Por Luis Javier Valero Flores
De acuerdo con el documento “Censo Educativo. Radiografía del Dispendio Presupuestal”, publicado por el centro de análisis “México Evalúa” (dirigido por el ex consejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde), citado por el periódico capitalino Reforma (27/VIII/14), las anomalías presentadas por el magisterio nacional provocan pérdidas anuales por el orden de los 51 mil 487 millones de pesos, que representa el “26.4% de la nómina del magisterio nacional”.
El estudio demostró, además, las enormes inconsistencias existentes entre la nómina magisterial que entregan los gobiernos estatales a la SEP y los datos del censo educativo, pues se desconocen las funciones y la ubicación de 591 mil 222 empleados del sector educativo.
El cálculo de las pérdidas se hizo sobre la base del salario de 7 mil 255 pesos mensuales percibidos por los maestros de primaria en 2013.
En ese panorama, nuestra entidad aparece en lugares significativos de tal dispendio. Si se planteara el escenario optimista, la pérdida ascendería a 594 millones 43 mil pesos, lo que representaría el 4.37 por ciento del presupuesto de educación básica y ubicaría a Chihuahua en el lugar número 20 del ranking nacional.
En cambio, si se plantea el peor escenario, el costo sería de 859 millones 503 mil pesos, que representarían el 6.33 por ciento del presupuesto de educación básica y nos colocaría en el número 5 del ranking nacional.
No son números menores los reportados por el estudio:
En el estado de Chihuahua existen 802 “comisionados”, es decir, personas que cuentan con una plaza y se encuentran en aquella calidad, regularmente asignados a tareas sindicales, aunque no sólo a eso. Ese número, y sus salarios, representan el 1.19% del total de la nómina de educación básica.
A su vez, el número de “aviadores” casi iguala al anterior; son 723, igual al 1% del presupuesto; por otra parte, los jubilados, renunciados y fallecidos en Chihuahua son 5 mil 298, que representan el 7.66% del total de la nómina de educación básica.
En cuanto a quienes trabajan en un centro distinto a la plaza asignada, casi llegan a los 3 mil, son 2 mil 747 maestros que representan el 4.1% del total de la nómina y los ausentes, al momento de levantar el censo, fueron 3 mil 638 maestros que representan el 5.4 por ciento del total de la nómina de educación básica.
De este modo, Chihuahua se encuentra en el lugar número 18 en comisionados; en el número 11 por el número de aviadores; en el número 30 por el número de jubilados, renunciados y fallecidos, en el número 11 de quienes trabajan en centro distinto a la plaza asignada; en el 13 de quienes se negaron a contestar el censo y en el número 25 por el número de ausentes cuando se levantó el censo.
Pero si las cifras anteriores mueven a indignación, las que mueven a espanto son las referentes a la infraestructura educativa.
En el Estado Grande existen mil 627 escuelas sin agua corriente, que representan el 30.3 por ciento del total; sin drenaje existen 2 mil 180 escuelas, igual al 40% del total; sin energía eléctrica 1 mil 117, que representan el 20.8; sin sanitarios, 921 escuelas, que representan el 17.1%.
A su vez, tienen techos inadecuados 2 mil 662, que representan el 56.6 por ciento total de la nómina educación básica, y con piso de tierra 88, que representan el 1.9 por ciento del total de la nómina de educación básica.
Las cifras anteriores nos llevarían a reflexionar que la reciente reforma educativa, en lugar de incidir en los aspectos con el mayor número de irregularidades y que reflejan el elevado grado de corrupción existente en las instituciones educativas, dejó de lado algo que ahora se aparece nítido ante nuestros ojos: El enorme cáncer de corrupción en el que se ha convertido la agrupación sindical del magisterio, el SNTE.
Y tal cúmulo de irregularidades que sólo pueden ser posibles gracias a la connivencia de los gobernantes locales. No son pocos, “en 27 de los 32 estados, las irregularidades superan el 10 por ciento de la nómina”, de acuerdo con el estudio. Son de tal tamaño, que representan más de siete veces el monto anunciado por el presidente Enrique Peña Nieto –7 mil 500 millones de pesos– “para corregir problemas estructurales en 20 mil escuelas”.
Los extremos son en realidad preocupantes, al tiempo que el estudio nos retrata, por otro lado las manipulaciones mediáticas, pues las entidades que mayores irregularidades presentaron son aquellas en las que la presencia de la disidencia magisterial es menor. Así, por ejemplo, en Tamaulipas en 2013 sólo se reportaron 2 maestros comisionados pero un año después el censo encontró mil 124 profesores en esa condición.
O los casos de Querétaro, en donde las anomalías representan el 23.46 por ciento de la nómina; o la joya del priismo en estos momentos, Yucatán, con anomalías que ascienden al 21.53% de la nómina de la educación básica; o Zacatecas y Chiapas con un 20 por ciento.
Ahí están las facturas políticas pagadas al magisterio por sus “favores” electorales; ahí, también, algunas de las principales causas de la crisis educativa, achacadas, por otra parte, a los maestros y no a la increíblemente corrupta cúpula sindical.
