Apoyado por un grupo de pistoleros, Rafael Pavlovich, tío de la actual gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, continúa el saqueo de minerales de terrenos propiedad del ejido El Bajío, donde se encuentra una mina de oro, denunciaron ejidatarios ante las autoridades.
En la Carpeta de Investigación: FED/SON/CABO/0002265/2018, que abrió el Ministerio Público Federal, los campesinos narraron que “aproximadamente a las 12:00 horas del del pasado 3 de octubre de 2018 apareció de nuevo en tierras ejidales un grupo de 23 individuos armados, y al frente iba un anciano de abdomen pronunciado que al acercarse reconocieron como Rafael Pavlovich Durazo”.
Según denuncias de los ejidatarios ante las autoridades, Rafael Pavlovich Durazo fue desalojado de las tierras ejidales, de las que intentó apropiarse con documentos obtenidos de manera ilegal.
“Posteriormente, Pavlovich Durazo había intentado furtivamente continuar con el robo de minerales de la mina Dipolos que se encuentra dentro del citado núcleo ejidal, amenazando con usar el aparato judicial del Estado para encarcelar a los ejidatarios o bien desaparecerlos”, contó en entrevista telefónica Gregorio Meza Mendoza, vocero del Ejido El Bajío.
El portavoz recordó que anteriormente fueron encarcelados 10 ejidatarios acusados de falsos delitos y 11 más han sido secuestrados y tres de ellos se encuentran aún desaparecidos.
“El pasado día 3 de octubre Rafael Pavlovich Durazo iba acompañado de un individuo de baja estatura moreno, delgado, sin barba ni bigote y de unos 55 años de edad, quien dijo ser el jefe de la plaza de Caborca, quien se identificó como José Rodrigo Páez Quintero quien, a manera de amenaza, confesó a los ejidatarios que él había ordenado la muerte de los tres ejidatarios desaparecidos”, señaló Gregorio Meza Mendoza.
Ese día Páez Quintero amenazó a los campesinos diciéndoles: “si no se salen a chingar a su madre”, y les dijo que ahí mismo los matarían pues contaba con el permiso de su tío Rafael Caro Quintero, narró el vocero del Bajío.
Una vez amenazados y despojados de su tierra, los campesinos se pusieron a salvo, luego acudieron a presentar la denuncia por los hechos la cual quedó asentada en la carpeta de investigación FED/SON/CABO/0002265/2018.
Apoyo policial a pistoleros
Gregorio Meza contó que quince días después, el 18 de octubre, los campesinos solicitaron de nuevo el auxilio de los militares quienes realizaban un operativo en la zona y lograron decomisar un vehículo Ford Tritón de modelo reciente, cargado con más de una tonelada y media de cianuro de sodio que los delincuentes usan para lixiviar oro.
“Al ver a los militares en el área, los delincuentes hablaron a la policía municipal de Caborca quienes acudieron en varios vehículos oficiales a rescatar al supuesto sobrino de Caro Quintero, acompañados de pseudoperiodistas, así como supuestos defensores de los derechos humanos que llegaron increpando a los militares, obstaculizando el operativo y permitiendo el escape de los delincuentes”, añadió.
El vocero contó que la policía municipal y los pseudoperiodistas intentaron llevarse el cianuro y la camioneta Ford Tritón para supuestamente ponerla a disposición del agente del Ministerio Público Federal, pero lejos de hacerlo intentaban regresarla a los delincuentes.
No obstante, los ejidatarios pusieron en alerta al Ministerio Público Federal quien logró localizar la evidencia, recuperarla y abrió la carpeta de investigación FED/SON/CABO/0002265/2018.
Al grupo que encabezaba Páez Quintero le aseguraron un vehículo pick up blindado con una ametralladora Browning M2 calibre 50 montada; cuatro fusiles calibre AK-47 y un arma corta calibre 9 mm.
El vocero de los ejidatarios denunció que, a pesar de la captura de alguno de los sicarios y el aseguramiento del arsenal, Rafael Pavlovich Durazo y sus sicarios continúan la extracción de agua cianurada de la mina Dipolos para extraer oro sin ser el dueño de la tierra y sin tener permiso alguno para manejar cianuro, mucho menos con la capacitación para hacerlo.
“Solo tiene la venia de su sobrina la gobernadora y parece ser más que es suficiente, pues ni la Profepa ni alguna otra autoridad parecen enterarse de nada a pesar de las múltiples denuncias presentadas”, concluyó Gregorio Meza Mendoza.
El origen del conflicto
El conflicto de los terrenos del ejido El Bajío comenzó cuando la Minera Penmont, socia de la mexicana Minera Herradura propiedad de Alberto Bailleres, invadió ilegalmente las tierras de los ejidatarios durante 17 años.
Durante ese período la minera extrajo oro ilegalmente de los terrenos del Ejido el Bajío.
Antes el usufructo ilegal de sus tierras, los campesinos mantuvieron un largo litigio que derivó en 67 sentencias a favor de El Bajío, mismas que ordenaban a la minera restituir los terrenos y pagar daños y perjuicios en favor de los ejidatarios, así como la devolución del oro extraído ilegalmente.
Posteriormente de ese litigio que ganaron los campesinos, Rafael Pavlovich Durazo fue incluido ilegalmente por el Magistrado del Tribunal Agrario, Benjamín Arellano Navarro, con derecho de posesión jurídica de mil 824 hectáreas de las tierras del Ejido El Bajío, a pesar de que no es ejidatario.
Fuente: Apro
