Por Luis Javier Valero Flores
La información dada a conocer por la agrupación México Evalúa, “Censo Educativo. Radiografía del Dispendio Presupuestal”, basado en el Censo Educativo del INEGI, que muestra, en el caso de Chihuahua, que casi 8 mil maestros devengan de manera irregular su salario, ya sea porque están “comisionados”, son “aviadores”, no estaban en su lugar de trabajo, o están asignados a un lugar distinto al de su trabajo, mueve a la indignación. Pero, como siempre, los integrantes de la clase política aportan la nota más estridente.
El Diario había consignado el hecho de que 6 diputados locales cobraban dos salarios, como legisladores y el de la nómina del magisterio, en distintas modalidades, a pesar de que la ley les impide tener varios empleos públicos a la vez. (Nota de Gabriela Minjáres, El Diario de Juárez, 2/III/14).
Con excepción del priista Francisco Caro Velo, quien bajo el principio de mayoría relativa representa el Distrito 12 con sede en el municipio de Camargo, los demás son diputados plurinominales: América Victoria Aguilar Gil y Héctor Hugo Avitia Corral, del Partido del Trabajo (PT); Gustavo Martínez Aguirre y Rosemberg Loera Chaparro, del Partido Nueva Alianza (PANAL), y María Elvira González Anchondo, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
La Constitución Política del Estado establece que los legisladores no podrán desempeñar ninguna otra comisión, cargo o empleo por los que se perciba remuneración. Sólo exceptúa de esta disposición a quienes, cuando menos desde hace dos años antes al día de la elección, ejerzan “actividades docentes en instituciones oficiales de educación superior”.
La legisladora Elvira González es académica de una institución de educación superior, en este caso de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), pero en el campus Delicias.
El diputado Gustavo Martínez, entonces secretario del Comité Nacional de Vigilancia, Transparencia y Rendición de Cuentas en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), solicitó el pago porque aseguró prestar sus servicios en el Subsistema Educativo Estatal del Gobierno del Estado, donde tenía una plaza como “docente en el nivel superior”, sin informar de la escuela a la que estaba adscrito. (Ibídem).
Es paradigmático el caso de este maestro. Desempeñaba quien sabe cuántas funciones: Es legislador, maestro docente y además, era dirigente nacional de su sindicato, ni más ni menos que del órgano encargado de ¡la Transparencia y la rendición de cuentas al interior! ¡Híjole!
Por encima de cualquier ordenamiento jurídico, tiene supremacía la Constitución y ahí se menciona específicamente que los diputados pueden impartir clases sólo en nivel superior. (Ibídem).
El diputado Rosemberg Lara, que se ostenta como maestro de primaria indígena en la comunidad La Joya, en Guachochi, argumenta que, además de las actividades propias de la docencia debía realizar “… funciones de diversa índole, realizar gestión ante autoridades indígenas y de Gobierno del Estado para satisfacción de necesidades docentes frente a grupo, dar pláticas sobre diferentes tareas a las etnias, coordinar gobernadores tarahumaras para poder acceder a programas oficiales, federales y estatales, preparar maestros bilingües…”.
Al momento de ser entrevistado esperaba un cambio de “comisión y de adscripción”, ¿Bueno, efectuaba actividades de docencia o estaba comisionado? En cualquier caso, ya residía en Chihuahua.
Otro legislador que tiene el don de la ubicuidad es el del Partido del Trabajo, Hugo Avitia, quien es director de la Escuela Secundaria Técnica Número 89, ubicada en el fraccionamiento Villa Colonial en Ciudad Juárez, quien a control remoto se mantiene al pendiente de la institución de la que se dice fundador.
En semejantes condiciones se encuentra la diputada priista María Elvira González Anchondo, que ya antes había despertado polémica su arribo a la legislatura. Recordemos que ella fue postulada por la coalición PRI-PVEM y a pesar de ello llegó a la legislatura gracias a que el PRI adujo que podía considerársele como parte de sus candidatos exclusivos y no de la coalición.
Al paso de los días nos enteramos cuales fueron las razones para que funcionarios y dirigentes partidistas aceptaran semejante engendro legal: Se convertiría en la presidenta de la estratégica Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado; la encargada de evitar cualquier desaguisado en la revisión de las cuentas públicas, pues.
Bueno, pues es maestra de tiempo completo en la Uach, Campus Delicias y la Ley Orgánica de la UACH prohíbe a sus maestros de esa categoría ocupar cargos públicos o políticos.
Más allá de tal ordenamiento ¿A qué horas puede separarse de sus funciones la presidenta de la muy ocupada Comisión que dirige, la misma que está encargada de analizar las cuentas públicas del Gobierno del Estado, de sus organismos descentralizados, de los 67 municipios y de las universidades públicas, amén del IEE, del Ichitaip y de la CEDH y dar clases en Delicias?
Además, catalogó como “conflictivo que los obliguen a dejar sus plazas como docentes”. (Ibídem).
¡Ah, no, po´s sí, y dejar de percibir el otro salario!
Los argumentos de los legisladores, para solicitar el permiso de la legislatura a fin de percibir el doble salario, de América Victoria Aguilar (PT), Gustavo Martínez (Panal) y Francisco Caro Velo (PRI) se convirtieron en aportaciones extremas para la picaresca nacional. América Aguilar arguyó una antigüedad de “más de seis años” en la impartición de clases “en el Centro Escolar Preparatoria y Secundaria Profesor Genaro Vázquez Rojas…”.
A su vez, Gustavo Martínez, ex líder sindical de la Sección 42 del SNTE, dijo que requería “seguir retroalimentándose y nutriéndose de mi trato permanente con los maestros”. Cosa semejante adujo su colega Francisco Caro, maestro de la Escuela Secundaria No. 3032, de Camargo, quien dijo desempeñarse en el magisterio “por vocación” y ganar 4 mil 500 pesos a la quincena. (Ibídem).
No son los únicos casos. El regidor juarense Jesús José Rodríguez Torres (Panal), después “de asumir su posición en el Cabildo de Juárez aceptó el puesto como coordinador Regional de Educación Especial de la Zona Norte… justo después de terminar su tarea como dirigente local de la Sección 8 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)”. (Nota de Gabriela Minjáres, El Diario de Juárez, 4/III/14).
Chulada de muchacho, dice que “desde su perspectiva personal y del partido mismo, no tiene impedimento legal para ocupar ambos puestos por los que devenga un salario en el Ayuntamiento de Juárez y en el Gobierno del Estado”. (Ibídem).
Pero pasaron los meses y las cosas cambiaron. Más recientemente, el diputado del PANAL, Gustavo Martínez Aguirre “tiene registrado un ingreso de más de 104 mil pesos correspondientes a 11 claves como maestro comisionado, ya que está asignado a la supervisión de educación física del Sector 21”. (Nota de Patricia Mayorga, El Diario de Juárez, 28/VIII/14).
A su vez, América Aguilar Gil ahora dijo que percibe 10 mil pesos mensuales de salario en educación básica, pero “que contrató a otra persona para que la supla durante su gestión legislativa”.
Otra es la realidad.
“Los diputados que cuentan con una plaza docente deberán solicitar licencia para dejar de percibir el sueldo como tal, informó Tania Escobedo, vocera de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte… De los seis diputados que cuentan con una plaza, la Secretaría revisó la situación de los tres que forman parte del subsistema estatal, quienes se encuentran sin solicitar la licencia que les permite separarse del puesto temporalmente para cumplir con otras funciones”.
La vocera informó que América Aguilar Gil percibe un sueldo de 11 mil 98 pesos por su cargo de Docente Adiestramiento de 27 horas interinas; Gustavo Martínez Aguirre, gana, según esta información, 46 mil 606 pesos como Docente Académico de Nivel Superior de 42 horas.
Por su parte, Francisco Caro Velo, se desempeña como Secretario y no como maestro, con un salario de 7 mil 853 pesos.
Los tres deberán separarse “de inmediato” de sus puestos y solicitar una licencia, dijo la funcionaria. (Nota de Florencia Piedra Juri, El Diario de Juárez, 29/VIII/14).
No hay problema, el presidente del Congreso del Estado, Enrique Licón Chávez (PVEM), expresó que “no hay ninguna situación irregular en los diputados que también son docentes, siempre y cuando cumplan al 100 por ciento en ambas funciones… Habría que ver si están cumpliendo a cabalidad como maestros. La Secretaría de Educación y Cultura debe evaluarlos, y nosotros por nuestra parte ver el aspecto legislativo”. (Ibídem).
No todos reciben ese trato.
En la campaña electoral del 2013, el PRD postuló a Ana Guadalupe Romero Chagoya como candidata a diputada por el Distrito 08, quien amarró su cuello a la reja metálica del kínder “Nueva Generación”, en protesta porque autoridades estatales de Educación le suspendieron el pago de su salario como maestra-directora en ese plantel. (Nota de Rocío Gallegos, El Diario de Juárez, 25/VI/13).
“Voy a permanecer aquí hasta que me paguen”, dijo, luego de haber acudido al departamento de pagos de Servicios Educativos de Chihuahua a cobrar y le dijeran que “era ilegal” cobrar como maestra debido a que “andaba en campaña por un cargo público”.
Po’s sí, no era candidata de la coalición gobernante en Chihuahua ahora, y seguramente no pertenecía a ninguno de los grupos de los dirigentes del PRD chihuahuense.
Bueno, pues ahí hay abundante material para la Auditoría Superior del Estado, para la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado y… la Fiscalía General del Estado.
¿Alguna instancia de estas iniciará una investigación y el financiamiento de responsabilidades a quienes gozaron de esa doble remuneración y a quienes otorgaron esos recursos, del mismo modo que a los aviadores, comisionados y demás del magisterio?
