Por Luis Javier Valero Flores
De una cosa no se ha dado cuenta el gobernador César Duarte. Que a partir de la noche del 5 de junio dejó de dirigir a la primera fuerza política del estado de Chihuahua.
Es el gobernante que debe entregar el 3 de octubre, pero que a partir del 3 de septiembre, sus colaboradores deberán iniciar la entrega de sus dependencias a los representantes del gobernador electo, Javier Corral.
Esa es la nueva realidad de Chihuahua.
La determinación de la mayoría de los electores –que para estos asuntos son los que cuentan– fue extremadamente contundente: no deseaban la continuidad del actual grupo gobernante.
Puede seguir intentando, el gobernador Duarte, convencer a los chihuahuenses de que su gestión fue exitosa en infinidad de rubros, pero el veredicto de la mayoría de la sociedad es inapelable.
Para la construcción de ese veredicto societario jugó un papel determinante la promesa central de Javier Corral: “Llevar a la cárcel a César Duarte”.
Esa promesa galvanizó, ahora lo sabemos, no sólo a la mayoría del electorado opositor, sino también a un sector del electorado priista, incluidos funcionarios menores y empleados gubernamentales. De esa dimensión es el resultado electoral obtenido por el candidato Enrique Serrano, quien obtuvo la más baja votación alcanzada por candidato perdedor alguno, desde 1992.
Ese rechazo de la población, hasta con tintes viscerales en no pocos ciudadanos, es más extendido en la capital del estado. Incapaces de asimilarlo, y de aceptarlo, los priistas del primer círculo siguen criticando a sus adversarios y los acusan de continuar con “el lenguaje del odio”.
Pero no sólo allá no se dan cuenta de esta nueva realidad, también algunos dirigentes de Unión Ciudadana, destacadamente Jaime García Chávez, principal animador de la agrupación y de las denuncias penales planteadas en contra del gobernador Duarte y varios de sus colaboradores.
Puede objetarse la oportunidad de la convocatoria a la manifestación del miércoles, hasta los términos de ella, y los agregados que muchos chihuahuenses le hicieron, que terminó por crear la imagen de que ese día se tomaría el Palacio de Gobierno.
Pero de ninguna manera se les pueden señalar responsabilidades penales a los convocantes. A menos de que hubiesen participado directamente en los daños a Palacio o de lesionar a alguno de los policías, no se les puede achacar otra culpa; se les puede hacer responsables políticos de la convocatoria, pero eso no configura la comisión de delito alguno.
Ese acto, con “infiltrados” o no, era verdaderamente explosivo, tanto por los participantes, como por los motivos. Así, era fácil que prendiera la consigna de “puerta, puerta”; eso quería un buen número de los asistentes, los que, pasados los primeros momentos, actuaron casi libremente, frente al evidente retraso de la llegada de los contingentes policiacos.
¿Que fueron graves los hechos? Sí, pero de ahí a acusar a varios de los detenidos de los delitos de sedición y motín es un verdadero exceso. Quienes actuaron más protagónicamente en la destrucción de una de las puertas y de varias ventanas de Palacio no estaban actuando así en aras de “SEPARAR O IMPEDIR EL DESEMPEÑO DE SU CARGO AL GOBERNADOR DEL ESTADO, MIEMBRO DEL AYUNTAMIENTO, O DIPUTADO AL CONGRESO DEL ESTADO O A SERVIDOR PUBLICO QUE DESEMPEÑE FUNCIONES JURISDICCIONALES”, como señala el Código Penal (Art. 349).
No, no buscaban “desestabilizar” a las instituciones del Estado; no, estaban quebrando ventanas, vidrios y puertas y algunos de ellos no eran, como lo afirmara el mismo Jaime García, infiltrados, sino participantes de las manifestaciones y movilizaciones anteriores que mostraron de esa manera su rechazo al gobernador Duarte.
¿Que está mal? Por supuesto, pero de ahí a señalarlos y castigarlos como si fueran los guerrilleros o terroristas que están subvirtiendo el orden constitucional hay un mundo de diferencia.
No, señores de la Fiscalía, si en un evento tan filmado, ustedes cometen excesos en el fincamiento de cargos, además de los excesos cometidos por muchos policías en la detención de más de 100 personas, contribuirán, como nadie, al mayor encrespamiento social.
Más aún, la Fiscalía General del Estado no podrá demostrar la participación de “sureños” o “oaxaqueños” en los hechos, como irresponsable y discriminatoriamente propaló en los primeros minutos después de la gresca.
Y deberemos estar atentos a la recopilación de los elementos informativos que confirmen la versión de varios de los convocantes acerca de la participación de “infiltrados” en los hechos.
La mesura debería aparecer, sobre todo en quienes tienen a su cargo responsabilidades mayores.
Esa no está, ni en el gobernador Duarte, ni en el dirigente estatal del PRI. Debieran cambiar, la campaña ya terminó, la posibilidad de alertar a la sociedad chihuahuense por el “peligro” que representan los ganadores de la elección, desde su óptica, no tuvo credibilidad.
Para la mayoría de los chihuahuenses quedó claro que tienen ópticas distintas sobre el manejo de la administración estatal; lo menos que pueden hacer es que el funcionamiento del gobierno se mantenga de manera estable en la transición, y guardarse todas las manifestaciones públicas beligerantes, sobre todo el mandatario saliente, por una razón, elemental, es el obligado a mantener la calma pues tiene a su mando, aún, toda la estructura gubernamental y, sobre todo, el aparato policiaco y de justicia.
No puede seguir haciendo señalamientos y acusando de la comisión de hechos presumiblemente delictivos a chihuahuense alguno.
Al ambiente de distensión no abonó nunca después de las elecciones. De su parte no hubo ninguna expresión de felicitación, ya no a Javier Corral, sino a los chihuahuenses que acudieron a emitir su voto en calma, sin mayores incidentes y a los ciudadanos que hicieron posible la realización de la jornada electoral.
Nada de eso, sus primeras declaraciones fueron las lanzadas en contra del gobernador electo, al que señaló de contar con colaboradores que convocaron a la manifestación que dio lugar a los hechos reprobados por todos y acusó “a la oposición” de irritar, provocar y rechazar, sin el menor asomo de una autocrítica y alertando a los chihuahuenses del “grado de peligro que significan para la sociedad chihuahuense (los de la oposición)”.
La respuesta no podía ser de otra manera. En un mensaje en redes sociales, Javier Corral señaló que César Duarte continúa “Con su estrategia de siempre, mentir, engañar, que se aprovecha de cualquier cosa para distraer la atención del tema esencial y retrasar lo más posible el proceso de entrega-recepción al nuevo gobierno del Pueblo y el ineluctable proceso por el que deberá rendir cuentas” y lo calificó de mitómano debido a “sus insinuaciones calumniosas”, ratificó, de pasada, su postura con relación a la intención de bursatilizar el remanente carretero y una parte de las participaciones federales.
Además persistió en la participación de “provocadores que Duarte infiltró en la manifestación”, a los que señala como los iniciadores de la agresión a la puerta de Palacio, a la vez que pide una exhaustiva investigación de los hechos.
Una vez pasados los acontecimientos y serenados los ánimos, debieran dar paso a lo más importante.
Por supuesto que se puede dar por descartada la foto de Duarte y Corral juntos, no hay condición alguna para que se dé, incluso hasta lo podríamos dar como natural; los agravios lanzados por uno y otro lo impiden, pero ambos entienden que sus equipos deben actuar en función de lo que implica la entrega de la administración estatal y debieran dar los primeros pasos para ello.
Más de uno planteará que existe una impugnación a la elección de gobernador, pero aun así podrían avanzar, si los salientes fueran capaces de actuar con realismo. El escribiente no ha encontrado priista alguno que defienda –fuera de libreta, o de los micrófonos y grabadoras– tal impugnación.
Se trata, de acuerdo con la información proporcionada por el PRI, de fallas en el llenado de las actas de cómputo en las casillas, pero que extrañamente no fueron subsanadas en la sesión de la Asamblea Municipal correspondiente del miércoles siguiente a la elección. ¿Por qué los representantes del PRI, Panal, Verde y PT no pidieron que se abrieran los paquetes electorales en esa sesión?
Y es que el Artículo 184 de la Ley Electoral de Chihuahua establece que la asamblea municipal deberá realizar nuevamente el escrutinio y cómputo de una casilla, ”b) Si los resultados de las actas muestran alteraciones, errores aritméticos evidentes o falta de datos relevantes, y que generen duda fundada sobre el resultado de la elección en la casilla…”.
O, “c) Si existan errores o inconsistencias evidentes en los distintos elementos de las actas correspondientes, salvo que puedan corregirse o aclararse por otros medios;”.
¿Por qué no lo hicieron los 650 abogados que el PRI presumió haber traído para vigilar la elección?
No, señores, la elección ya pasó, lo que sigue es efectuar la transición que la mayoría de los chihuahuenses dictaminaron se hiciera.
Es todo.
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