Ley de Hidrocarburos constituye un atentado contra el campo y el medio ambiente
Por Alma Rosas Duarte
La nueva ley de hidrocarburos terminó de discutirse en lo general en comisiones de Senado, sin embargo a decir de legisladores de la bancada perredista, va más allá de lo establecido en la Reforma Energética, al otorgar contratos que permitirán a empresas extranjeras quedarse con la mayor parte de la renta petrolera y despojar de sus tierras tanto a ejidatarios como comuneros.
En conjunto con la Asociación Mexicana contra el fracking, organizaciones –como el Barzón- han evidenciado que las leyes secundarias de la Reforma Energética traen consigo no sólo la privatización del petróleo, sino la evidencia de que el campo no es prioridad gubernamental y la amenaza de profundizar los daños medioambientales con nuevas técnicas de extracción tales como el fracking o fractura hidráulica.
“El que tengamos mayor actividad en la producción de hidrocarburos no va a significar mayor riqueza para la población del sector rural, por el contrario, la única forma que tendrán de acceder a recursos será como empleados, si es que se les da la oportunidad en las empresas”, señaló Uriel Vargas, miembro de la organización campesina El Barzón en entrevista con Revolución 3.0.
Para Vargas, con la iniciativa de ley secundaria de la Reforma Energética, lo que se pretende es privatizar la actividad agropecuaria que no es prioridad para el gobierno como sí lo es la extracción de hidrocarburos.
La Ley de Hidrocarburos propuesta en la legislación secundaria de la Reforma Energética, establece en su artículo 91 que la industria de hidrocarburos es de utilidad pública y que la exploración y extracción de estos recursos es de interés social y orden público.
“Es decir, que el Estado podrá obligar a que los dueños de los terrenos renten sus tierras a las empresas petroleras o, en su caso, expropiarles en favor de dichas empresas”, explica Areli Sandoval, experta en materia de derechos humanos de Equipo Pueblo.
En el caso de la renta de tierras, a decir de Sandoval, el artículo 96 de la misma Ley indica que la contraprestación “deberá ser proporcional a las necesidades del Asignatario o Contratista”, dejando en un segundo plano los intereses de las personas que habitan dichos terrenos.
Para Alfonso Ramírez Cuéllar, dirigente de El Barzón, es necesario apuntar sobre el despojo de la tierra, pues desde hace años, al finalizar explotaciones mineras, “sólo dejan penurias, hambre, desolación y contaminación de aguas y suelos que nadie resuelve”.
Es en el mismo sentido que la organización campesina El Barzón ha hecho énfasis en este mismo sentido: las leyes secundarias de la Reforma Energética discutida en la Cámara de Senadores, trae consigo el despojo de la tierra a favor de las empresas mineras y las transnacionales petroleras traducido en “mayor poder a los monopolios”.
Son los monopolios, señala Uriel Vargas, quienes podrán adquirir tanto propiedad privada como propiedad social, es decir ejidos y propiedad comunal, y “la autoridad deberá garantizar que esta compra se dé en condiciones que favorezcan económicamente a las empresas privadas y no a la población del sector rural, no a los campesinos, no a los ejidatarios”.
El campo es un asunto que debería estar de manera transversal en varias reformas, la fiscal, la educativa y por su puesto también la energética, sin embargo la connotación que tiene la iniciativa de reforma a las leyes secundarias en materia energética, es perjudicial para el campo, aseguró Uriel Vargas, durante la entrevista con Revolución 3.0.
Para el miembro de la organización campesina, de no darle prioridad al campo, “vamos a continuar con 28 millones de pobres, dependiendo de importaciones y teniendo por encima de la alimentación como actividad primordial, la explotación de hidrocarburos, la explotación minera, trayendo implicaciones graves para la economía de la familia pues vamos a seguir padeciendo precios altos para las comunidades rurales que se quedarán sin cultivos y el gobierno sólo será garante de que esto se ejecute”.
Uriel Vargas señala que con las leyes secundarias de la Reforma Energética, lo que pretende el Gobierno “es facilitar la ya de por si accesible compra de terrenos por parte de empresas que ni siquiera tienen que ver con la actividad de producción de alimentos, no es prioridad para el Gobierno Federal Mexicano la producción de alimentos no es prioridad el combate al hambre”.
El miembro del Barzón señala que actualmente se dan visos de este intento de despojo de las tierras, marcado en el papel de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, la cual a decir del mismo, “se está convirtiendo en una simple secretaria de ordenamiento territorial y garantía para la comercialización de los terrenos del sector rural que es donde se realizará principalmente la actividad de fracking o fractura hidráulica”.
Un impacto en el agua, en la captación de oxígeno en corto y mediano plazo, acompañarían a este tipo de explotación, ya que no obstante el daño al campo, éste se enmarca en una serie de daños contra el conjunto del medio ambiente.
La Alianza Mexicana contra el Fracking ha mencionado que la simple técnica de “fractura hidráulica”, requiere de 9 a 29 millones de litros de agua por pozo de extracción que son mezclados con arena y químicos (muchos de ellos tóxicos), poniendo en riesgo de contaminación las fuentes de agua de poblaciones cercanas y la habitabilidad de sus viviendas, contamina el aire, tierras de cultivo y pastura y requiere una ocupación territorial intensiva.
Un “incendio” en el campo y una ventaja a las trasnacionales, a decir del senador Alejandro Encinas, es lo que vendrá en caso de aprobarse la Ley de Hidrocarburos.
Fuente: Revolución 3.0
