Por Luis Javier Valero Flores
(“Cuestiones de salud”)
Vaya que sí cambiaron los vientos en Chihuahua. En los últimos días, –y ahí es en donde se aprecia la importancia de la defenestración de Gabriel Sepúlveda de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia– distintos jueces determinaron reabrir, por los menos, dos procesos en contra, uno, de Carlos Hermosillo, quien formaba parte del círculo de los colaboradores más cercanos al ex gobernador César Duarte y, dos, en contra del ex mandatario y de su secretario de Hacienda, Jaime Herrera.
A la sesión en la que un juez determinó reabrir el segundo de los procesos, los demandados, de acuerdo a la versión de sus defensores, no pudieron asistir, debido a “cuestiones de salud”. (Nota de Patricia Mayorga, El Diario de Chihuahua, 14/XII/16).
Y es que en los últimos días del gobierno de Duarte, la Fiscalía General del Estado (FGE) resolvió no ejercer acción penal en contra de Duarte y Herrera, de acuerdo a la denuncia presentada en su contra por Joaquín Medina Rosales, del Congreso Nacional Ciudadano, por peculado y enriquecimiento ilícito.
Bueno, pues la misma dependencia, la FGE, ahora en manos completamente distintas, ha solicitado a un juez de Garantía revocar aquella petición para reabrir la investigación. La petición del no ejercicio de la acción penal la había realizado el entonces fiscal de la Zona Centro, Sergio Almaraz.
La denuncia va al centro de la discusión política en Chihuahua: Pide que se investiguen “los depósitos que hizo el Gobierno estatal al Banco Unión Progreso o Banco Progreso de Chihuahua, así como del Fideicomiso de 65 millones de pesos depositado por el exgobernador y su esposa César Duarte, en el mismo banco”. (Ibídem).
Además, exigen investigar el patrimonio de ambos ex funcionarios, “antes y durante su gestión, así como de las personas cercanas a éstos”.
La defensa de César Duarte adujo que es “subjetiva la investigación”, pues se señalan, dicen, bienes obtenidos cuando era empresario, “como si fueran enriquecimiento ilícito en su periodo como gobernador”.
A diferencia de Duarte y Herrera, y con toda seguridad porque posee fuero, el ahora diputado federal, Carlos Hermosillo, sí acudió a la audiencia en la que un juez decidió reabrir la investigación en su contra por los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito en la pasada administración estatal, en ella se desempeñó como director del Fideicomiso Estatal para el Fomento de Actividades Productivas de Gobierno del Estado (Fidapech), director general de Administración de la Secretaría de Hacienda y como presidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento, cargo al que renunció para competir como candidato a la diputación federal de Parral por el PRI.
En este caso, la denuncia fue presentada por el ex alcalde parralense, postulado por el PAN, Gustavo Villareal y por José Luévano, cuando éste se desempeñaba como secretario General del Comité Estatal del PAN y que ahora es el secretario Particular del gobernador Corral.
No tiene desperdicio lo realizado en la administración estatal anterior, dictaron el no ejercicio de la acción penal en contra de los funcionarios el sábado 1 de octubre, a escasas 48 horas del término de su gestión y en fin de semana y sin notificarle a los denunciantes de ese hecho, lo que abrió la puerta para que el juez determinara reabrir el caso.
A Hermosillo le achacan, en esta denuncia, haber adquirido propiedades con valor cercano a los 14 millones de pesos, sin que acreditara los ingresos lícitos que le permitieran tal enriquecimiento. La denuncia precisa que él y su esposa “adquirieron propiedades por 13 millones 973 mil 883 pesos” entre 2011 y 2013.
Así, en muy pocos días se aprecian las consecuencias del cambio en la dirigencia del Poder Judicial del Estado, hecho que concitó, además del muy extendido reconocimiento ciudadano, algunas críticas por el modo en que se realizó y que, al entrar en esta fase de los procesos judiciales en contra de los ex funcionarios, será sometida a verdaderas de fuego pues los acusados acudirán, sin duda, al Poder Judicial de la Federación y éste determinará, en muchos de los casos, si se apegaron a Derecho las resoluciones que ahora empezarán a tomar en el ámbito local.
Y aún faltan las resoluciones en relación a la denuncia de Jaime García Chávez.
Señores, esto apenas empieza.
