La chicana comenzó desde la misma conferencia de prensa a la que la PGR convocó para difundir el peritaje preliminar. Ante los medios de comunicación, el subprocurador Eber Omar Betanzos, y Ricardo Damián Torres, director regional para América Latina de la firma PT&C/LWG Forensic Consulting Services, con una importante cartera de negocios en México (http://goo.gl/cQjIY5), dieron la bienvenida a los presentes y leyeron dos documentos. Todo en apenas unos cuatro minutos. Al terminar agradecieron la presencia de los periodistas, se levantaron de la mesa y se fueron. A pesar de la importancia del tema, no permitieron ni una sola pregunta. ¡Ni una!
A la conferencia de prensa no asistieron los otros cinco expertos en materia de fuego. Tampoco los integrantes del Grupo Interdiciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Todos tendrían que haber participado.
La PGR y el GIEI firmaron un acuerdo en febrero pasado en el que se fijaron las bases para el nuevo estudio. Allí se estipuló que los peritos debían guardar confidencialidad sobre el trabajo realizado y que todas las fases del estudio se realizarían de consenso
. El pasado 1º de abril, la procuraduría rompió el convenio.
A pesar de que ninguno de los expertos podía acudir como vocero o representante del grupo, sin presentar de manera clara a los integrantes, y sin explicar por qué había sido elegido, Ricardo Damián Torres, que fue seleccionado a la comisión de expertos de fuego por la procuraduría, fue presentado a los periodistas por parte del subprocurador Betanzos como el vocero de sus compañeros.
El informe preliminar dado a conocer por la PGR rompe el acuerdo signado el 29 de octubre de 2014 entre el presidente Enrique Peña Nieto y los familiares de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. El documento señala que ninguna dependencia del gobierno federal dará información a la prensa sobre el avance de la búsqueda y de la investigación, sin notificar previamente a una comisión mixta de seguimiento e información. Ni los padres ni sus representantes fueron informados de lo que se dijo en la conferencia de prensa.
En una reunión con el GIEI, previa a la conferencia de prensa, Damián dijo que lo que iba a informar en ésta era que no se había podido determinar si el hecho habría ocurrido o no, y que el equipo necesitaba nuevos estudios y pruebas experimentales para determinarlo
. Mintió. Ante los medios de comunicación, se refirió a partes del contenido de un informe provisional, no analizadas por el GIEI, y que no tienen el consenso del resto de los expertos de fuego. Volvió a mentir.
En el documento que Damián Torres leyó a los periodistas en un español con marcado acento estadunidense, trató de revivir laverdad histórica
del gobierno federal. Tramposamente, dijo que sí existió un evento de fuego controlado en el basurero de Cocula; que 17 adultos fueron quemados en el lugar, y que las condiciones de tiempo y circunstancias indican la posibilidad de que fueran quemados 43 cuerpos, aunque sólo con una prueba a gran escala podría confirmarse esa hipótesis.
Tramposamente, porque Torres adelantó información de una investigación que aún no concluye, presentándola como si fuera definitiva. Porque antes de la conferencia de prensa del 1º de abril, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) había documentado que en el basurero de Cocula se encontraron restos de 19 personas, pero que no hay evidencia de su identidad ni de cuándo fueron depositados allí. Porque el ejecutivo de PT&C/LWG Forensic Consulting Services no especificó cuándo pudo haber ocurrido ese fuego. Porque el mismo EAAF había reconocido la existencia de varios fuegos en el basurero de Cocula anteriores al 26 de septiembre de 2014.
Nada más terminar la conferencia de prensa, se lanzó en redes sociales un intenso bombardeo contra el GIEI, continuación del que comenzó a partir de que los expertos hicieron cenizas el relato de la PGR. Miles de boots se dedicaron a tratar de revivir la verdad histórica
y a calumniar a la comisión. Después, para tratar de rematar la ofensiva, entraron en acción los columnistas del régimen.
La chicana gubernamental fue respondida por el GIEI, que advirtió que la PGR había roto el acuerdo de trabajo sobre el tema del basurero, vista la falta de cumplimiento del acuerdo de Washington y de los acuerdos tomados para este caso en el camino. También supone una ruptura de los criterios establecidos en las bases del estudio
.
Adicionalmente, el EAAF salió al paso de la maniobra de la procuraduría. En un detallado documento, refutó paso a paso las mentiras e inconsistencias de Damián Torres. El tercer peritaje no liga el fuego con los 43, concluyó.
Mientras, la campaña contra el GIEI sigue adelante. Distintas plumas cercanas al gobierno insisten falsamente en que, salvo por el fuego del basurero de Cocula, no hay diferencias sustantivas entre el relato gubernamental y el informe del GIEI. Cualquier lector cuidadoso del trabajo de los expertos independientes puede darse cuenta de que esto es mentira.
En la misma dirección se ha querido confrontar los informes del GIEI y del EAAF, a pesar de que son complementarios. Es un embuste decir que las conclusiones de los forenses argentinos desmienten las de los expertos independientes; por el contrario, las confirman.
La última chicana de la PGR, enfilada en su estrategia de no renovar el convenio de colaboración con el GIEI, tendrá como consecuencia la destrucción de un sólido canal de interlocución con los padres de los 43, el avivamiento de las protestas radicales en Guerrero y un mayor descrédito del gobierno mexicano en el mundo. Por lo visto, la administración de Peña Nieto está empeñada en que la noche de Iguala lo persiga más allá de su sexenio.
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Fuente: La Jornada
