Por Francisco Javier Pizarro Chávez
En el transcurso de la mañana del 27 de septiembre de 2018, los familiares de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, que fueron desparecidos en 2014, sostuvieron una reunión a puerta cerrada y por más de dos horas, en el Museo Memoria y Tolerancia con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador; la futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; Luis Raúl González Pérez, titular de la CNDH; Jan Jaraba, representante de México de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Alejandro Encina futuro subsecretario en Derechos Humanos de Gobernación e integrantes del Centro Miguel Agustín Pro.
Los familiares de los 43 normalistas desparecidos se veían contentos. Agradecieron al presidente que “esta puerta se haya abierto sola luego de cuatro años de estar tocando las puertas del gobierno sin respuesta” para dar con el paradero de sus hijos y que se haga justicia.
Anunciaron a reporteros y periodistas que el presidente electo se comprometió a que el primer día de iniciar su mandato se conformaría la Comisión de Investigación para la Verdad ordenada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito de Tamaulipas, la cual fue suspendida debido a impugnaciones promovidas por la administración federal encabezada por Enrique Peña Nieto.
En respuesta a ello, AMLO difundió que en cuando asumiera formalmente la Presidencia de la República, emitiría un decreto presidencial en el que se ordenará a todas las instancias de gobierno a colaborar con las investigaciones del Caso de Ayotzinapa y la desaparición de los estudiantes normalistas, para así eliminar las trabas que, a lo largo de esos cuatro años, han enfrentado las pesquisas de sus familiares.
Advirtió que en los primeros días del nuevo gobierno también se solicitará formalmente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que reactiven la asistencia técnica para apoyar las investigaciones.
En concreto. El presidente electo se abocó a indagar las desapariciones forzadas de los normalistas y puso énfasis en dos ejes centrales: el de la verdad y la justicia, lo que, en lo personal, me agradó, ya que, a lo largo de toda mi vida, me he opuesto a los foros de la pacificación y reconciliación, que son ejes fundamentales del “olvido y el perdón”, que por donde quiere que se le mire, no son la vía para restablecer la paz y resolver la crisis humanitaria.
El caso de Ayotzinapa es un acontecimiento grotesco y delicado a nivel nacional e internacional. Los ejes que gobernantes y ciudadanos deben promover para esclarecer esta tragedia, es en base a la verdad y la justicia. Y no me refiero a la “verdad histórica” que el ex procurador General de la Justicia, Jesús Murillo Karam, argumentó sin prueba y evidencia científica alguna, que los 43 normalistas fueron detenidos por las policías de Igual y Colula y entregados al grupo criminal “Guerreros Unidos”, quienes –dijo—los secuestraron, los torturaron, mataron e incineraron en un basurero a la salida de Iguala.
Adujo también que el ex alcalde de Igual José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda, cuya familia esta o estaba vinculada a ese cartel del narcotráfico, fueron los actores intelectuales de ese operativo. Primero Murillo Karam dijo que Abarca giró la orden a los policías municipales de detener a como diera lugar a los normalistas, pues temía que irrumpieran el informe del DIF que daría su esposa ese día.
Después corrió la versión de que uno de los cinco camiones en los que se trasladaron los normalistas, llevaba una carga de “heroína negra” y que por esa razón los habían “confundido como sicarios de un grupo adverso”, denominado “Los Rojos” y los habían baleado a 7 de ellos y asesinado e incinerado a los 43 sobrevivientes que se trasladaban en los otros 4 camiones.
Nunca Murillo Karam, ni el presidente Enrique Peño Nieto, ni el gobernador de Guerrero, ni policías, ni militares, ni marinos hicieron algo para salvar a los estudiantes. Por el contrario. Quisieron convencer a la nación que la desaparición de los normalistas había sido por los dos cárteles del narcotráfico.
La “verdad histórica” inventada por la PGR a contrapelo de las pruebas periciales del Equipo Argentino de Antropología Forense y de expertos de la UNAM, los cuales demostraron que no había evidencia científica alguna que le de sustento.
El propósito de la PGR era otro; evadir su responsabilidad y proteger a los culpables de la desaparición de los normalistas, que recientemente el Grupo Interdisciplinado de Expertos Independientes (GIEI), grabó en videos, aéreos, en el basurero donde incineraron a los estudiantes, en donde aparecen el Procurador de Peña Nieto y 12 miembros de la Marina, encubriendo los hechos de aquella fatídica noche del 26 de septiembre de 2014.
Veremos y diremos si el presidente consolida ipso facto la “verdad y la justicia”. Esperemos que los compromisos asumidos por el presidente se cumplan y se logre llegar a la verdad jurídica, y se aplique la justicia a los culpables de la desaparición forzada de los normalistas, así como también a las autoridades de los tres niveles de gobierno de Guerrero del sexenio pasado, cuya irresponsabilidad, negligencia y complicidad debe ser penalizada. ¡Ya basta de tanta impunidad!
