Las deportaciones de inmigrantes indocumentados en 2013 afectaron severamente a los trabajadores indocumentados y a sus familias. Desde que inició la administración de Barack Obama, más de 1.9 millones de extranjeros han sido deportados, publica The New York Times.
Las autoridades insisten en que un 98 por ciento de los deportados son, sobre todo, delincuentes o personas que cruzaron la frontera recientemente, con lo que se evita afectar a familias de trabajadores.
Pero líderes de organizaciones de inmigrantes aseguran que las deportaciones han tenido un duro impacto en sus comunidades, ya que siguen dejando a las familias sin la persona que provee el sustento.
Uno de los afectados es Karen Sandoval, inmigrante hondureña cuya vida se vino abajo recientemente, cuando su pareja y sustento familiar, Enrique Morales, fue deportado a Nicaragua.
Morales y Sandoval son indocumentados.
Sandoval y sus dos hijas, ambas ciudadanas estadounidenses, se quedaron en Nueva Orleans, donde residen sin idea clara de cómo se van a ganar la vida, pero convencidas de que no volverán a Honduras.
De acuerdo con funcionarios federales, la cifra de deportados, de más de 368 mil personas en el año fiscal 2013, que terminó en septiembre, responde a la exigencia del Congreso de que a diario se detengan 30 mil indocumentados.
Por esto, aceptan, cada vez es más difícil distinguir entre delincuentes y trabajadores.
Para los inmigrantes, las constantes deportaciones aumentan su rechazo al Congreso, donde la Cámara baja se negó a aprobar una reforma migratoria, pese a las presiones del Presidente Obama.
“La gente siente que no puede ir a la tienda a comprar comida o a llevar a sus hijos a la escuela”, dijo Santos Alvarado, hondureño de 51 años que se sumó a las protestas aunque sí tiene papeles.
Muchos republicanos opinan, no obstante, que el Gobierno de Obama está deportando a muy pocos inmigrantes.
Robert Goodlatte, jefe del comité de Asuntos Judiciales de la Cámara baja, dijo que las nuevas estadísticas, que muestran una caída de 10 por ciento en las deportaciones con respecto a 2012.
Funcionarios migratorios responden que los números son determinados por el requisito, que depende de la asignación presupuestal del Congreso, de que en los centros de detención haya 34 mil camas ocupadas.
Para lograrlo, se tiene que deportar cada año a unas 400 mil personas.
Los activistas urgen al Gobierno a expandir la directriz del Ejecutivo que en 2012 suspendió las deportaciones de jóvenes estudiantes.
Con información de The New York Times
