Se espera que el Presidente Barack Obama ignore las protestas de los enardecidos republicanos y anuncie para la próxima semana una amplia reforma al sistema de control inmigratorio de la nación, lo cual protegería a unos 5 millones de inmigrantes indocumentados de la amenaza de la deportación y les otorgaría a muchos de ellos permisos de trabajo, según funcionarios de la administración que tienen conocimiento directo del plan.
Reafirmando su autoridad como Presidente para hacer cumplir las leyes de la nación con cierta discreción, Obama tiene la intención de ordenar que se hagan cambios al sistema que significativamente reenfoquen las actividades de 12 mil agentes de inmigración del gobierno. Una pieza clave de dicha orden, según los funcionarios, les permitirá a muchos padres de menores que son ciudadanos estadounidenses o residentes legales obtener documentos legales de trabajo y dejar de preocuparse de ser descubiertos, separados de sus familias y enviados de regreso a sus países de origen.
El extender las protecciones a más inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos siendo unos niños y a sus padres, podría afectar a 1 millón adicional de personas o más si estas son incluidas en el plan que el Presidente finalmente llegue a anunciar.
Las acciones de Obama también expandirán las oportunidades para los inmigrantes que cuentan con capacitación tecnológica, destinarán recursos extras de seguridad a la frontera sur de la nación, renovarán un controversial programa de control inmigratorio llamado Comunidades Seguras, y ofrecerán lineamientos más claros para las agencias que están encargadas de hacer cumplir las leyes de inmigración sobre cuales inmigrantes deben ser considerados de baja prioridad para ser deportados, especialmente aquellos con fuertes vínculos familiares y que no cuentan con un severo historial delictivo.
Un nuevo memorándum de ejecución, el cual dirigirá las acciones de los agentes de la Patrulla Fronteriza y de los jueces del Departamento de Seguridad Nacional, del Departamento de Justicia y de otras agencias federales policiacas y judiciales, pondrá en claro que las deportaciones deben continuar llevándose a cabo para delincuentes convictos, extranjeros que representan un riesgo para la seguridad nacional y personas que recientemente han cruzado la frontera de manera ilegal, según dijeron los funcionarios.
Los funcionarios de la Casa Blanca se rehusaron a dar un comentario en público antes de un pronunciamiento formal por parte de Obama, quien volverá el domingo de un viaje de ocho días por Asia. Los funcionarios de la administración dijeron que los detalles sobre la propuesta de acciones ejecutivas aún están por quedar terminados y aún podría haber algunos cambios. El darla a conocer podría posponerse hasta el mes entrante pero no se demorará hasta el próximo año, según los funcionarios.
“Antes de que termine el año, vamos a tomar toda acción legal que esté en mis manos, con lo cual creo que podremos mejorar el funcionamiento de nuestro sistema inmigratorio”, según dijo Obama durante una conferencia de prensa un día después de las elecciones de mitad de periodo que tuvieron lugar la semana pasada. “Lo que no haré es esperar más”.
La decisión de tomar acción pone en movimiento una confrontación política entre Obama y sus adversarios republicanos que probablemente afecte las negociaciones presupuestales y el debate en torno a la nominada del Presidente, Loretta E. Lynch, para la procuraduría general, durante la sesión del Congreso saliente que comenzó la semana pasada. Ciertamente esto enfurecerá aún más a los republicanos ahora que tomen el control de ambas cámaras del Congreso a principios del próximo año.
Un grupo de republicanos —dirigidos por el senador Ted Cruz de Texas, el senador Mike Lee de Utah y el senador Jeff Sessions de Alabama— ya está planeando boicotear cualquier tipo de acción ejecutiva que tome el Presidente en torno a la inmigración. Los senadores esperan instar a sus colegas republicanos a que se opongan a las iniciativas para aprobar un presupuesto el próximo mes al menos que explícitamente se le prohíba al Presidente poner en vigor lo que ellos llaman la “amnistía ejecutiva” para personas que se encuentran en el país de manera ilegal.
Nuestra oficina está lista para hacer uso de cualquier medio procesal disponible para asegurarnos que el Presidente no pueda poner en vigor esta amnistía ejecutiva ilegal”, según dijo Catherine Frazier, una vocera de Cruz.
Pero el Presidente y sus auxiliares de alto rango han concluido que el actuar de manera unilateral es de sumo interés para el país y es la única manera de incrementar la presión política impuesta a los republicanos para eventualmente apoyar una reforma legislativa que podría poner a millones de inmigrantes ilegales en camino rumbo al estatus legal y quizás la ciudadanía. Obama les ha dicho a los legisladores en privado y en público que dará marcha atrás a sus órdenes ejecutivas si estos aprueban un proyecto comprensivo de ley que él estaría de acuerdo en firmar.
Los funcionarios de la Casa Blanca rechazaron como exageradas las advertencias de algunos miembros del Congreso que predicen que semejante uso tan radical del poder presidencial llegará a socavar toda posibilidad de cooperación en Washington con la ahora nueva y poderosa mayoría republicana.
“Pienso que eso creará un contragolpe en el país que podría estancar e inflamar a nuestra política de una manera en la que no creo que sea la adecuada para resolver el problema”, según dijo el senador Angus King de Maine, un independiente que se reúne con los demócratas y apoya la reforma inmigratoria.
La pregunta sobre cuándo el Presidente anunciará su plan aún está siendo discutida en el Ala Oeste, según los funcionarios. El anunciar las acciones con prontitud podría darle a Cruz y a otros un blanco en específico para atacar, pero también les permitirá a los defensores de la inmigración el poder defenderlas. El esperarse hasta diciembre podría permitir que el presupuesto se aprobara antes de que se desate una lucha en torno a la inmigración.
Fuente: The New York Times
