Por Sanjuana Martínez
Los resultados del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) correspondiente a de la segunda parte de su mandato, para el caso Ayotzinapa, son demoledores por el gobierno de Enrique Peña Nieto y principalmente, son un “tiro de gracia” para el ex procurador Jesús Murillo Karam.
Las nuevas evidencias demuestran que el señor Murillo Karam mintió. Su engaño no es solamente una mentira más. Su patraña, mejor conocida como la “verdad histórica” amerita consecuencias penales. El ex procurador y actual Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, es un funcionario público y debe ser juzgado de manera inmediata. El prevaricato es un delito muy grave.
Las mentiras de Murillo Karam sobre Ayotzinapa constituyen un delito penal y también una profunda ofensa para todos los mexicanos. Esas mentiras son la prueba contundente de un crimen de Estado bajo la estructura de las instituciones.
Principalmente el Ejército a quien Murillo Karam y ahora la nueva procuradora Arely Gómez y el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong se dedican a proteger por orden de Enrique Peña Nieto. Por tanto, la responsabilidad de la “mentira histórica” recae directamente en Peña Nieto.
Para empezar, el GIEI basado en pruebas, estudios meteorológicos, imágenes satelitales de la zona durante la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014, ha determinado de manera contundente que no hubo ningún incendio en el basurero de Cocula, Guerrero, donde según el gobierno federal fueron incinerados los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
Y es que, esa noche hubo una lluvia de 21.8 milímetros en Iguala y Cocula, por tanto es imposible que los muchachos fueran incinerados allí. De acuerdo al expediente, las declaraciones de inculpados y la reconstrucción de hechos o peritajes de la PGR, ningún grupo mucho más reducido de normalistas fue llevado al basurero de Cocula. Y los expertos solicitan dejar de especular sobre esas hipótesis sin fundamento.
Otro de los aspectos importantes del nuevo informe es lo relativo al quinto autobús, un hecho ocultado por Murillo Karam. El GIEI ha revisado lo relativo a ese quinto autobús tomado por los normalistas, algo que tiene que ver directamente con un posible móvil de los hechos que las autoridades mexicanas han despreciado. La droga que supuestamente iba en ese autobús, fue un detonante importante para cometer el crimen contra los normalistas.
¿Hasta donde está implicado el Ejército en este crimen? Todas las pruebas se dirigen al 27 Batallón de Infantería de Iguala. Y lo más preocupante. Esas pruebas se dirigen también a los protectores de las Fuerzas Armadas. No es de extrañar que la PGR se pase por el arco del triunfo los requerimientos solicitados por el grupo de expertos en su investigación.
Con asombro, el GIEI, descubrió que 11 de los 27 militares del 27 batallón con los cuales han solicitado entrevistarse, ya habían sido interrogados y ampliaron su declaración ante la PGR, algo que la Señora Arely Gomez ocultó en su momento deliberadamente a los expertos, quienes después tuvieron acceso a dichas entrevistas. Lamentablemente, son entrevistas a “modo” que dejan muchos cabos sueltos.
Basta recordar que desde el principio el GIEI solicitó entrevistar a todo el personal del Batallón, pero el señor Peña Nieto y sus funcionarios se han concretado a dar largas y prefieren irse por las ramas que asumir directamente el costo de la implicación de los militares en este terrible crimen de Estado.
La Procuradora ha preferido ignorar la solicitud del grupo de expertos. Y pone como condición que el GIEI entregue un cuestionario a la PGR y que los militares lo contesten sin la presencia de los expertos. Un requisito no utilizado a la hora de entrevistar a los normalistas, en donde la PGR facilitó totalmente el acceso a los expertos.
Durante años, los distintos gobiernos se han negado a entregar información sobre los crímenes perpetrados por el ejército. La opacidad cubre a las Fuerzas Armadas. De esa forma han logrado vivir en la impunidad.
Pero los expertos no se andan por las ramas. Señalan la imperiosa necesidad de re-entrevistar a todos los militares. Para ello, ya ha preparado las preguntas, pero exige estar presente durante su contestación para repreguntar y profundizar de acuerdo a los estándares internacionales en torno a la investigación de este tipo de crímenes.
A pesar de las barreras y obstáculos que la PGR ha puesto para proteger a los militares, los expertos han contado con numerosas declaraciones de elementos castrenses tomadas desde diciembre de 2014 que han dejado pistas importantes, pero la PGR las ha ignorado de manera intencionada a pesar de que existen material fotográfico en posesión de los militares.
El ejército es una institución vertical, sumamente disciplinada que lo archiva todo. Seguramente, el 27 Batallón tendrá todo tipo de material gráfico de esa noche que hasta el momento no ha sido entregado a los expertos, ni siquiera el video tomado en la zona del Palacio de Justicia, donde sabemos, fue detenido y desaparecido un grupo de normalistas.
Es evidente que Peña Nieto prefiere su desprestigio, antes que permitir a los expertos investigar la clara participación del Ejército en el crimen de Ayotzinapa. Si continúa esta protección por encima de la ley, su nombre pasará a la historia junto al de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría o el famoso estadista Ernesto Zedillo, ex presidentes cuyos crímenes de lesa humanidad siguen en la memoria colectiva. Ayotzinapa es el nuevo Tlatelolco, Aguas Blancas o Acteal.
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