La prioridad dada por el Departamento de Justicia a los menores y familias centroamericanas que ingresaron en 2014 ha ocasionado que casi medio millón de personas vean su expediente postergado sin fecha definida, como le ocurre a Ricardo Pérez Luna desde que la Corte de Inmigración de Los Ángeles cancelara su audiencia.
“Ha sido una larga espera. No es justo que después de toda esta lucha, y ahora que ya estaba a punto de lograrlo, ni siquiera me digan para cuando voy a ver al juez”, dijo a EFE Pérez, oriundo de Oaxaca, México.
El inmigrante tenía una audiencia para el pasado 28 de enero, fecha en la que supuestamente un juez le otorgaría la residencia permanente por estar casado con una salvadoreña protegida por la Ley NACARA, pero las esperanzas se desvanecieron tras la notificación de cancelación de su cita, tal como le ha ocurrido a miles de indocumentados en los últimos días.
“Lo más triste es que no hay una fecha, no sé si son meses, un año, dos. No sabemos qué va a pasar”, aseguró con frustración Pérez.
Para Fernando Romo, abogado experto en inmigración y que representa a Pérez, este caso es el ejemplo perfecto del daño que está causando la congestión en las 230 Cortes de Inmigración en el país.
“Solo era una formalidad, mi cliente ya había cumplido con todos los requisitos y solo necesitaba la aprobación del juez. Diez minutos era lo que necesitábamos”, explicó.
Pérez ingresó como indocumentado a Estados Unidos en 2002 (en medio de su estancia llegó incluso a ser recluido en un centro de detención) y, tras invertir más de $22,000 dólares en gastos de representación y trámites, el mexicano esperaba por fin obtener su residencia, pero ahora podría esperar hasta el año 2019 para resolver su caso, según señaló.
Lauren Alder Reid, portavoz de la Oficina Ejecutiva para la Revisión Migratoria (EOIR), ente dependiente del Departamento de Justicia federal y encargado de adjudicar los casos en los tribunales de Inmigración, afirmó que la decisión del Gobierno afecta casos “no prioritarios”.
Entre ellos, el portavoz puso como ejemplos a adultos sin antecedentes penales, personas que no tienen hijos menores, no están detenidos y no han cruzado de forma ilegal la frontera recientemente.
“Son miles los afectados, no sólo los que estaban por obtener su residencia, sino también aquellos que tenían sus casos aún sin definir. En estos años podrían perder su elegibilidad”, reconoció Romo.
María Angela Cáceres, quién solicitó la cancelación de su deportación para cuidar a su hijo menor que padece una enfermedad congénita, tenía una cita el próximo 17 de febrero, pero esta semana también recibió la cancelación.
“Dios me regaló dos hijos, la mayor que traje de México y mi niño que depende de mí para todo. Yo le estoy pidiendo al juez que me deje quedar junto a mi hijo y mi hija, no sería justo que nos separen”, invocó Cáceres.
El abogado Alex Gálvez explicó a EFE que la prioridad que se está dando a los menores centroamericanos afecta a hijos menores de edad de inmigrantes que esperaban una residencia.
“Van a ser muchos los afectados, los jóvenes que dejan de ser menores de edad, las personas que esperan su residencia por personas que están enfermas y tienen el riesgo de morir, no es justo”, advirtió Gálvez.
De acuerdo a una investigación de la Universidad Syracuse, hasta diciembre de 2014 había alrededor de 430.000 inmigrantes con un caso pendiente de resolver.
Sólo en California hay más de 85,000 personas esperando ser oídas por un juez de inmigración, de los cuales más de 50,000 se encuentran en Los Ángeles. Después de California, Texas tendría 70,099 casos pendientes; Nueva York 58,818, Florida 21,862 y Nueva Jersey 19,828 expedientes.
La espera para una audiencia en la Corte de Inmigración en Los Ángeles implica hasta casi 800 días, aunque en cortes como las de Otay Mesa, cerca de la frontera entre México y California, los inmigrantes han llegado a esperar hasta 6,056 días.
El actual escenario ha obligado a los abogados de inmigración a idear alternativas para culminar los procesos judiciales, entre ellas buscar un acuerdo con el abogado de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y así cerrar el caso sin tener que ir a una audiencia frente al juez.
“No todos califican para esto, pero hay que buscar alternativas” señaló Gálvez.
Romo asegura por su parte que es necesario que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (USDOJ) asigne más recursos para poder descongestionar los tribunales.
Mientras tanto, en casos como los de Pérez y Cáceres la corte no tiene fecha límite para otorgar esta nueva audiencia.
“El año pasado murió mi madre, no pude ir a su entierro, ahora tendrá que esperarme más para ir a visitar su tumba”, advirtió Pérez.
Fuente: EFE
