Por Luis Javier Valero Flores
El asesinato del niño Christopher Márquez Mora, a manos de cinco niños y adolescentes, todos menores de 16 años, ha desatado, no sin razón, una gran preocupación y ha dado pie a la salvaje develación, por otra parte, de varias de las facetas de la sociedad chihuahuense que explican tan espeluznante crimen.
Ante el asombro y el pasmo de muchísimos chihuahuenses, ante el salvajismo del asesinato y, sobre todo, a la conducta posterior al crimen de los presuntos asesinos y la conducta linchadora, no sólo contra los responsables del infanticidio, sino contra los padres y en un extremo increíble, en contra de la madre, a la que acusan, en las redes sociales, (en un hecho inaceptable, porque, además, las fotografías utilizadas no son de la mamá de Christopher) de pertenecer a una secta de adoradores de la Santa Muerte.
Ante el salvajismo de estos hechos, ¿qué podíamos esperar de una sociedad que poseyó, durante largos meses, el primero y segundo lugares, mundiales, en la comisión de homicidios, que contamos con más de 10 mil huérfanos, fruto de esa guerra devastadora, que aportamos más de 25 mil muertos, acaecidos violentamente, a las estadísticas nacionales, que perdimos más de 100 mil empleos –mal pagados, pero que eran empleos formales– en la racha homicida de 2008-2011, además de que en nuestras ciudades se escenificaron varias de las masacres mayores de esos años, en todo el territorio nacional?
¿Cómo asombrarnos, válidamente, si prohibimos que se canten los narcorridos en los eventos públicos y en la presentación de Los Tigres del Norte miles les exigían que tocaran precisamente ese tipo de música?
Y si buscamos parámetros para medir tal degradación sirvan las cifras gruesas de los homicidios cometidos en el período 2008-2010, alrededor de 20 mil.
Según la Fiscalía General del Estado, a cerca de 9 mil de esos casos no les encontró conexión con el crimen organizado. Es decir, que los chihuahuenses nos matamos entre sí en un número de alrededor de 11 mil. ¿Las causas? Las más baladíes del mundo: Un incidente de tránsito; una riña en una fiesta de amigos o compadres; rencillas de jóvenes en los barrios, por cualquier motivo; sólo por el hecho de ser mujeres las víctimas; los hombres que regresan a matar a sus ex parejas, sólo porque su ex mujer ya tenía novio, amante o marido (o eres mía, o de nadie); en total, las evidencias de una sociedad en la que el primitivismo es característica principal.
Y si esos los principales rasgos sociales, los económicos no nos dejan margen para la esperanza.
Tenemos el primer lugar nacional en empleos formales, algo que debe destacarse, sin duda, pero el problema estriba en que el 65% de esos asalariados perciben 6 mil 100 pesos al mes, o menos; y que el 40% –4 de cada 10 trabajadores– percibe solamente 3 mil 600 pesos mensuales, parte sustancial de los cuales debe emplearse en el pago del transporte que, por otra parte, le garantiza a los trabajadores, mínimo, tres horas diarias para realizar el traslado casa-trabajo-casa.
En esas condiciones de abandono de los hijos de la inmensa mayoría de los chihuahuenses ¿habrá tiempo, disposición y recursos económicos para el cultivo de los “valores”? ¿Es que acaso desconocemos que no se necesita tener una mente criminal para saber que los cadáveres, fruto de los homicidios, deben esconderse? ¿Y que la participación en los crímenes es algo que debe negarse?
Todos somos corresponsables, pero la responsabilidad mayor es del Estado.
Se generó una nueva forma de incorporar a las mujeres al trabajo asalariado, se crearon miles de empleos nuevos –fundamentalmente en la industria maquiladora–, pero de las consecuencias de esa exacción de las mamás –o futuras mamás– de los hogares nadie se hizo cargo; ni el Estado, ni las empresas se responsabilizaron de la atención de los niños, de su educación, del mejoramiento del entorno de ellos y sus familias, de su formación, etc.
Y cuando nos aparecen tragedias como la ahora abordada se rasgan las vestiduras, llegando a extremos como los de la diputada del PAN, Ana Gómez Licón, quien sostuvo que los presuntos asesinos “deben ser juzgados por conducta psicópata”. (Nota de laopción.com, 20/V/15).
¡Híjole! ¿Sabrá la legisladora que si se llega a determinar que si son sicópatas entonces deberían ser declarados “inimputables”, por no ser conscientes de sus actos, fruto, entonces, de una severa enfermedad mental?
No son pocos los grados de intolerancia prevalecientes en nuestra sociedad. Vean, también, los de los creyentes religiosos que ante estos hechos lo explican muy fácilmente, es “por la falta de Dios en la vida de los ciudadanos”.
Respetables las creencias, pero no explica lo que ahora vivimos. En la mayoría de los países de más baja incidencia delictiva y homicida, los porcentajes de no creyentes son los más altos del mundo. Rondan entre el 30 y el 40% de la población. ¿Cómo explicarlo, entonces? Porque en nuestro país hay una extrema ausencia del Estado en sus obligaciones sociales.
En los fraccionamientos como “Laderas de San Guillermo” –lugar de residencia de Christopher y sus asesinos–, de todo el país, deberían vivir personas con ingresos superiores a los 20 mil pesos mensuales y que contaran con centros deportivos, y comunitarios, con especialistas deportivos e instructores capacitados en una serie de actividades sociales y recreativas, con escuelas de tiempo completo en las que les proporcionaran dos alimentos a sus alumnos. ¿Que no hay dinero para eso? Nos gastamos 740 mil millones de pesos el sexenio pasado en combatir el tráfico y consumo de drogas por medio de la PGR, la Sedena, Marina y la Secretaría de Seguridad Pública y todas las policías.
¿De qué sirvió? De nada. El combate contra las drogas es un completo fracaso, la degradación social es inconmensurable y el país se nos desbarató en las manos.
