Bajo un fuerte despliegue policiaco y una agenda centrada en la guerra en Ucrania, la seguridad en el Pacífico, la no proliferación de armamento nuclear y el cambio climático, arrancó hoy una cumbre de tres días del Grupo de los Siete (G-7).
En la declaración que se adoptará este fin de semana, los líderes de Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Canadá y la Unión Europea, se pronunciarán por el mantenimiento y fortalecimiento de un orden global libre y abierto basado en el respeto al derecho internacional y se opondrán a cualquier amenaza de uso de armamento nuclear, de acuerdo con fuentes del Ministerio del Exterior de Japón.
En Hiroshima, ciudad víctima del primer bombardeo atómico de la historia, en 1945, los dirigentes del G7 (EEUU, Canadá, Japón, Francia, Reino Unido, Alemania e Italia) anunciaron un endurecimiento de sus sanciones contra Rusia y expresaron preocupación por aumento del armamento nuclear chino.
“La aceleración de la acumulación de arsenal nuclear por parte de China sin transparencia ni diálogo significativo plantea una preocupación para la estabilidad mundial y regional”, indicó el G7 en un comunicado que también condenó la “retórica nuclear irresponsable” de Rusia.
El G7 anunció medidas para “privar a Rusia de la tecnología, el equipamiento industrial y los servicios del G7 que sostienen su maquinaria de guerra” en territorio ucraniano.
El paquete incluye restricciones a las exportaciones de bienes “críticos para Rusia en el campo de batalla”, así como medidas contra entidades acusadas de llevar material al frente en beneficio de Moscú.
Horas antes, Estados Unidos anunció que restringiría el acceso de Rusia a “productos necesarios para sus capacidades de combate”, mediante la prohibición de exportaciones a 70 entidades rusas y de otros países.
Como bienvenida, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el resto de los líderes visitaron el Museo Conmemorativo de la Paz de Hiroshima, que retrata lo que sucedió en esta ciudad el 6 de agosto en 1945, cuando fue blanco del primer bombardeo nuclear de la historia, lanzado por Estados Unidos, y por el que murieron alrededor de 70 mil personas aquel día y otra cifra similar ante de que terminara ese año.
Desde la víspera, el gobierno estadunidense informó que Biden no emitiría declaraciones tras su visita al recinto, cuyas ventanas fueron cubiertas y la zona estuvo vigilada por drones y sofisticados equipos de supervisión de la Agencia Nacional de Policía, que ha reforzado las revisiones de seguridad luego de que en abril una aparente bomba casera fue lanzada contra el primer ministro Fumio Kishida en la ciudad de Wakayama, al occidente del país.
Antes del comienzo de la cumbre, Biden aterrizó el jueves en la base de la Infantería de Marina en Iwakuni, y poco después se reunió con el premier japonés, –originario de Hiroshima–. En el encuentro, ambos mandatarios enfatizaron la fuerza de su alianza bilateral.
Desde el jueves, las fuerzas de seguridad, que han desplegado 24 mil policías en la ciudad provenientes de todo el país, restringieron el acceso al Museo Conmemorativo de la Paz y al parque que lo rodea, donde se colocaron vallas de dos metros de altura. Al cierre de esta edición, estaba previsto que los líderes del G-7 visitaran el santuario de Itsukushima, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y donde se tomará la foto oficial.
A los trabajos de la cumbre fueron invitados ocho líderes de economías en desarrollo que no forman parte del G-7: Brasil, India, Indonesia, Islas Cook (que preside el Foro de las Islas del Pacífico), Comoras (que encabeza la Unión Africana), Vietnam, Corea del Sur y Australia. Se espera que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, presente al G-7 su propuesta para la paz en Ucrania y una intervención del mandatario ucranio, Volodymir Zelensky, quien viajará a Hiroshima.
La sede de los trabajos es el suntuoso Grand Prince Hotel, situado en la isla de Ujina, a 5 kilómetros del centro de Hiroshima. El aislado complejo también es el alojamiento de Biden y el resto de los líderes.
Fuente: La Jornada