Por Sanjuana Martínez
El Ejército mexicano es el eje central de la impunidad. Lo sabe el gobierno, lo sabemos los ciudadanos. Los militares son una casta de privilegiados por encima de la ley, un grupo armado con licencia para matar, desaparecer y torturar.
No es necesario investigar mucho para conocer los deleznables crímenes cometidos por el Ejército. Los hay cotidianos y continuos. Miles de delitos. El Ejército, es la institución con el mayor número de denuncias por violaciones a los derechos humanos, 7 mil durante el gobierno de Felipe Calderón y ahora seguramente al ritmo que vamos en torno a los crímenes de Estado, será el doble con Enrique Peña Nieto.
El poder del Ejército es absoluto. Su dominio ha crecido tanto que ya no sabemos quién manda en este país. Si el general Salvador Cienfuegos Zepeda o el supuesto máximo jefe de las Fuerzas Armadas, el señor Enrique Peña Nieto.
Lo que nos queda claro es que Peña Nieto está dispuesto a proteger al Ejército por encima de su propio prestigio, o mejor dicho, desprestigio. Las mentiras que sostienen al Ejército en su responsabilidad en el crimen de Ayotzinapa son cada vez más endebles.
Otra de las certezas que tienen los ciudadanos mexicanos medianamente informados, es la participación del Ejército en la desaparición forzada de los 43 normalistas de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. Ya no hay ninguna duda. En su afán de proteger a los militares, el gobierno ha provocado que se evidencie a los responsables.
La defensa a capa y espada que hace el generalísimo Cienfuegos, tampoco ha ayudado al Ejército. En este caso quedó claro que la Secretaría de la Defensa Nacional tiene algo que ocultar, por tanto, se niega de manera frontal a que los militares sean cuestionados por las autoridades: “¿qué quieren saber?”, ¿que qué sabían los soldados? si está todo declarado, yo no puedo permitir que a los soldados los traten como criminales o los quieran interrogar para posteriormente hacer sentir que tienen algo que ver y no apoyarlos”.
El tono del general Cienfeguos es de un tirano, un autócrata por encima de la ley civil. No importa que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) quiera, a la vista de las evidencias, interrogar a los militares, el generalote no lo permitirá porque él es quién manda. Después de escucharlo, claro, en Televisa, no cabe la menor duda que este es el verdadero amo del sistema político mexicano.
Dice Cienfuegos que no lo permitirá porque no hay delito que perseguir: “Hemos ido a declarar casi 50 soldados a la PGR, algunos hasta 4 veces, sin tener “un solo señalamiento” en el caso… Nosotros sólo respondemos a las autoridades ministeriales mexicanas… yo he estado en la posición de que no tiene por qué declarar los soldados… No puedo permitir que interroguen a mis soldados, que no cometieron ningún delito”.
El problema es que las autoridades ministeriales mexicanas no tienen el valor de mandar llamar a declarar a un asesino o criminal vestido con el uniforme verde olivo del Ejército. Y si lo hace es para simular, no para castigar ni mucho menos condenar.
En México es prácticamente imposible llevar a un militar a la cárcel civil, para evitar ese “atropello”, existe el fuero militar, esa aberración que convierte nuestra democracia en una ridícula caricatura.
El “código Cienfuegos” convierte a los militares en intocables. Nadie quiere entrarle, ni las autoridades judiciales, ni mucho menos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que en estos casos está de adorno y se confirma la urgencia de desaparecer a esta institución que no cumple con el requisito de independencia. Sus recomendaciones son un llamado a misa y los militares, la SEDENA, los policías, los marinos y las demás instituciones de seguridad, se pasan por el arco del triunfo sus famosas “recomendaciones”, cada vez más escasas.
La huella del Ejército asesino pasa por Tlatlaya y Ayotzinapa, también recorre Zacatecas donde los militares desapareció y ejecutó extrajudicialmente a siete jornaleros o por Nuevo Laredo donde los soldados ejecutaron a la joven Diana Calderón Bravo y a Ricardo Daniel Borrego Miguel o en Monterrey donde mataron y luego le sembraron una arma a Jorge Otilio Cantú Cantú o a los dos estudiantes del Instituto Tecnológico de Monterrey, Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo… y cientos, miles de casos más de tortura, desaparición y ejecución extrajudicial. La mayoría de estos miles de crímenes siguen impunes.
En el “código Cienfuegos” lo que vale son las filtraciones no la transparencia. Y para ello cuenta con sus medios comparsas vinculados estrechamente a la Sedena, como en el caso de Milenio donde nos enteramos a estas alturas que uno de los 43 desaparecidos era militar en activo. Se trata de Julio César López Patolzin.
¿Cómo es posible que un soldado del ejército acompañara a los 42 estudiantes a secuestrar autobuses para ir al Distrito Federal? ¿Por qué andaba boteando en Iguala para protestar por la matanza de militares contra estudiantes del 2 de octubre de 1968?
Todo indica, que inteligencia militar filtró a uno de los suyos en Ayotzinapa. Seguramente a muchos más. El generalísimo Cienfuegos tiene mucho que explicar a la opinión pública. No se trata solo de filtrar información con toda intención a Milenio, nos tiene que explicar los detalles de su infiltrado.
Es obvio que el general Cienfuegos sabe perfectamente qué ocurrió a los 43 normalistas de Ayotzinapa. ¿Por qué todavía nadie lo interroga? Porque las autoridades ministeriales no tienen permiso. Si el general no permite que se interrogue a sus “muchachitos”, vale, pues entonces que sea él, quien se siente en el banquillo de los acusados.
La primera exigencia de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa siguen siendo que se investigue al Ejército e ingresar a los cuarteles. El general pregunta: “ingresar a las instalaciones militares, a ver, ¿por qué?”… Obvio, porque fue el Ejército.
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