La Comisión Permanente mexicana rechazó este miércoles ratificar el Acuerdo Multilateral Comercial contra la Falsificación (ACTA) por considerarla “una restricción” significativa a los derechos fundamentales como la libertad de expresión y el debido proceso en el país. La determinación constituye un severo revés al gobierno del presidente Felipe Calderón que apenas hace 15 días había suscrito el controvertido acuerdo con Japón.
La Comisión Permanente, que sustituye al Congreso mexicano durante los recesos parlamentarios y actúa como Senado, decidió por unanimidad la no adhesión al tratado por considerar que el mismo puede derivar en la imposición de censuras indebidas en la red.
Además el Congreso pide la comparecencia de los titulares de la Secretaría de Economía, Bruno Ferrari, y del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI), José Rodrigo Roque, y de representantes de la Cancillería para explicar el proceso de firma del tratado antipiratería y por qué se firmó sin consultar a nadie ni tomar en cuanta opinión en contra expresada por el Senado.
El pasado 11 de julio el Gobierno de México firmó el ACTA en Japón con lo que este país se unió a Australia, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, Japón, Marruecos, Nueva Zelanda y Singapur en su respaldo.
Sin embargo, para que el tratado pudiera entrar en vigor era necesaria la ratificación del Senado, que este miércoles fue rechazada.
La propuesta resulta “inviable”, por lo que “se exhorta al Ejecutivo que “reserve la aplicación del artículo 27 del ACTA”, dijo en tribuna el legislador Carlos Flores.
El mismo establece lineamientos para proteger los derechos de autor y la piratería en internet, pero abre la puerta a posibles violaciones a la libertad de expresión y privacidad de los internautas mexicanos, que son más de 40 millones.
La decisión se produce después de que en julio de 2011 el propio Senado mexicano pidiera al Ejecutivo la no adhesión al tratado por considerar que el mismo puede derivar en la imposición de censuras indebidas en la red.
Antes, el 24 de noviembre de 2010, la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) se había pronunciado en contra del ACTA ya que las restricciones que implica “podrían disminuir el ritmo de crecimiento de usuarios” de internet.
Durante la discusión legislativa de ayer se insistió al Ejecutivo “que realice las gestiones necesarias a fin de que, previamente a su ratificación, se establezca una reserva de México” al ACTA para que el artículo 27 y otras disposiciones que “pudieran afectar derechos fundamentales” no se apliquen en el país.
El ACTA surgió en 2006, con las negociaciones que establecieron Japón y Estados Unidos y, dos años más tarde, se sumaron a él varios países que consideraban que los tratados internacionales existentes para proteger los derechos de autor dentro de la normativa de la Organización Mundial de Comercio (OMC) eran insuficientes.
En la Unión Europea (UE) un total de 22 de los 27 países comunitarios, entre ellos España, ya ha firmado el texto mientras otros como Alemania y Polonia han solicitado más tiempo para estudiarlo a fondo y aún no han cumplido esa etapa.
El pasado 4 de julio el pleno del Parlamento Europeo rechazó por amplia mayoría el ACTA aduciendo que se entrometía en los derechos fundamentales de los internautas. Entonces el movimiento activista internacional Avaaz calificó inmediatamente esa decisión de un “triunfo para la democracia en Europa”.
A su vez, el Congreso de los Estados Unidos ni siquiera se sometió a votación la ejecución del acuerdo a través de los proyectos legislativos conocidos como SOPA y PIPA que fueron retirados a la discusión debido a una controversia pública que enfrentó los intereses de Hollywood con los de Silicon Valley, en un contexto de protestas generalizadas por numerosas organizaciones ciudadanas.
Fuente: EFE
