Por Víctor M. Quintana S.
La mejor forma de ocultar el descuido gubernamental de las políticas de protección social y de la economía del cuidado es reprimir con toda insensibilidad a una jovencita que supuestamente no cumplió con su deber de brindar el cuidado necesario a su niña.
La economía del cuidado es todo el proceso por el que se brinda a los niños amor, protección, nutrición, formación, valores, cultura, visiones del mundo, socialización, formas de actuar en la sociedad. La CEPAL la define como “un espacio bastante indefinido de bienes, servicios, actividades, relaciones y valores relativos a las necesidades más básicas y relevantes para la existencia y reproducción de las personas, en las sociedades en que viven”.
Este proceso, este espacio de tanta valía apenas empieza a ser valorado, incluso tomado en cuenta para los cálculos económicos, sobre todo para ponderar el enorme aporte que, sobre todo las mujeres, como madres, como amas de casa, hacen a la economía de un país, socializando, proporcionando la formación básica a los hijos. Es lo que asegura el bienestar físico y emocional de las personas, la que sienta las bases para la ciudadanía económica y social. El derecho al cuidado adecuado es pues, un derecho fundamental de todas las personas.
Ahora bien, según diversos análisis, la crisis de diversos tipos de violencias que se viven en Chihuahua en parte se deben a que no hay políticas públicas que apoyen a las familias a cumplir con esa tarea social básica. Las excesivas cargas de trabajo sobre el padre y la madre, debidas a la precariedad de los salarios; la enorme carencia de guarderías, de escuelas con horarios y planes de formación adecuadas, la falta de formación e información sexual a adolescentes y jóvenes; la carencia de instituciones de apoyo psicológico a las personas que lo requieren, todo esto genera desintegración familiar, violencia doméstica, embarazos precoces y/o no deseados, etc. etc.
Una víctima de esa ausencia de políticas es Clara Armendáriz. Jovencita, de apenas 16 años, se embaraza, da a luz a una bebé en un momento de gran depresión por la muerte de su madre. Desesperada, deprimida, sin orientación, temiendo represalias por todos lados, lo único que acierta es dejar a la niña en manos de quien ella más creía que podía cuidar bien de ella: la Iglesia. Así, en una mañana del pasado mes de enero la deja a las puertas del templo de San Antonio, en la ciudad de Chihuahua.
La reacción mediática y gubernamental que sigue no podría ser más hipócrita y pletórica de lugares comunes. Acudiendo a lo más granado del melodrama telenovelero se lincha simbólicamente a la “madre desnaturalizada”. Luego, con un afán digno de mejores causas, la Fiscalía inicia las investigaciones y no descansa hasta que detienen a Clara Armendáriz y se le finca responsabilidad penal por omisión de cuidados y violencia familiar, por lo que actualmente se encuentra sujeta a un proceso judicial.,
Clara se ha arrepentido de su error y ha decidido asumir su maternidad y ha cumplido con los requisitos legales para que le entreguen a su niña. Sin embargo, la Procuraduría de Asistencia Social y Jurídica del DIF, que debería ser el gran abogado para la puesta en marcha de políticas de protección social, para reforzar la economía del cuidado, se convierte en el brazo ejecutor de la justicia divina –gracias a la consagración del 21 de abril– e impide cualquier convivencia de la bebé no sólo con Clara, sino con cualquier persona de su familia. Le ha negado la custodia provisional de la bebé a la abuela y al padre de Clara
Afortunadamente, vuelve a surgir la sociedad civil organizada de Chihuahua, sobre todo sus grupos de mujeres y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres toma el caso de Clara y de su bebé. Las abogadas de este centro, acaban de obtener la protección de la justicia federal, es decir, un amparo a favor de la bebé Antonia pues el Juez Décimo de Distrito en el estado resolvió que, “…atendiendo el interés superior de la menor, el DIF debe permitir la convivencia de la niña con su abuelo Raúl Armendáriz Sigala”. Sin embargo, el DIF y el Gobierno del Estado no ceden. Reiteradamente se niegan a entregar a la bebé a su familia.
Es así, que el CEDHEM y un amplio grupo de organizaciones sociales y ciudadanas y ciudadanos en lo particular han lanzado la campaña “Entreguen la bebé de Clara a su familia”, encabezada por el propio padre de Clara.
El DIF no puede ser más papista que el papa. Antes de continuar con su celo represor deben formarse quienes en él participan en una adecuada visión de género, deben nutrir su sensibilidad y estudiar con profundidad los derechos, la protección social y la economía del cuidado, que parece los tiene muy sin cuidado.
