Por Pablo Gómez
El debate sobre las estancias infantiles privadas para personas que no son derechohabientes de las instituciones de seguridad social remite a un problema profundo de la política social.
No existen en el viejo régimen mexicano esferas públicas que no hayan sido afectadas por la corrupción como parte del sistema de administración del Estado. Las instituciones y programas sociales no son la excepción.
Son conocidos los métodos para eludir el pago debido de cuotas obrero-patronales al Seguro Social, lo cual reduce drásticamente los recursos que esa institución podría recaudar. Muchas empresas en el país utilizan esos métodos, los cuales encuentran asidero en algunas disposiciones de ley redactadas para tal efecto y en la tolerancia de la autoridad.
Es lacerante que se les niegue seguridad social a los obreros agrícolas sin que el gobierno garantice, como es su deber, el ejercicio de ese derecho constitucional.
También es inaceptable que se niegue educación superior a jóvenes y se llegue, a veces, a vender pruebas. Los exámenes de ingreso no tienen calificación mínima porque no buscan evaluar sino sólo rechazar a quienes no caben, sin que la creciente demanda imponga al Estado la creación de nuevos planteles. La educación superior debe ser considerado un derecho.
Es grotesco y aborrecible que se tenga que pagar algo al “gestor” o “líder” para mantenerse en programas de asistencia social, como lo que ha sido Progresa-Prospera que tiene como propósito central financiar mínimamente la concurrencia a la escuela básica.
Cobrar a adultos mayores por concepto de gastos de “gestión” o de “administración” para garantizar la pensión alimentaria es uno de los más canallescos giros de la corrupción pública.
Así también, simular estancias infantiles para madres no asalariadas es una manifestación de la forma tan “libre” como se han administrado recursos de programas sociales.
Para combatir la corrupción en estas materias se requiere modificar los procedimientos de control y, es cierto, una que otra ley. Se trata de grandes recursos económicos que no llegan a su objetivo proclamado sino a los bolsillos de una extensa burocracia corrompida. Ahí es donde es preciso atacar.
Por ejemplo, la pensión alimentaria de adultos mayores se entregará siempre directamente al beneficiario y nunca a través de organizaciones o “gestores”. Esta pensión, la cual ha funcionado en la Ciudad de México desde el periodo gubernamental de Andrés Manuel López Obrador, será de carácter universal-nacional y es vista como un derecho y no como una dádiva.
Puede entenderse fácilmente que la cobertura de “guardería” para trabajadoras no-asalariadas se entregue por lo pronto directamente a ellas como un derecho que se buscará hacerlo universal, comprendiendo, incluso, a los hombres.
Sin embargo, quienes han creado afanosamente el sistema de desvío de fondos y cobro de acceso de beneficiarios, hoy, se desgarran las vestiduras mediante la defensa, como maniobra discursiva, de quienes en las estancias infantiles no están dentro del círculo de corrupción, aunque de lo que se trata es sólo afectar a los integrantes de los círculos de la corrupción.
No funcionarán las reformas de la política social mexicana si no se lleva a cabo la mayor transformación anticorrupción de la historia de México. Si en esto se falla, todo se irá al fracaso.
Fuente: Apro
