Las letras pequeñas de la Reforma migratoria en Estados Unidos
Por Adazahira Chávez
Gran cantidad de migrantes sin papeles no podrán cumplir con los requisitos de la nueva reforma migratoria estadunidense; además, las condiciones que plantea provocarán “muertes de migrantes en la frontera y legalizarán la esclavitud moderna con el programa de empleo temporal”, considera Marta Sánchez, del Movimiento Migrante Mesoamericano.
La activista advierte que no se conocen aún todos los detalles de la propuesta para poder hacer un análisis a fondo, pero que tiene como punto positivo la posibilidad de reunir a los deportados con sus familiares que se quedaron en Estados Unidos. Sin embargo, la visión sobre la migración permanece igual que en anteriores leyes: beneficiarse de la mano de obra extranjera empobrecida.
La propuesta de reforma migratoria es llamada “Acta para la Seguridad Fronteriza, la Oportunidad Económica y la Modernización de la Inmigración de 2013″, y fue elaborada por un grupo de ocho senadores, tanto del Partido Republicano como del Demócrata. La última reforma de esta envergadura fue en 1986, cuando el entonces presidente Ronald Reagan dio una amnistía a tres millones de personas sin papeles.
El contenido y los requisitos
La reforma busca legalizar a migrantes indocumentados que cumplan ciertos requisitos, garantizar la seguridad fronteriza y cambiar la calidad de la migración, señalan sus promotores. Para esto último, se ampliará el número de visas a estudiantes graduados y a trabajadores cualificados, y se establecerá un programa de trabajo temporal como el que existió con México hace algunas décadas.
Los promotores de la reforma calculan la legalización de cerca de 11 millones de migrantes indocumentados, a quienes se les daría un estatuto provisional de inmigrante registrado. Sin embargo, los requisitos que exige para que la persona tenga posibilidad de legalizarse “serán una barrera para muchísimos”, afirma Marta Sánchez, del Movimiento Migrante Mesoamericano.
Los migrantes sin documentos que busquen acogerse a esta acta deberán haber entrado a los Estados Unidos antes del 31 de diciembre de 2011, pagar una multa de mil dólares, pasar exámenes de civismo e inglés, estar al corriente en el pago de impuestos y no tener historial delictivo. Esto último, plantea Marta Sánchez, impedirá a muchos legalizarse porque lo que antes eran simples faltas –como acumular tres infracciones de tráfico o una deportación-, con la reforma del expresidente Bill Clinton, en 1996, ahora tienen un corte criminal.
Después de diez años de estar con el estatus de inmigrante provisional –sin cometer delitos-, las personas podrán optar a la tarjeta de residente definitivo conocida como green card. Marta Sánchez relata que en situaciones similares (cuando se acaban las visas permitidas anualmente y la gente queda “en la cola” por hasta 12 años), no falta que se cometa alguna falta de las que se consideran “criminales” y el inmigrante pierda su derecho.
Además, los aspirantes tendrán que demostrar una presencia continua en los Estados Unidos desde diciembre de 2011. Con anteriores leyes, “eso quiere decir que si se les enferma un pariente en su país, no podrán ir a verlo”, señala Sánchez.
“Hay un punto bueno que escuchamos sobre la reforma, pero como no se ha dado a conocer no sabemos si es cierto: que los deportados que tienen parientes en los Estados Unidos podrán regresar. Depende de las condiciones que se pongan, pero sería maravilloso si es así”, señala la activista.
El Movimiento Migrante Mesoamericano –que apoya a los migrantes en tránsito y a los que se encuentran ya en Estados Unidos- desarrolla una campaña de reunificación familiar porque el problema de la división de las familias “es grave”. En la campaña, niños que nacieron en Estados Unidos pero que viven en México porque uno de sus padres fue deportado y el otro se quedó, enviarán cartas al presidente estadunidense Barack Obama y asistirán al capitolio, en Washington, para pedir la reunificación familiar “que es un derecho humano”, puntualiza Sánchez.
Moneda de cambio: “Seguridad” y esclavitud moderna
Para aprobar la reforma, los sectores más conservadores pusieron dos condiciones: que se estableciera la seguridad fronteriza como condición y que se establecieran programas de trabajo temporal. El gobierno estará obligado a capturar al 90 por ciento de los migrantes que crucen ilegalmente la frontera.
Se destinarán cuatro mil 500 millones de dólares para seguridad fronteriza y 3 mil 500 agentes más para sellar la frontera, y eso “no son buenas noticias”. En la propuesta “todo se condiciona a la seguridad en la frontera y ya sabemos lo que eso quiere decir: muertes de migrantes y punto. Nadie puede asegurar la frontera y nadie puede parar la migración”, advierte Marta Sánchez.
Entre las medidas para cambiar la calidad de la migración, otro de los objetivos de la reforma, se encuentra el programa de trabajo temporal en Estados Unidos, reglamentado por convenios con las compañías agrícolas y los reclutadores. “Eso está comprobado, tanto en Estados Unidos como en Canadá, que es la esclavitud moderna, porque el trabajador no puede cambiar de patrón, vive en condiciones deplorables y no tiene ninguna forma de defender sus derechos laborales, sociales o políticos”, señala Sánchez.
La activista señala que es muy atractivo para los Estados Unidos contratar migrantes por seis meses y que luego de ello, vuelvan a sus países. Este fenómeno de migración circular, que antes se daba de manera natural -porque los migrantes regresaban a sus países a pasar las temporadas de trabajo escaso con sus familias y no estaban condicionados a ningún patrón-, se interrumpió cuando se apretó la seguridad en la frontera y los migrantes optaron por permanecer en Estados Unidos. Esto tuvo como resultado, señala Sánchez, millones de familias que se quedaron sin un jefe o jefa de familia.
Qué hay detrás
La reforma no cambia la visión de los Estados Unidos, que subsisten gracias a la mano de obra de los extranjeros y a la explotación de otros países, explica Marta Sánchez, del Movimiento Migrante Mesoamericano: “Los empobrecen y a la vez se benefician de las mano de obra que expulsan”.
“No se convirtieron en humanistas liberales, su visión imperialista subsiste, pero están tratando de que el electorado latino no los odie y vote contra ellos”, señala la activista. La otra motivación viene de que las dimensiones de la migración ilegal y de la separación de familias son enormes, y hay movimientos a ambos lados de la frontera defendiendo a los migrantes. “La presión social y de la opinión pública nacional e internacional tienen mucho que ver en que acepten una reforma, con las movilizaciones iniciadas en 2006 y que siguen hasta ahora”, valora Sánchez.
Las organizaciones de defensa de migrantes no conocieron el contenido de la propuesta: “todavía nos falta conocerla para poder opinar con detalles; no hay un lobby latino establecido y eso es una desventaja”, señala.
Un nuevo modelo
Sánchez considera que para que la reforma migratoria pueda ser benéfica, los requisitos deben estar al alcance de la gente pobre de cualquier país. “En este momento, los requisitos no lo permitirán: el costo creciente de las multas; la necesidad de ‘buen carácter moral’, que en la anterior ley comprendía no tener historia criminal, de lucha social o de pertenencia a partidos comunistas; y las fechas de permanencia continua”.
“La migración no la solucionan las leyes, que lo que hacen es regular y administrar el tráfico de migrantes; resuelven el problema de quienes logran regularizarse y obtienen así mayor tranquilidad, pero el problema está en la situación económica de los pueblos y en la diáspora tan grande, que produce el impulso de reunirse con los parientes para tener una familia estable en algún lugar”, aclara la luchadora social.
El Movimiento Migrante Mexicano tiene como consigna, en primer lugar, exigir que paren las deportaciones (cerca de mil diarias) para demostrar que hay buena voluntad para regularizar, y que México ponga atención a los centenares de miles de niños que regresaron de Estados Unidos siguiendo a sus padres deportados; se calcula que tan sólo en Michoacán hay 200 mil menores en esta condición. Estos infantes viven en condiciones precarias porque al llegar a su país, los padres no tienen trabajo, sufren bullying y no hay programas de inserción social.
La solución está, finaliza Sánchez, en establecer modelos económicos que no expulsen a los habitantes y que no necesiten de esclavos para sobrevivir.
Fuente:Desinformemonos.org
