Por Luis Javier Valero Flores
Sin preámbulos, el Gobierno del Estado autorizó el incremento de las tarifas del transporte urbano en la entidad a 7 pesos -lo que significa un aumento del 16.6%-.
En la capital, el esquema de pago será de 7-2-0 ( Es decir, que el primer viaje será de 7 pesos, el segundo de 2 y el tercero no se pagará, por lo menos en la teoría) a pesar de las reiteradas declaraciones efectuadas por prácticamente todos los funcionarios relacionados con la actividad, incluido el mismísimo primer mandatario estatal, de que no se aumentaría la tarifa.
Además, para las tarjetas verdes o preferenciales el aumento será de 50 centavos, es decir 3 pesos con 50 centavos en el primer camión, un peso en el segundo y cero el tercero, en el caso de Chihuahua.
El incremento se da no obstante que adujeron sería necesario tener en las manos el estudio de las operaciones del transporte urbano, porque desconocían los verdaderos ingresos y la magnitud de los egresos de las empresas del transporte urbano.
Durante meses, en los que una parte importante de los habitantes de la capital soportó el empeoramiento en la prestación del servicio, (porque los juarenses sólo han tenido una leve mejoría, proporcionada por la única ruta troncal del Vive Bus que, a decir de sirios y troyanos, es eficiente y cómoda) las autoridades estatales se desgarraron las vestiduras diciendo que no cederían a las presiones de los concesionarios los que, una y otra vez, exigieron el incremento de tarifas.
Así lo sostuvo el director de Transportes del Estado, Gustavo Morales, “No nos doblamos ante los concesionarios”. (Nota de Orlando Chávez/El Diario de Chihuahua, 2/I/16).
No son las únicas malas noticias, el incremento de tarifas se elevará a 8 pesos si el autobús al que usted se suba es modelo 2016 (y equipado con clima e Internet).
Además, como el gobierno adquirirá unidades nuevas (dijeron que 80 para la Ruta Troncal 1 de Chihuahua) en la práctica nos estamos enfrentando a una elevación de las tarifas a 8 pesos, un incremento del 33% a los gastos, en materia de transporte, a los que menos ganan en las ciudades mayores de Chihuahua.
Y como todas las responsabilidades son de los anteriores gobernantes, el gobernador Duarte “explicó que la pasada administración renovó las concesiones por 15 años, lo que dejó a su gobierno sin formas de presionar a los concesionarios para que mejoren el servicio, por lo que durante cinco años se negó el aumento”. (Idem).
Y trató de justificarlo: “Por más de 7 años no se había incrementado la tarifa del transporte… Había habido incrementos muy importantes en el valor de los energéticos, llantas, de los servidos y nosotros lo que hemos exigido es que se eleve la calidad del servicio”. (La Opción de Chihuahua, 1/I/16).
Es de tal modo la supeditación de la autoridad estatal que en la reunión del Consejo Consultivo del Transporte acordaron que los concesionarios presentarían los estudios “para revisar en cuáles rutas existe la posibilidad de adquirir camiones 2016 y subir el precio a 8 pesos”. (Nota de Araly Castañón, El Diario de Juárez, 1/I/16).
Bien, entonces ¿Podrían decirnos cuándo es que se elevó la calidad del servicio? ¿Podrían dar a conocer los estudios realizados, los que el secretario de Desarrollo Urbano, Maurilio Ochoa, afirmó (declaraciones a Aserto-Radio, 23/XI/15) se estaban realizando para tener pleno conocimiento de las condiciones del transporte?
Sin embargo, de las propias declaraciones del gobernador Duarte podríamos inferir que tal aumento no se justifica pues en sostuvo que “debido a diversos problemas los concesionarios dejaron de recaudar alrededor de 150 millones de pesos al año, por lo que el objetivo es que el sistema sea rentable, sin afectar a los usuarios”. (Nota de Orlando Chavarría, El Diario de Chihuahua, 1/I/16).
Además, agregó que la decisión se tomó en el consejo consultivo “formado por empresarios, concesionarios, funcionarios y la federación de estudiantes, luego de escucharse propuestas por parte de los transportistas sobre un incremento de hasta 13 pesos”, pero en el que existe una marcada mayoría de funcionarios estatales, cuyo superior jerárquico es el titular del Poder Ejecutivo, por lo que nadie podría alegar autonomía de este órgano de consulta.
El incremento se da a pesar de que todas las opiniones sobre la prestación del servicio coinciden: Es pésimo, faltan unidades, la mayoría de los camiones están en pésimas condiciones, con los vidrios quebrados, lo mismo que las ventanas en la parte superior y algunos asientos descompuestos; los tiempos de espera en las rutas alimentadoras se alargaron; además de que el aumento se da a pesar de la disminución en el precio de la gasolina y que la inflación apenas llegó al 3%.
No obstante, el sempiterno dirigente de los concesionarios capitalinos, Francisco “El Güero”, Lozoya, líder del ala cetemista del transporte urbano, afirmó que “La operación del transporte ha sido eficiente durante estos días, sin embargo los costos siguen siendo sumamente elevados, es necesario replantear las tarifas”. (Nota de Araly Castañón, El Diario de Juárez, 1/I/16).
Y como siempre que se autoriza un incremento al precio del pasaje (aunque debemos reconocer que casi se nos olvidaba) los empresarios ligados al oficialismo y otros sectores sociales exigen “mejoras sustanciales al servicio”, como ahora lo hizo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la capital, Francisco Santini Ramos, al aprobar el incremento de un peso en el primer pasaje del transporte urbano. (Nota de Manuel Quezada, El Diario de Chihuahua, 1/I/16).
Es de tal manera injustificado realizar tal incremento que el arzobispo Constancio Miranda Weckman, en el típico modo de decir de la jerarquía católica, declaró que “se debe ver primero por el bienestar de los ciudadanos”; que para efectuar un incremento era fundamental “basarse en un estudio pertinente donde arrojen resultados en los que indiquen que es mejor para el pueblo”, debido a que quienes utilizan este transporte “son familias que viven el día a día”, además de que, dijo, “si es un buen servicio debe mejorar con el paso del tiempo, pero por otra parte se ve en la incógnita de saber hasta qué punto es benéfico incrementarlo”. (Nota de Natalia [sic], La opción.com, 1/I/16).
Es inexplicable el cambio de actitud del gobierno estatal.
Apenas unos meses atrás, sostenían exactamente lo contrario de ahora.
“Las deplorables condiciones en que se encuentran las ruteras de Ciudad Juárez no son propicias para aprobar un incremento en la tarifa del pasaje”, declaraba en octubre el secretario general de Gobierno, Mario Trevizo Salazar.
Decía que en tanto no se modernizara el servicio, “nadie tiene cara para exigir un incremento en la tarifa, ni en Ciudad Juárez ni en el resto del estado”. (Nota de Samuel García, Norte de Ciudad Juárez, 22/X/15).
En septiembre, “el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y la Dirección de Transporte, dio a conocer que en acuerdo con los concesionarios asumía el control del Vivebús, sin que se contemple el aumento de tarifas”. (Nota de El Heraldo de Chihuahua, 11/IX/15).
A fines de abril del año anterior, el dirigente estatal de la CTM, Doroteo Zapata, erigido en vocero de los concesionarios de la entonces Coordinadora de Transporte Colectivo (CTC) que prestaba el servicio al Vive Bus, planteó la elevación de las tarifas como solución a la viabilidad del nuevo sistema de transporte.
Todo lo anterior sucede a pesar de que no hace mucho, en noviembre, al crear el Fideicomiso Público de Control Tarifario (y su posterior puesta en funcionamiento) los gobernantes aseveraron que con esa medida se buscaría “transparentar los ingresos del transporte urbano” a fin de evitar “tener que elevar tarifas y que el gobierno y la ciudadanía deje de pagar la ineficiencia operativa hasta ahora registrada”. ¡Orale!. (Nota de Jesús Manuel Ruiz, El Heraldo de Chihuahua, 18/XI/15).
Entre las medidas que se adoptarían estaba la de pagarle a los concesionarios únicamente las veces que las tarjetas electrónicas pasaran por el detector, lo que obligaría a la disminución en el número de usuarios sin pagar.
Al anunciar la puesta en vigor del fideicomiso, Maurilio Ochoa afirmó que el transporte público en Chihuahua capital generaba ganancias anuales por encima de los 200 millones de pesos y que “al incorporar los métodos de medición, que van desde cuánto cuesta cada kilómetro del transporte, incluido combustibles, mantenimientos, choferes, tipo de unidades, recorridos, rutas, etcétera, podrá dejar en claro que no es aceptable un incremento a la tarifa”. (Idem).
En esa ocasión, Maurilio Ochoa Millán, secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, estimaba en 40 millones de pesos mensuales los ingresos del transporte urbano (en la capital), además de que 28% de los usuarios viajan sin pagar, por lo que, afirmó, era posible elevar un 30% los ingresos.
¿Y entonces, por qué no esperar a las medidas que tomarían, antes de elevar las tarifas?
Presión pura, podemos concluir.
