Por Ernesto Villanueva
Ni duda cabe que eliminar las pensiones de los expresidentes de la República se ha vuelto un clamor ante lo alevoso de este beneficio que la doctora Hilda Nucci y yo analizamos y desglosamos en Los parásitos del poder. Cuánto cuesta a los mexicanos mantener los privilegios de los expresidentes (Ediciones Proceso, 2016).
En nuestra investigación encontramos que las pensiones de este tipo en México son las más caras del mundo tanto en números absolutos como porcentuales. Bienvenida por lo anterior la propuesta del virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador de suprimirlas.
Es necesario, sin embargo, precisar que para llevar a cabo esa necesaria e importante medida no basta con “eliminar la partida para las pensiones de los expresidentes” de la ley anual del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), como ha sido publicado en los medios de comunicación. Eso, por supuesto, es un punto de partida. El asunto es mucho más complejo.
En la partida de referencia sólo viene lo relativo a la “pensión” en estricto sentido; es decir, el equivalente al ingreso del secretario de Hacienda, y aunque el monto es muy alto si se compara con las pensiones del ISSSTE, representa muy poco dentro del universo de recursos que destina la sociedad a quienes en nuestro libro hemos llamado “los parásitos del poder”.
En efecto, la mencionada partida sólo cubre aproximadamente el 5% de los aproximadamente 5 millones de pesos mensuales que se destinan a cada uno de los exmandatarios para mantener su lujosísimo tren de vida. El próximo gobierno debe hacer las cosas bien para evitar que la eliminación de estas “pensiones” se convierta en una ilusión óptica para efectos de satisfacción psicológica del pueblo.
El régimen priista nunca concentró en una sola partida esos recursos. Lo que hizo fue dividirla en varios rubros; de ahí los dispares resultados que se obtienen cuando se investiga el tema, sobre todo desde la perspectiva periodística, cuyo común denominador es tener el tiempo en contra. Se entiende que, en una sociedad democrática, el total de los recursos erogados deberían estar concentrados, pero México no ha sido históricamente un Estado de derecho. De esta suerte, si mediante la Ley de Transparencia alguien busca conocer cuánto dinero se destina a los expresidentes, la respuesta va a ser parcial y se va a limitar más o menos al 5% del total que he señalado.
Por fortuna, el “acuerdo” que “justifica” esas “pensiones”, además de caracterizarse por su desaseo jurídico, nunca fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, razón por la cual nunca tuvo vida jurídica; es decir, nunca ha sido legal. Por ello mismo no podrían prosperar ante la justicia federal los eventuales recursos legales que algunos de los expresidentes pudieran iniciar argumentando derechos adquiridos.
Pero además de la partida del PEF a la que se ha hecho referencia, se debe abrogar el Reglamento del Estado Mayor Presidencial y dejar establecido de manera muy clara en sus artículos transitorios que sus elementos se integrarán a la Secretaría de la Defensa Nacional, así como que se elimina toda ayuda, comisión o apoyo a los expresidentes ahora por parte de la Sedena, de la Secretaría de Marina o de alguna corporación policiaca.
Cabe recordar que, en el último día de su mandato, Felipe Calderón se auto-otorgó un apoyo ilimitado cuando reformó el citado Reglamento al despacharse con la cuchara grande en lo que ha sido un atraco a la nación revestido de legalidad, pues no sólo se benefició él mismo sino que hizo lo mismo con su propia familia al disponer que reciba atención especial en el Hospital Central Militar y no en los del ISSSTE o en los excelentes institutos nacionales de salud con los que cuenta el país y que dependen de la secretaría del ramo.
De igual forma, debe emitirse un acuerdo, muy bien sustentado y explicitado jurídicamente, para que se ordene a la Secretaría de Hacienda retirar todos los apoyos en recursos humanos y materiales de los que gozan los exmandatarios, como exponemos con detalle en Los parásitos del poder. Estos actos jurídicos los puede llevar a cabo el presidente de la República sin necesidad de pasar por el Congreso de la Unión, en virtud de que se encuentran en su ámbito de atribuciones, previsto en el artículo 89, fracción I de la Constitución.
Los mexicanos hemos padecido décadas de abuso por parte de los poderes en turno, tanto priistas como panistas, y en el caso del poder Ejecutivo la discrecionalidad, el dispendio y la corrupción han representado bofetadas humillantes contra los ciudadanos, que malviven con sueldos de hambre y que conocen la justicia sólo de oídas por los discursos de los gobernantes.
México no ha tenido presidentes. Ha tenido cínicos reyezuelos que, como en el caso del panista Vicente Fox, se aferran a los recursos del pueblo como si fueran realmente de ellos, como si en verdad los merecieran.
Por fin, parece que ahora sí va a concretarse una de cal por las que van de arena en materia de inequidad, dispendio y corrupción.
@evillanuevamx
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Fuente: Proceso
