demuestre lo contrario, pero de que existe, nadie, en el gobierno o en el partido gobernante lo puede negar.
No, el asunto es de más fondo.
¿Cómo desmantelar tal maquinaria, que igual sirvió –en menor proporción– durante el panismo vuelto gobierno y que tantos dividendos le rindió a Josefina Vázquez Mota, para pasar de la Secretaría de Desarrollo Social a la candidatura presidencial en el 2012?
Fueron usados esos recursos, en ese sexenio, de tal manera, que fuimos testigos de lo que hasta entonces era inédito: Que el PAN tuviese elevadas votaciones en los municipios más pobres del país. La correlación entre los programas de la Sedeso y las votaciones del PAN fueron directamente proporcionales.
De ese modo, la competencia electoral no se trata de una de cualquier tipo, como si fueran Las Chivas contra el América, no; eso pudiera representar para una ínfima parte de la población, la que disfruta de los beneficios de este régimen de inmensa injusticia e iniquidad; pero para grandes sectores de la población representa acceder a los mínimos beneficios de la civilización.
No es, ni con mucho, una competencia pareja y cambiar sus reglas debería ser, también, asunto de los priistas, la sociedad que están gobernando no es mejor, ni más democrática que en el pasado remoto y los problemas de falta de institucionalidad, de desarticulación social, de empeoramiento de los controles institucionales sobre los poderes fácticos, de la agudización de la degradación social; de los grados de corrupción existentes en prácticamente cualquier asunto de la vida pública, también son sus problemas, los que olvidan a cada momento, y más si se encuentran en medio de una elección.
Y luego, al momento de hacer las reglas de los debates, a las autoridades electorales les tiembla la mano y acceden a las exigencias de los partidos –y del poder– y en lugar de dar pie a un verdadero debate, organizan una pasarela de candidatos en la que cada uno habla de lo que quiere.
Con ese formato nadie gana.
Ojalá nos dieran la sorpresa, nos consideraran mayores de edad y realizaran verdaderos debates entre los aspirantes al gobierno de Chihuahua.
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