Por Jesús Cantú
Con la designación, el pasado viernes 15, del nuevo titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), y el cambio de titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, el Partido Revolucionario Institucional completó la captura de las instituciones del ramo, con lo cual tiene manos libres para intentar manipular la voluntad popular en los comicios presidenciales del 1 de julio de 2018.
Desde su creación, en enero de 1994, la Fepade había sido conducida por fiscales que se dedicaron a perseguir delitos relacionados con la alteración, falsificación o robo de credenciales de elector para efectos de identificación, haciendo a un lado las denuncias sobre hechos orientados a la manipulación de la voluntad popular, como el desvío de recursos públicos, el financiamiento ilícito de campañas, la compra y coacción del voto y el registro ilegal de electores, entre otros.
La llegada de Santiago Nieto, en febrero de 2015, rompió con esa inercia e instauró una nueva dinámica en la institución, que le permitió iniciar procesos penales contra varios presuntos delincuentes electorales –entre ellos los consejeros del Instituto Estatal Electoral de Chiapas y el secretario de Desarrollo Social de Colima–, así como abrir una averiguación previa contra Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, a raíz del presunto financiamiento ilegal de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto por parte de la trasnacional Odebrecht. Entre otras cosas, la integración de este expediente le costó a Nieto su remoción de dicha dependencia (Proceso 2139).
El viernes 15, en el último día de sesiones del presente periodo legislativo, el Senado designó como nuevo titular de la Fepade a Héctor Díaz Santana, quien ya había estado en la dependencia como coordinador de asesores y director general de Política Criminal, Coordinación y Desarrollo durante la gestión de María de los Ángeles Fromow (febrero de 2001 a enero de 2007), actualmente secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación.
En ese periodo detonaron dos asuntos de especial relevancia: el llamado Pemexgate y el relacionado con la asociación Amigos de Fox, que fueron sancionados por el entonces Instituto Federal Electoral pero quedaron impunes en el ámbito penal. Así que todo indica que la operación fue exitosa para Peña Nieto, cuyos partidarios cambiaron a un fiscal incómodo por uno que se encargará de que la Fepade vuelva a ser la institución anodina de siempre.
Los escándalos citados revelaron la importancia de la labor de fiscalización de las campañas electorales y de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) de la autoridad administrativa electoral (primero Instituto Federal Electoral y ahora Instituto Nacional Electoral). La primera reacción del PRI fue vetar a todos los consejeros electorales del Consejo de 1996 a 2003, para repetir en el mismo en octubre del último año; y, posteriormente, con la reforma del periodo 2007-2008 en la materia, decidió darle plena autonomía a la UTF y eliminar la Comisión de Fiscalización del Consejo General, como funcionó hasta la reforma político-electoral de 2014
Las decisiones impactaron en los procesos de fiscalización: En la elección presidencial de 2006 el IFE jamás pudo demostrar –ni sancionar– la transmisión de 281 mil promocionales en radio y televisión que fueron detectados por el monitoreo de la autoridad electoral y no fueron reportados por los distintos partidos políticos; estos errores, entre otros, provocaron la reforma de 2007-2008 y la remoción anticipada del consejero presidente y de cinco consejeros.
En la de 2012, ya con la nueva estructura institucional, las fallidas investigaciones sobre los recursos de las tarjetas Monex y Soriana, así como los evidentes excesos de gasto en la campaña del hoy presidente Enrique Peña Nieto, provocaron la remoción del titular de la UTF, Alfredo Cristalinas Kaulitz.
En su lugar fue nombrado, en 2015, Edmundo Gurza Curiel, quien mantenía una evidente cercanía con el priismo (Proceso 2000) y fue responsable de los fallidos procesos de fiscalización de los gastos de campaña en los comicios intermedios de 2015, y muy especialmente en los de gobernador en el Estado de México y Coahuila en junio de este año. En el caso de la segunda entidad, los errores de procedimiento fueron los que abrieron la puerta a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para salvar la elección del hoy gobernador Miguel Ángel Riquelme (Proceso 2136).
El hecho anterior obligó al Consejo General del INE a remover a Gurza (quien tuvo la osadía de inscribirse para competir por el cargo de Auditor Superior de la Federación), y en su lugar designó, el pasado lunes 18, al administrador general de Recaudación del Sistema de Administración Tributaria, Lizandro Núñez Picazo, es decir, un exsubordinado del precandidato único del PRI a la Presidencia de la República, José Antonio Meade. Si bien es cierto que Gurza era insostenible, el sustituto es impresentable, ya que, por muy buen técnico que sea, su cercanía con uno de los principales candidatos lo vuelve sospechoso en automático.
Tras la reforma de 2014, la fiscalización y la persecución de los delitos electorales se volvieron todavía más importantes de lo que eran previamente, pues se estableció que el rebase de topes de gastos de campaña en más de 5%, así como el desvío de recursos públicos y el financiamiento con recursos de procedencia ilícita, serían causales de nulidad de la elección, siempre y cuando la diferencia entre el primero y el segundo lugar fuese menor a cinco puntos porcentuales.
Hasta el momento, Peña Nieto y los demás priistas han cuidado todos los detalles para tener el control de las autoridades electorales: INE (Proceso 1953, 1959 y 1999); TEPJF (Proceso 2087) y Fepade (Proceso 2139). Sin embargo, en la primera y en la última todavía había particularidades por atender: el relevo del fiscalizador y el reemplazo del fiscal especial, respectivamente. En los dos casos los priistas y sus aliados impusieron su voluntad, y hoy tienen todas las condiciones para dar rienda suelta a sus operadores, sabedores de que las autoridades del ramo los protegerán, como ya sucedió en el Estado de México y Coahuila en las elecciones de este año.
Este análisis se publicó el 24 de diciembre de 2017 en la edición 2147 de la revista Proceso.
