El Tercer Tribunal Colegiado acabó el pasado jueves con la jugada de los abogados de Monsanto, quienes trataron de sacar al juez Jaime Manuel Marroquín Zaleta del juicio de demanda colectiva que, hasta la fecha, impide a las transnacionales de la agroindustria sembrar semillas de maíz transgénico en México.
El pasado 28 de febrero, Monsanto interpuso un incidente de recusación contra el juez Marroquín con el argumento de que adoptó una postura parcial durante el juicio: El 20 de diciembre del 2013 confirmó la medida precautoria que cancela todos los permisos de explotación de semillas transgénicas de maíz durante el tiempo del juicio (Proceso 1956).
Sin embargo, el Tercer Tribunal Unitario negó la recusación el pasado 21 de abril, decisión que los abogados de Monsanto trataron de cancelar a través del amparo 49/2014. En vano: El pasado 12 de junio, el Primer Tribunal Unitario en Materia Civil y Administrativa negó el amparo. La empresa de maíz transgénico contraatacó de nuevo e interpuso un recurso de revisión.
Pero en la decisión 182/2014, el Tercer Tribunal Colegiado confirmó la decisión del Primer Tribunal Unitario y cerró así uno de los capítulos de la batalla jurídica que desde septiembre de 2013 libran organizaciones de la sociedad civil y compañías transnacionales, junto con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
En la demanda, la agrupación Colectiva A.C. –el conjunto de organizaciones de la sociedad civil– afirmó que los organismos genéticamente modificados suelen escaparse mediante la polinización y contaminar así a las especies nativas.
Por lo anterior, pidió al juez que declarara una medida precautoria para impedir al gobierno el otorgamiento de licencias de uso comercial de maíz transgénico durante el tiempo del juicio. El Juzgado XII en Materia Civil del Distrito Federal la decretó el pasado 17 de septiembre.
Las transnacionales –Monsanto, Dow Agroscience, Syngenta y PHI México– desplegaron un arsenal jurídico masivo para ganar el juicio de demanda colectiva. Desde septiembre de 2013, no menos de 12 tribunales fueron convocados para lidiar con las 72 impugnaciones y 16 juicios de amparo que interpusieron las codemandadas.
La mayoría de sus esfuerzos se concentran en derrumbar la medida precautoria, que les impide acceder al territorio mexicano desde hace un año.
Por su lado, las organizaciones de la sociedad civil suman nueve impugnaciones e interpondrán dos más en los próximos días.
Fuente: Apro
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