Por Luis Javier Valero Flores
Las recientes reformas constitucionales en materia electoral han puesto en la palestra política nacional al gobierno de Chihuahua. Y no precisamente en los mejores términos. Lo aprobado por los diputados locales se le cataloga como una de las más retrógradas de las legislaciones electorales aprobadas hasta el momento. La ubicaron en el mismo nivel que las reformas aprobadas en los estados de Veracruz y Tamaulipas.
La reforma tuvo como único fin el de preservar los privilegios de los partidos (en especial a los claramente subordinados del priismo en la entidad), el de sus castas dirigentes y mantener la antidemocracia existente en ellos.
El efecto “Bronco” ha alarmado extremadamente a las cúpulas partidistas de estas entidades, y en especial a sus mandatarios, todos ellos emergidos del PRI.
La posibilidad de que ante designaciones antidemocráticas de sus candidatos, algunos de sus militantes busquen la candidatura independiente los ha aterrado.
Lo aprobado por el Congreso de Chihuahua va más allá.
En cuanto a las candidaturas independientes pareciera ser muy clara la violación a los derechos de los ciudadanos, sean o no miembros de los partidos políticos. El principal argumento para derogar tan regresiva legislación lo expuso el diputado priista, Eloy García Tarín: “Para ser candidato independiente a regidor en Chihuahua se piden más requisitos que para ser candidato independiente a la Presidencia de la República”.
El verdadero debate en este punto es el planteado por el Gobernador Duarte (el nuestro). Se trata de saber quiénes son independientes o no de los partidos políticos.
No se trata de que las candidaturas independientes deberían ser ciudadanizadas, sino de que fueran independientes de los partidos porque éstos tenían el monopolio de las candidaturas.
Por supuesto que le abre las puertas a los militantes de los partidos que, ante la antidemocracia prevaleciente en todos ellos, decidieran romper con el suyo y realizar el acto más lesivo para las agrupaciones partidarias: Que uno de sus militantes intente ser candidato, que lo sea y les gane las elecciones.
¿Y quien debe decidir si un ciudadano es candidato independiente o no? Solamente la ciudadanía. Primero, en el acto de otorgar su apoyo para que se registre quien busque tal figura y, segundo, que al figurar en la boleta electoral sean los ciudadanos los que, votando, decidan si merece ocupar el cargo público.
¿Con base en qué argumento, sólido, se le pueden poner trabas a quienes buscan ser funcionarios públicos, sin tener que pasar por el tamiz de un partido político?
Si un militante cree tener la fuerza ciudadana como para aspirar a la candidatura de su partido, debiera tener los instrumentos democráticos para intentarlo, pero si en su partido la designación es antidemocrática ¿Qué le impediría, válidamente, buscar la candidatura independiente?
En una época, por desgracia, en la que las cúpulas partidarias han asumido cada vez más férreamente el control de sus partidos ¿Cómo pretenden ponerles trabas a las candidaturas independientes?
¡Ah, porque las trabas no son solamente a quienes la buscan por primera vez! El Congreso aprobó una reelección inmediata para diputados y alcaldes.
Si alguno de éstos, postulado por un partido, intenta reelegirse, deberá hacerlo bajo el emblema del mismo partido de la primera vez, o haberse separado de éste ¡A la mitad de la gestión!
Pero si un candidato independiente accede al poder, para reelegirse deberá buscar, nuevamente, el mismo mecanismo de la primera vez, no le vale ser el alcalde o el diputado en funciones como a los militantes partidarios.
Más. Nuestros ínclitos legisladores crearon una nueva figura jurídica de las coaliciones, la “flexible” ¿Qué es eso? No lo sabemos, se guardaron el secreto.
Pero con todos los antecedentes, seguramente será el mecanismo que intentarán aprobar para repetir lo que hicieron en los procesos electorales anteriores, traficar con los votos de los ciudadanos, antes de que éstos, siquiera, los emitan, para otorgarles puntos de porcentaje a los partidos comparsas.
Y es en lo referente a la integración del Congreso del Estado que se develaron todas las pretensiones del grupo gobernante en Chihuahua: Le imponen serias restricciones a las candidaturas independientes; abren la posibilidad de las coaliciones “flexibles”; bajan el porcentaje de votación para que los partidos mantengan su registro electoral y accedan al otorgamiento de diputados plurinominales y regidores de minoría.
Además, para que los partidos accedan al segundo diputado “pluri” necesitan alcanzar, no el 7% como era antes, sino el 5% de la votación.
Al bajar al 2% el mínimo de votos obtenidos y dado el número de partidos que probablemente obtendrían este porcentaje como mínimo, se dieron cuenta que no les alcanzarían los diputados existentes (33) y optaron por la vía más fácil, la de elevar el número de diputados hasta un máximo de 36.
Tal cosa fue promovida y aprobada por la diputación del PRI, el partido del presidente Peña que promovió en la campaña del 2012 la necesidad de ¡Bajar el número de diputados “pluris”!
En el colmo de la desfachatez, le adjudicaron al PAN la pretensión de aumentar el número de diputados. Pero, como todos sabemos, éstos ni siquiera votaron, la reforma fue aprobada por el PRI y sus aliados.
Quizá lo mejor sea explicar como se adjudican los diputados pluris: En la primera ronda se le otorga uno a cada partido que haya obtenido por lo menos el 2% de la votación. Si un partido tiene un número importante de diputados de mayoría relativa (los de los distritos) se deberá evitar que alcance un número de diputados que rebase el 8% de la votación alcanzada.
Es decir, si un partido tiene, por ejemplo, 10 diputados de mayoría y el 35% de la votación, no podrá tener más de 14 diputados por ambos principios, ya que el 43% de los diputados son 14.19.
Bien, para acceder al segundo diputado pluri se necesita el 5%; para un tercero el 10 y para un cuarto, el 20%.
El problema es que sólo había 11 diputados “pluris” y en la primera ronda, si todos alcanzan el 2% se repartirían ¡9 diputados y sólo sobrarían 2 y en la práctica el partido que quedara en segundo lugar (PRI o PAN de acuerdo a los antecedentes) podría quedar gravemente subrepresentado y violar, así, el mandato constitucional del 8%. De ahí el aumento de diputados.
Pero la trampa no está en el segundo lugar de la votación, sino en la disminución del 3 al 2% a los minipartidos, la maniobra para darles vida artificial, lo que explica que hayan sido sus coordinadores parlamentarios los únicos que hayan ofrecido explicaciones sobre la reforma electoral aprobada.
Atrás quedaron muchas cosas. Por ejemplo la de desaparecer las listas de candidatos “pluris”, para que las diputaciones “pluris” se otorgaran a los candidatos de los distritos que no hubiesen ganado pero que tuvieran los más altos porcentajes de entre los candidatos de su partido.
De ese modo serían los ciudadanos los que elegirían a todos los diputados y no como ahora que una parte es por ese principio (Prelación) y otros que emergen de las listas propuestas por las dirigencias de los partidos.
Presumida como una de las mayores conquistas de la reforma electoral, la de la reelección continua de alcaldes y diputados, atraviesa por numerosas lagunas e incertidumbres. Unas de ellas ¿De qué manera se reglamentará la actuación pública de los diputados y alcaldes que, estando en el cargo, intenten reelegirse?
¿Deberán pedir licencia para postularse nuevamente al mismo cargo? ¿En qué momento? ¿Se imaginan a alcaldes y diputados en busca de la reelección? ¿Gastarán el erario pensando en el “bien común” o en su continuidad en el cargo?
Sólo de imaginarse el despilfarro para asegurar la perpetuidad, da pavor, serán insuficientes todos los recursos públicos.
De todos los aspectos de la reforma, el de las candidaturas independientes es el más importante, por lo menos así se apreció en el curso de la semana.
Imposible saber el origen, pero de inmediato a tal reforma se le etiquetó como elaborada para el ex alcalde capitalino Marco Adán Quezada, integrante del grupo de los Baeza (Quizá sea más apropiado denominarlo “Grupo Delicias”), a quien se le achacaron ánimos “independentistas” y que motivó la primera aparición pública de tal grupo.
Ayer por la mañana se reunieron, entre otros, el ex gobernador José Reyes Baeza (y no debemos olvidarlo, el chihuahuense con el cargo más alto en el gobierno federal) , los ex alcaldes capitalinos, Marco Adán Quezada y Alejandro Cano; el ex alcalde deliciense y ex dirigente estatal priista, Óscar Villalobos; el secretario general de Gobierno con Baeza y ex presidente estatal, Sergio Granados; el ex alcalde y ex diputado local, César Cabello, la actual delegada de la Conducef, Guadalupe Pérez, el ex Auditor del Estado, Sérbulo Lerma, el ex alcalde de Aldama y ex diputado local, Miguel Rubio, el diputado local, Eloy García Tarín, el ex diputado local y federal, Víctor Valencia (hoy encumbrado funcionario en Sedesol) y uno de los hombres más cercanos a Quezada, Fernando Tiscareño.
Si hubiera dudas acerca de las motivaciones de tal reunión, las declaraciones del ex gobernador son diáfanas: “Como militantes nos interesa mucho que haya equidad en los procesos, para que en igualdad de circunstancias se logre el fortalecimiento de las posibilidades electorales del partidos en el futuro cercano…deberá ser evaluado, en las candidatas y candidatos, el arraigo social y su liderazgo político, para que realmente se decida por el mejor hombre o mujer que pueda encabezar los esfuerzos del partido para los próximos procesos electorales”. (Nota de laopción.com.mx, 4/VII/15).
Y antes de que se les desate la tormenta encima, Reyes declaró que “La reunión no tiene como propósito, y nunca lo ha tenido en este grupo, el denostar a nadie, ni tampoco busca especular de aspectos, de procesos, ni mucho menos de lastimar a nadie; sino construir de manera pro activa y propositiva escenarios de futuro para que le vaya bien al partido en Chihuahua…”.
El 2016 ya está aquí, por lo menos para el PRI; empezó, públicamente, la disputa por la gubernatura.
