Por Luis Javier Valero Flores
En tanto lentamente, al más puro estilo priista, se cuece la posible candidatura de unidad a la presidencia estatal del PRI, el gobierno de Javier Corral le ha propinado un serio revés a la causa del exgobernador César Duarte, ahora tiene en sus manos la versión, expresada a un juez, en el curso de una audiencia judicial de cómo efectuaron una operación en agravio del patrimonio estatal.
Es estremecedora, ilustra ejemplarmente de qué manera se ejerce el poder y se dispone libremente de los recursos públicos y, además, el trato diferenciado otorgado por el gobernante a sus interlocutores y/o solicitantes de los favores de los mandatarios, todo ello en un entorno pletórico de corruptelas.
Es contundente la declaración: “Tuve una situación familiar complicada el año pasado que me orilló a solicitar un apoyo económico del exgobernador del estado. Él accedió y giró las instrucciones al personal de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado, para que desde esa instancia, esa dependencia, se instrumentara la forma de cómo se me entregó el apoyo que yo requería en ese momento, fue entonces que solicité al licenciado Iván Eli Sánchez que aportara la empresa a la cual hizo referencia la Fiscalía para que pudiéramos obtener el recurso que necesitaba, haciendo, pues, este trabajo de una manera simulada”.
En estas pocas frases del exdiputado local de Movimiento Ciudadano, Fernando Reyes, se condensa el meollo de los procedimientos usados en la administración estatal anterior –y en todas, casi sin excepción– para ejercer el poder, pero que se han convertido en la más sólida de las pruebas en contra del exgobernador Duarte. No se trata, como en los otros casos, de acusaciones elaboradas por la Fiscalía, o de algunos otros actores, que aún faltaran por comprobar ante las autoridades judiciales.
No, ahora un imputado, beneficiado por esos arreglos, pescado in fraganti por recibir un pago sin haber otorgado el servicio pactado, y en la búsqueda de recibir una condena menor, describe con lujo de detalles la corruptela pactada entre ambos.
Fue simple la maniobra: “En complicidad con el representante legal de dicha empresa, Iván Eli Sánchez realizaron un procedimiento administrativo de contratación de servicios profesionales bajo el número SH/AD/001/SGG/2016, consistente en ‘Análisis Estratégico de Municipios del Estado de Chihuahua, en relación a la situación financiera del Gobierno Federal y la Prospectiva de los Programas Federales y su Aplicabilidad’, los cuales nunca fueron prestados”.
La carga mayor es para Duarte, Reyes declaró que le ordenó a los subordinados efectuar todas las operaciones burocráticas y financieras posibles para beneficiar el exlegislador. Por supuesto que en esa cadena de ordenamientos hay otros funcionarios implicados y que debieran ser llamados a responder por los delitos cometidos en esa sola operación ¡Una de las muchas que, suponemos, se hicieron durante ese gobierno!
Por lo menos hasta donde se ha informado del proceso seguido en contra de Fernando Reyes, no se ha confirmado la razón de Duarte para otorgarle ese dinero al entonces legislador de Movimiento Ciudadano; la Fiscalía arguye que era para premiarlo por haber votado a favor de la última bursatilización del fideicomiso carretero, realizada por el gobierno de Duarte.
Puede ser, no podría descartarse, lo cierto es que el último pago a la empresa de Reyes fue efectuado el 30 de septiembre de 2016, justamente cuando la administración de Duarte realizaba los últimos favores a sus amigos, socios y cómplices, a cuatro días del término de su gobierno.
Enerva conocer el detalle de una operación que ilustra claramente la degradación a la que ha llegado una buena parte de la clase política. Sin empacho se acude al gobernante a resolver un problema financiero y éste, también sin empacho alguno dispone del erario estatal como si fuera propio y decide, sin control alguno, restar esos recursos a la administración estatal en momentos en que cualquier cantidad, por exigua que fuera, era absolutamente indispensable para cubrir las necesidades del gobierno, para la prestación de los servicios que debe prestar este.
El episodio que ahora abordamos es la vívida representación de lo que durante años supimos que existía pero que muy pocas veces se nos había presentado ante nuestros ojos: El año de Hidalgo, el último de las administraciones, en el que la maldición mexicana por excelencia le caería al “que dejara algo”.
Y todo eso lo hacían en medio de la ríspida discusión entablada entre el equipo saliente y el entrante acerca de la bursatilización y los mecanismos que proponía Corral para evitar que se hiciera lo que ahora sabemos sí se hizo, que Duarte gastara el dinero en favorecer a los suyos y no para solucionar los problemas del gobierno de Chihuahua, ni el de él porque ya se iba y, por supuesto, menos, el de Javier Corral.
¿Cuántas otras operaciones de este tipo se realizarían?
Ahora bien, la Fiscalía ha dicho que se le entregó un millón de pesos a cada uno de los diputados para que aprobaran la mentada bursatilización. No se puede descartar tal versión, pero cuesta trabajo aceptar que a esas alturas del gobierno los diputados del PRI se hubiesen transformado tanto y de tal modo que se necesitara de un “estímulo” económico más para que aprobaran ese endeudamiento.
N’ombre, aprobaban todo, absolutamente todo lo que quisiera el hombre que usó el poder para poder y no, para no poder.
Bueno, pues ahora que ya no lo tiene deberá preocuparse aún más, el gobierno de Corral tiene en sus manos todos los elementos para enderezar una causa judicial en su contra aún más sólida que las otras acusaciones, no porque sea mayor, a causa del monto –2 millones 400 mil pesos– sino porque ahora hay testimonios, avalados con otras pruebas y presentados ante un juez de una operación ilícita que implica la comisión de varios delitos.
Así, el exdiputado del MC, Fernando Reyes, y también exdiputado del PAN, quien abandonara las filas del blanquiazul, luego de argumentar inequidad en el proceso de designación del candidato a la alcaldía por este partido en 2007 y acusar a la dirigencia estatal de favorecer a quien a la postre se convirtiera en alcalde de Chihuahua, Carlos Borruel, le está prestando a la actual administración estatal un servicio invaluable, al tiempo que develó las truculentas operaciones de los gobernantes.
Ahora bien, Reyes fue presentado ante el juez 24 horas después de haber sido detenido ¿Por qué? ¿Acaso en ese día fue pacientemente orquestada la trama de lo que hoy estamos comentando? ¿Qué otras cosas se acordaron en ese día entero? ¿Qué razones tan poderosas los llevaron a realizar una operación que sabían ilícita y, además, que podría ser detectada por los nuevos gobernantes pues los pagos se efectuaron a días de la toma de posesión de Corral?
Inmerso en la derrota el PRI, pasmado, sin dirigente aceptado por todos, en medio de la discusión acerca de los procedimientos de elección de su dirigente estatal, sin percatarse plenamente de lo que les ocurrió y de lo que ha ocurrido en la sociedad chihuahuense no alcanza a reflexionar y hacer la autocrítica que le debe.
El más representativo de todo ello es el delegado del Comité Nacional, Fernando Peña Moreno, quien, en lugar de ubicar exactamente el origen de las corruptelas del sexenio anterior, sólo atina a declarar que “A (Fernando) Reyes lo liberaron porque no es del PRI”, y sale a defender a sus compañeros de partido, de manera acrítica, especialmente en lo referente al exgobernador.
No, en lugar de criticar el proceder del ex gobernador, ahora demostrado en un proceso judicial, y anunciar el inicio del procedimiento de expulsión de Duarte se limita a defender a los suyos, sin atinar a entender que su derrota se debe al rechazo generalizado al gobierno de Duarte, a su partido, a sus candidatos, todo ello provocado por la percepción generalizada que estábamos frente a uno gobierno profundamente corrupto, pero de eso nada quieren saber quienes ahora construyen, como antes, como siempre, la candidatura “de unidad” del próximo dirigente priista.
Les faltará tiempo para percatarse de su tremendo error, la sociedad mexicana de nuestros tiempos está harta de la corrupción y ahí ubica, preferentemente a los partidos políticos, y en las elecciones de junio de 2016, al PRI.
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