La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) demandó a las autoridades mexicanas investigar y esclarecer los actos de violencia y represión cometidos por la policía de Chiapas en contra de los padres de los normalistas de Ayotzinapa.
El organismo interamericano condenó estos hechos, suscitados durante la visita de los familiares a la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez.
La CIDH recordó que siguen vigentes las medidas cautelares (MC) emitidas en favor de los padres de los estudiantes desaparecidos, la cual establece, con base en el marco del sistema interamericano, que los familiares de víctimas de graves violaciones a derechos humanos también deben ser considerados como víctimas y el Estado debe tratarlos acorde a esto.
Ayer, durante la llamada “Caravana Sur en Busca de los 43”, los padres de los normalistas, estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumatzá y otros activistas, fueron violentados por elementos de la policía estatal de Chiapas, durante una de las manifestaciones que realizaban para exigir justicia por los 43, desaparecidos de manera forzada por policías en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014.
A través de su cuenta oficial de Twitter, la CIDH subrayó que espera que estos hechos de violencia “sean esclarecidos pronto e investigados. En el marco de la MC-409-14, solicitará información al Estado de #México al respecto”.
El organismo regional dijo valorar positivamente que las autoridades de la Secretaría de Gobernación -tanto su titular, Olga Sánchez Cordero, como el subsecretario de Derechos Humanos y presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas- hayan solicitado públicamente la investigación de los hechos por parte de las autoridades de Chiapas.
Agregó que con base en las medidas cautelares emitidas en favor de las familias, brinda atención al asunto a través de un equipo en territorio, lo que incluye asegurar la atención integral a madres y padres y otros familiares.
“La lucha por justicia y contra la impunidad no puede crear riesgos a las familias en México”, subrayó la CIDH.
Fuente: La Jornada