La Corte Suprema de Justicia estadounidense acordó el lunes dictaminar sobre si los inmigrantes detenidos durante más de seis meses por el Gobierno, mientras se realizan los procesos de deportación, son elegibles para una audiencia en la que puedan presentar argumentos para su liberación.
La decisión de la justicia de tratar un caso enfocado en los derechos de las personas que van a ser deportadas se da durante una campaña presidencial en la que la inmigración ha sido un tema destacado.
El tribunal acordó evaluar una apelación del Gobierno del presidente Barack Obama de un fallo de octubre de 2015 de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco, que ratificó un dictamen de una corte inferior que pedía realizar una audiencia después de seis meses de detención.
El litigio de larga data de esta demanda colectiva presentada por la American Civil Liberties Union (Unión Estadounidense por las Libertades Civiles) incluye a inmigrantes detenidos en la frontera cuando intentaban ingresar ilegalmente a Estados Unidos y otros, entre ellos casos de residentes legales permanentes, que han sido condenados por delitos.
Si los inmigrantes obtuvieran el derecho a tener una audiencia de fianza, el Gobierno tendría que demostrar que habría riesgos de huída o peligro para la comunidad para que continúen detenidos.
El Departamento de Justicia dijo en documentos de la corte que la decisión del tribunal de apelación era “fundamentalmente equivocada” porque expandió dramáticamente el número de personas elegibles para audiencias y puso la vara alta para el Gobierno cuando deba argumentar que un detenido no debía ser liberado.
La ACLU respondió en sus documentos judiciales que el Gobierno había exagerado el impacto del dictamen de la corte, que ha estado vigente desde 2012 y aplica sólo a inmigrantes en el área de Los Ángeles.
Desde que esa medida existe, “no ha habido evidencia de efectos adversos sobre el cumplimiento de (las leyes sobre) inmigración”, dijeron los abogados del organismo.
Fuente: Reuters