Por John M. Ackerman
El proceso de elaboración de una Constitución para la Ciudad de México sería una oportunidad de oro para articular la amplia diversidad de corrientes opositoras al régimen de oprobio que hoy nos mal gobierna. Los 9 millones de habitantes del Distrito Federal se encuentran entre los más participativos y visionarios del país. Un proceso verdaderamente democrático que permitiera el libre flujo de ideas podría generar una explosiva sinergia ciudadana contagiando a las otras entidades del país con un espíritu rebelde y renovador.
Desde hace décadas los capitalinos han estado a la vanguardia en las transformaciones políticas nacionales. La histórica participación solidaria en respuesta al terremoto de 1985 en la Ciudad de México dio una contundente lección al régimen autoritario y neoliberal encabezado por el presidente Miguel de la Madrid. Y las sorpresivas victorias electorales de la izquierda durante las primeras dos elecciones para la jefatura de gobierno, primero con Cuauhtémoc Cárdenas en 1997 y después con Andrés Manuel López Obrador en 2000, generaron una enorme esperanza entre la población de que era posible concretar una nueva forma de hacer política.
Hoy los habitantes del Distrito Federal siguen siendo los ciudadanos quienes tienen menos tolerancia para las mentiras del PRI y del PAN. Las elecciones de 2006 y 2012, tanto para la Presidencia de la República como para la jefatura de gobierno, casi desaparecieron al PRI del mapa político en la capital y han mantenido al PAN con una representación estrictamente minoritaria. Y actualmente los capitalinos reprueban de manera contundente tanto a Miguel Ángel Mancera como al PRD por su actitud represora, su deleznable servilismo a Enrique Peña Nieto y su abierta complicidad con el régimen de corrupción neoliberal.
Sin embargo, si bien predomina una actitud crítica y consciente, los “chilangos” también somos víctimas de sectarismos y desconfianzas propios de la vida urbana que debilitan nuestra capacidad de acción colectiva. La intensidad de la vida profesional, personal y escolar también obstaculiza la coordinación de esfuerzos. En lugar de caminar juntos a favor de una meta común, la dinámica de la vida en el Distrito Federal empuja a los capitalinos hacia la multiplicación de nuevas iniciativas, muchas relevantes e importantes pero sin articulación alguna entre sí.
La construcción de una Constitución para la Ciudad de México ayudaría enormemente a superar estos problemas de desarticulación y desconfianza. En este proyecto podrían confluir fácilmente radicales y moderados, organizaciones populares y organizaciones civiles, militantes de Morena y “anulistas”, líderes estudiantiles y sindicalistas, jóvenes y personas de la tercera edad, trabajadores informales y formales, tuiteros y facebookeros. Si el proceso se abriera auténticamente a la participación de la población en su conjunto, se podría generar un pequeño laboratorio para un eventual nuevo constituyente también a nivel federal.
La población mexicana reclama y demanda nuevas oportunidades para la participación democrática. Frente al derrumbe de la confianza ciudadana en las instituciones realmente existentes urge iniciar procesos de articulación social y política para ir reconstruyendo nuestra capacidad de soñar y actuar juntos.
Ello es el contexto para la trágica decisión del Senado de la República de cerrar al máximo el proceso de elaboración de la Constitución de la Ciudad de México. De acuerdo con la versión aprobada, hoy en espera de su análisis y votación en la Cámara de Diputados, 40 de los 100 integrantes del Congreso Constituyente serían elegidos por los partidos del Pacto por México, incluyendo 28 legisladores federales en funciones y 12 nombrados por “dedazo” por Enrique Peña Nieto y Mancera. Los otros 60 serían electos por la población, pero sin un verdadero proceso de auscultación, debate y participación ciudadana o garantías con respecto a la representatividad de la diversidad de los sectores e intereses sociales en la capital.
El objetivo político es claro. Se busca evitar a toda costa que el nuevo constituyente en el Distrito Federal rompa con las arraigadas prácticas de simulación institucional y exclusión ciudadana consolidadas dentro del marco del Pacto por México. Peña Nieto y Mancera saben perfectamente bien que un proceso verdaderamente democrático podría destapar un amplio proceso de esperanza y acción ciudadana en todo el país, similar a lo que ocurrió con la Convención de Aguascalientes de 1914.
Los capitalinos merecemos más y el país merece mejor. En lugar de utilizar el nuevo constituyente para consolidar la simulación autoritaria y traicionar a los capitalinos, habría que aprovechar este proceso histórico para resucitar y regenerar la esperanza ciudadana.
Twitter: @JohnMAckerman
Publicado en Revista Proceso No. 2009
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