Por Jorge Carrasco Arizaga
En los últimos cien días de poder que le quedan, Felipe Calderón hará cuanto pueda para cobrar facturas.
Su actuación en el caso de la banda 2.5GHz expresa ese ánimo, sin importarle las consecuencias. No sólo dejará con escaso margen de maniobra a su sucesor, sino que el caso se empantanará en tribunales algunos años, mismos que significarán un retraso en la operación de esa frecuencia, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los países, incluso de América Latina.
Biliar, su decisión de expropiar –en términos prácticos– esa banda, remite al acto desesperado e irresponsable del fallecido José López Portillo de nacionalizar la banca en medio del desastre económico y financiero, decisión que anunció en su último informe de gobierno, hace casi 30 años, el 1 de septiembre de 1982.
El sucesor, Miguel de la Madrid –también ya fallecido– tuvo que revertir la medida con la devolución de una tercera parte de la banca. El escenario de enmienda es difícil que se repita.
Todo apunta a que Enrique Peña Nieto será ratificado por el Tribunal Electoral. Criatura de Televisa, podría mantener la decisión de Calderón no por estar en conflicto con la familia Vargas o la periodista Carmen Aristegui –quien seguramente no le gusta–, sino por pagarle los favores a la televisora.
El favor está en que al mantenerse en litigio, nadie podrá hacer uso de las posibilidades de televisión, entre otras, de la banda 2.5. Es decir, por algunos años más está garantizada la falta de competencia para las televisoras de Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas.
Calderón no sólo cobró facturas a Vargas y Aristegui, sino que le hizo el trabajo sucio a Peña Nieto.
El mismo talante está detrás de su decisión de desplegar más de mil efectivos de la Policía Federal en Michoacán para ir contra quienes, en los hechos, pusieron en entredicho su llamada estrategia contra el narcotráfico.
Fue en su estado, precisamente, donde su secretario consentido, Genaro García Luna, sufrió sus peores bajas en emboscadas y ataques contra efectivos de la Policía Federal. La respuesta fue uno de los ataques más represivos de su gobierno: por aire, se metió a las comunidades que controlaba esa organización delictiva en Apatzingán y fue contra los liderazgos.
Escindió al grupo y la atomización dio lugar a los Caballeros Templarios, a quienes ahora quiere acabar con operativos similares, exacerbando más el enfrentamiento. De fuerza y coraje, no inteligencia, ha sido la reacción de Calderón.
Michoacán, además, le representa sus peores agravios políticos: nunca ha podido ganar una elección presidencial en su tierra. Quiso ser gobernador y no pudo. Como presidente, tampoco pudo ganar el estado en las dos elecciones que le tocaron; la última, con su hermana Luisa María. Tampoco pudo ganar el Congreso local para su partido ni hacerse de la mayoría de las alcaldías.
Como herencia, dejará a su estado como uno de los más violentos del país y en manos del PRI. Menudo fracaso.
En sus agravios, ya pasó también factura al Poder Judicial, al que acusó una y otra vez de sabotear su “estrategia” de seguridad. Jueces corruptos, dijo, sueltan a los delincuentes que su gobierno “agarra y agarra”.
El gobierno calderonista sometió al escándalo al único poder en México que no había sido relacionado con el narcotráfico. A partir de las declaraciones de un testigo protegido, acusó a un exsecretario de estudio y cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de haber filtrado información al cartel de Sinaloa,de Joaquín El Chapo Guzmán.
Calculó bien el golpe. Lo dirigió a la ponencia más vulnerable de la Corte por sus afanes políticos, la del ministro Sergio Valls Hernández.
Aún está por saberse lo que pase con el acusado, Juan Carlos de la Barrera Vite, de quien asegura la Corte, si filtró información fue cuando trabajó bajo las órdenes de Marisela Morales, cuando la ahora titular de la PGR estaba al frente de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.
Con tal de justificar su fracaso en seguridad, no se ha detenido en atentar contra uno de sus principales aliados, el Ejército. Lo hizo al encarcelar, otra vez con testigos protegidos, al general de División retirado Tomás Ángeles Dauahare, a quien también le pasó la factura por apuntarse para suceder, en 2008, a su leal García Luna.
Este artículo fue publicado originalmente en la revista Proceso.
